Las 11 reformas claves para los primeros 100 días del próximo Gobierno: política fiscal, salud y educación, la prioridad
Valor Público de Eafit presentó once agendas prioritarias para el próximo gobierno colombiano, planteando soluciones estructurales en economía, salud y seguridad en los 100 primeros días.
Editor de Economía. Ha trabajado en El Tiempo y Portafolio y cubierto temas macroeconómicos, empresariales y reformas. Premio Analdex 2020. Comunicador Social - Periodista de la Universidad Los Libertadores.
Valor Público, el centro de estudios e incidencia en asuntos públicos de la de la Universidad Eafit, presentó su hoja de ruta para el próximo gobierno de Colombia. Se trata de 11 agendas sobre problemas claves del país, como el déficit fiscal histórico, el futuro de la salud, cómo emplear a más colombianos en la formalidad y una estrategia para atacar los duros problemas de seguridad.
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Según Alejandro Torres, profesor de la Universidad Eafit e investigador de Valor Público, los primeros 100 días representan el momento de mayor capital político, donde el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo es más fluido para impulsar reformas estructurales.
Según el experto, se trata de la ventana crítica en la que el nuevo gobierno debe traducir compromisos programáticos en una visión de país tangible. Torres advierte que el éxito de la agenda propuesta dependerá de nombrar expertos con conocimiento suficiente de la realidad nacional, que pasen rápido del diagnóstico a la solución; en sus palabras, “personas que lleguen a aprender nos van a costar demasiado”.
La propuesta de las 11 agendas se organiza bajo una jerarquía de prioridades que Torres divide en tres grandes bloques. El primero se centra en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, fundamentada en la política fiscal y la descentralización efectiva, pues nada puede dar resultados sin estos pilares.
El segundo bloque aborda sectores con situaciones de urgencia crítica como la salud, la energía y el agro. Finalmente, el tercer bloque potencia los motores de desarrollo económico y social, incluyendo el emprendimiento, la formación empresarial, el empleo y la seguridad.
Respecto a la viabilidad de estas metas, Torres señala que el reto más grande no es solo la gestión, sino la evidencia de que el gobierno entrante llegará con una deuda pública que lo va a maniatar y condicionar en la materialización de sus planes.
El país enfrenta un escenario de alta presión fiscal donde la sostenibilidad dependerá de generar superávits primarios y restablecer la credibilidad de la regla fiscal. Adicionalmente, el profesor enfatiza que la capacidad de negociación política será vital ante un Congreso que ejercerá resistencia.
Torres advierte que un gobierno de continuidad podría agudizar los problemas al no reconocer como tales el déficit estructural o la inseguridad. Por el contrario, si llega un gobierno de oposición, el cambio real será difícil en el corto plazo debido a la necesidad de atender las urgencias inmediatas heredadas de la administración anterior, exigiendo una estrategia de ajuste que combine realismo macrofiscal y fortalecimiento institucional. ¿Cuáles son las 11 propuestas?
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1. El reto de corregir un déficit estructural
El país enfrenta una transición crítica: de déficits cíclicos a un desbalance estructural que amenaza la estabilidad macroeconómica. La deuda pública y la carga de intereses, influenciadas por choques externos y la pandemia, exigen una hoja de ruta de 100 días centrada en recuperar la credibilidad. El diagnóstico es claro: el país no corregirá este desequilibrio solo con crecimiento económico; requiere ajustes deliberados para generar superávits primarios. La propuesta incluye reafirmar el compromiso con la regla fiscal y revisar el Presupuesto General de la Nación bajo cálculos prudentes que no generen reparos en el Comité de Regla Fiscal. A mediano plazo, se sugiere crear una Comisión Independiente de Revisión del Gasto Público con un mandato de 12 meses para identificar ineficiencias y duplicidades. El objetivo final es transitar hacia una política orientada a resultados, integrando planeación y presupuesto para garantizar la sostenibilidad financiera.
2. Incentivos reales para la descentralización
El modelo municipalista actual impide respuestas conjuntas ante problemas regionales, condenando a localidades con pocos recursos a soluciones aisladas. La propuesta de Valor Público busca transformar la descentralización formal en una efectiva, utilizando como referencia el modelo asociativo de Antioquia y experiencias internacionales como la de Francia. El plan de 100 días prioriza la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024 para incluir esquemas asociativos (EAT) como receptores del Sistema General de Participaciones (SGP). Se plantea un sistema de incentivos fiscales escalonados que premie la integración funcional y no solo la existencia de “asociaciones de papel”. En Francia, el financiamiento depende de un Coeficiente de Integración Fiscal; en Colombia, se propone que el SGP asigne un porcentaje adicional a los EAT que demuestren ejecución conjunta real y mejoras en indicadores sectoriales verificables, evitando el gasto corriente ineficiente visto en casos como el italiano.
