Consejo Gremial pide suspender el impuesto al patrimonio para evitar que “miles de empresas terminen quebrando”
Empresarios advierten que impuesto al patrimonio pondría en riesgo más de 3 millones de empleos y obligaría a empresas a endeudarse o frenar inversiones.
Comunicador Social y Periodista. Reportero en las regiones. Escribo sobre microeconomía y macroeconomía. Disfruto el café, la cerveza artesanal y el rock.
Falta tan solo una semana para que las empresas tengan que pagar ante la Dian el impuesto al patrimonio que estableció el Gobierno Nacional, tras decretar una emergencia económica para conseguir recursos y atender los desastres de la ola invernal. Sin embargo, desde el sector empresarial se vaticina que el nuevo gravamen ocasionará un deterioro económico “sin precedentes”.
Así lo explicó la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez. A través de su cuenta en X, la dirigente gremial afirmó que, de mantenerse el tributo para personas jurídicas contemplado en el Decreto Legislativo 173 de 2026, “miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”.
En su concepto, esto afectará las cajas de las compañías porque el tributo no responde a un recaudo eficiente, sino que representa un intento de “asfixiar al tejido productivo”.
Gutiérrez sostuvo que gravar el patrimonio corporativo castiga directamente a las empresas por haber invertido en el país, afectando especialmente a un sector que genera más de 3 millones de empleos formales.
En ese sentido, la presidenta reiteró el llamado a la Corte Constitucional a suspender de manera urgente la medida para evitar efectos que calificó como “perjuicios irremediables” sobre el aparato productivo del país.
¿Qué efectos inmediatos tendría el impuesto en las empresas?
Según la líder gremial, el impacto sería inmediato en tres frentes clave de la operación empresarial. En primer lugar, señaló que se produciría una presión sobre la caja de las compañías al exigir liquidez en el corto plazo, lo que compromete su funcionamiento diario.
En segundo lugar, explicó que las empresas se verían obligadas a asumir endeudamiento costoso únicamente para cumplir con sus obligaciones tributarias ante la Dian. Finalmente, advirtió que la medida frenaría de forma abrupta la inversión, un componente que calificó como crítico para la economía nacional.
Le puede gustar: Anif proyecta que nuevo impuesto al patrimonio recaudaría $6,3 billones para la emergencia económica
Además, cuestionó que el impuesto grave el patrimonio y no las utilidades reales, lo que llevaría a que algunas empresas deban pagar tributos incluso en escenarios de pérdidas económicas. “La presión es imposible de asumir”, enfatizó.
¿Quiénes pagan el nuevo impuesto al patrimonio empresarial?
Cabe destacar que este nuevo impuesto para 2026 se fijará con una tarifa general del 0,5% para todas las empresas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT. El patrimonio líquido corresponde al patrimonio total menos las deudas.
En valores actuales, 200.000 UVT equivalen aproximadamente a $10.474 millones, teniendo en cuenta que la Unidad de Valor Tributario ronda los $52.370. Solo las empresas que superen ese umbral comenzarán a tributar.
Además, se estableció una tarifa diferencial de 1,6% para el sector financiero y para las actividades de extracción de carbón y petróleo.
¿Hay cuestionamientos legales y constitucionales?
Gutiérrez también planteó reparos jurídicos al decreto, al considerar que vulnera los principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución. Criticó, en particular, la tarifa del 1,6% aplicada a sectores como el financiero y extractivo, que calificó como superior a la general y perjudicial para la inversión.
En ese contexto, solicitó a la Corte Constitucional revisar de manera urgente la medida y suspender el Decreto 173. “Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”, afirmó.
¿Qué contexto fiscal rodea la medida?
La dirigente gremial enmarcó su crítica en la situación fiscal del país. Recordó que en 2025 el déficit primario alcanzó el 3,5% del PIB y que para 2026 el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima un faltante de 32,1 billones de pesos.
A su juicio, el impuesto funciona como un mecanismo para cubrir un hueco fiscal generado por el propio Gobierno. Señaló que se estaría utilizando la emergencia climática como justificación para recaudar cerca de 16,3 billones de pesos, sin haber agotado previamente medidas de austeridad.
También cuestionó el crecimiento del gasto público, que, según indicó, supera en 2,6 puntos del PIB los niveles previos a la pandemia, sin que esto se traduzca en mejores resultados económicos.
Uno de los puntos más críticos, según Gutiérrez, es el calendario de pagos del impuesto. El primer desembolso, equivalente al 50% del total, vence el 1 de abril, lo que deja a las empresas con menos de diez días para conseguir los recursos.
Esta situación, explicó, obliga a las compañías a tomar decisiones complejas entre asumir deuda a altos costos o recortar inversión y empleo, lo que podría agravar el panorama económico.