3. Diez reformas para recuperar la seguridad
La agenda de seguridad para los primeros 100 días se centra en desmantelar la industria criminal y fortalecer la presencia del Estado. El pilar principal es la creación de un Ministerio de Seguridad y Justicia que absorba la cartera actual y centralice la Policía, el INPEC y la política criminal. Entre las cifras y medidas de choque, se propone escalar la aspersión con drones en cultivos de coca y establecer un monopolio estatal sobre la comercialización del oro para asfixiar economías ilegales. Asimismo, se plantea la legalización del cannabis recreativo con un recaudo distribuido 50/50 entre prevención y seguridad. Para el sistema penitenciario, se sugiere un plan de deshacinamiento mediante la construcción de cárceles bajo esquemas de APP con incentivos por reducción de reincidencia. Finalmente, la estrategia incluye una reforma penal para fortalecer la persecución de aparatos organizados de poder y la investigación patrimonial estratégica.
4. Una autoridad de datos para transformar el agro
La política agropecuaria colombiana opera hoy a ciegas, con información fragmentada y sin una entidad que coordine la interoperabilidad de datos. Se propone crear, bajo el liderazgo de Planeación Nacional, una autoridad permanente de gobernanza de datos agroalimentarios que fije estándares de calidad e intercambio entre entidades. La acción inmediata de 100 días es expedir un mandato presidencial de interoperabilidad sectorial que obligue a compartir registros bajo un cronograma verificable. Paralelamente, se debe consolidar el Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA) para identificar con precisión quién produce y bajo qué condiciones de tenencia. Esta arquitectura institucional no busca crear más burocracia, sino dar escala a pilotos exitosos y registros como el Sisbén, permitiendo que el financiamiento rural y la asistencia técnica lleguen de manera efectiva a los productores, basándose en una infraestructura pública de información integrada y auditable.
5. Cinco principios para un sistema de salud basado en valor
El diseño del sistema de salud futuro en Colombia debe fundamentarse en la generación de valor y la alineación de incentivos para garantizar una prestación efectiva. La propuesta mantiene la viabilidad de un aseguramiento privado con EPS sólidas bajo supervisión extensiva, aunque sugiere evaluar alternativas como redes integrales con gobiernos corporativos propios. Una prioridad económica es desplazar la contratación por eventos hacia esquemas de atención médica basada en el valor, donde los logros en indicadores de salud definan la participación de los agentes en las rentas del sistema. Para ello, el avance en el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) será un factor decisivo. Asimismo, se observa urgente establecer una referencia tarifaria actualizada técnicamente que reduzca los altos costos de transacción y la inestabilidad en las negociaciones entre pagadores y prestadores. En términos de financiación, el sistema podría sostenerse mediante contribuciones, aportes del gobierno central para planes subsidiados y el Sistema General de Participaciones (SGP) para la Atención Básica en Salud (ABS), la cual debe ser la primera capa de prevención y seguimiento. La sostenibilidad depende de estudios actuariales precisos para determinar el valor de la UPC, explorando incluso valoraciones por condición de riesgo para mitigar problemas de selección adversa. Finalmente, se propone un sistema de información interoperable que sustente la historia clínica única.
6. Frenar el rezago educativo en lenguaje y matemáticas
El panorama educativo colombiano es crítico: más de la mitad de los estudiantes de primaria y secundaria no logran niveles satisfactorios en competencias básicas de lenguaje y matemáticas. Este rezago acumulado castiga la movilidad social y la empleabilidad, encareciendo las soluciones futuras. El plan de choque para los primeros 100 días se sustenta en priorizar lo esencial, garantizando que los niños consoliden habilidades fundamentales antes de avanzar. La estrategia de “actuar temprano” busca intervenir donde el rezago comienza, optimizando el impacto de la inversión pública. Un pilar central es el fortalecimiento de la capacidad institucional en escuelas con mayores brechas, que actualmente carecen de herramientas pedagógicas estructuradas y acompañamiento técnico. Se propone la implementación de un currículo mínimo y la expansión de programas eficaces, iniciando incluso planes piloto en zonas vulnerables. Para corregir la fragmentación y discontinuidad del sistema, será imperativo consolidar un sistema nacional de información educativa continuo y accionable. Esto incluye asegurar la continuidad de las pruebas Saber y crear un tablero público de seguimiento para las instituciones. La política pública deberá actuar simultáneamente sobre las causas estructurales y en los contextos de rezago profundo, utilizando evidencia para ajustar decisiones y rendir cuentas sobre el retorno de la inversión. Sin estas medidas, la credibilidad del sistema educativo y la competitividad económica del país seguirán deteriorándose, ampliando las brechas de desigualdad existentes.
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7. Transición energética sin arriesgar soberanía nacional
Para Valor Público, la prioridad de la agenda energética es asegurar la confiabilidad del sistema y enviar señales claras para la inversión. La transición hacia una economía baja en carbono no debe debilitar prematuramente la seguridad energética; por ello, se propone retomar la exploración y explotación de hidrocarburos. Este enfoque técnicamente robusto busca evitar que la incertidumbre regulatoria eleve las primas de riesgo soberano. En el corto plazo, el plan de choque exige mitigar riesgos de racionamiento mediante un sistema de ahorro y el aumento de la disponibilidad de energía, especialmente ante condiciones climáticas adversas. Financieramente, es urgente sanear la caja del sistema, resolviendo deudas acumuladas y asegurando la liquidez de los comercializadores para evitar un colapso financiero. En paralelo, el gobierno debe impulsar la infraestructura de transmisión y la digitalización, convirtiendo a las comunidades energéticas en actores de sofisticación productiva y no solo de consumo básico. Una propuesta innovadora consiste en evaluar la incorporación de pequeños reactores modulares (SMR) como una alternativa de generación firme y limpia, aprovechando alianzas internacionales. La gestión de la demanda también requiere fortalecer la institucionalidad del sector, integrando planeación y presupuesto con un enfoque orientado a resultados medibles. En concreto, se propone que la política energética equilibre la descarbonización con la sostenibilidad fiscal, garantizando que el país recupere solvencia y confianza ante inversionistas globales.
8. Tres decisiones urgentes para el clima
Los primeros 100 días son la ventana más estrecha para impulsar “Transformaciones para la Vida”, el compromiso climático más ambicioso del país. Colombia hereda metas claras pero carece de la arquitectura institucional y financiera para implementarlas. Se proponen tres acciones inmediatas: crear la Comisión de Alto Nivel de Finanzas Climáticas (CANFC) con secretaría en Planeación Nacional, iniciar negociaciones de canje de deuda por naturaleza y expedir el Reglamento Nacional de Mercado de Carbono. Este reglamento es vital para activar el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (RENARE) y los resultados de mitigación transferibles. Según Valor Público, la financiación climática no es ideología, sino la condición de posibilidad de la agenda de desarrollo nacional en la próxima década. El gobierno debe apropiarse de esta plataforma de continuidad de Estado, construida con la academia y cooperación internacional, para asegurar la liquidez y sostenibilidad ambiental.
9. Redistribuir el trabajo doméstico en el país
El Sistema Nacional de Cuidado debe trascender la construcción de infraestructura y atacar la raíz cultural que asigna esta carga exclusivamente a las mujeres. En los primeros 100 días, se propone crear un equipo de inteligencia operativa para mapear brechas reales en municipios priorizados, especialmente en ruralidad dispersa. El modelo de “Granjas del Cuidado” de Antioquia se presenta como un piloto para articular servicios de respiro, seguridad alimentaria y autonomía económica en zonas PDET. En el sector privado, el Ministerio del Trabajo debe exigir lineamientos de monitoreo sobre la fuerza laboral cuidadora y diseñar incentivos tributarios que compensen los costos de infraestructura de cuidado en empresas. El éxito no se medirá por cuántas mujeres acceden a servicios, sino por la reducción efectiva de sus tiempos de cuidado y su reincorporación al mercado laboral formal en un plazo de 12 meses.
10. Revisar el salario mínimo para frenar informalidad
Colombia enfrenta un mercado laboral dominado por el trabajo cuenta propia y una informalidad que alcanza el 84% en microempresas. La agenda propone revisar la Ley 278 de 1996 para que la negociación del salario mínimo incluya variables de informalidad y mecanismos de concertación más técnicos, limitando la discrecionalidad del gobierno ante fallidas negociaciones. Para fomentar la formalidad, se sugiere permitir que trabajadores con ingresos inferiores al mínimo coticen a seguridad social según su ingreso real, eliminando la barrera del ingreso base de cotización de un salario completo. Adicionalmente, se plantea reducir un punto porcentual la cotización en salud para jóvenes de 15 a 28 años, una medida permanente y fácil de aplicar para los empresarios que reduce costos de contratación. El objetivo es crear una “escalera de formalización” basada en la productividad, donde el registro sea un beneficio económico y no solo una carga estatal.
11. Pasaporte de innovación para capital inteligente
El régimen migratorio colombiano es un obstáculo para el talento global, al basarse en inversión física y no en transferencia tecnológica. La propuesta estrella es el “Pasaporte de Innovación de Alto Impacto”, un canal fast-track para emprendedores y gestores de fondos que sustituye el requisito de capital mínimo por méritos del proyecto. Para dinamizar el ecosistema, se plantea un programa nacional de fortalecimiento de gestores de capital emprendedor con recursos no reembolsables para cubrir costos operativos iniciales. También se busca corregir el sesgo regulatorio que impide a los fondos de pensiones invertir en etapas tempranas, mediante reglas de safe harbor. Finalmente, se propone simplificar el cierre de empresas inactivas a través de un procedimiento digital, reduciendo el “miedo al fracaso” y permitiendo que los recursos se reasignen a actividades más productivas, tratando a las startups de software según sus activos intangibles.