Superservicios ordena a Vanti reajustar tarifas de gas y devolver plata a los usuarios
Según la Superservicios, los incrementos de hasta 35% en las tarifas que cobraron a usuarios fueron injustificados, puesto que “la empresa contaba con reservas suficientes de gas nacional para suplir la demanda”.
Periodista de economía y negocios. Egresada de la gloriosa Universidad de Antioquia.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le ordenó a la empresa Vanti hacer un ajuste en las tarifas de gas natural y devolver a los usuarios el 100% de los valores excesivos que se cobraron.
Los cambios que deberá poner en marcha aplican para los consumos de diciembre de 2024 facturados en enero de 2025. Y la devolución o compensación se deberá hacer a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
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La Superservicios emitió esta resolución tras determinar que los aumentos en las tarifas de gas natural residencial —del 4,95% en enero y del 35,5% en febrero— no estaban justificados, ya que “la empresa contaba con reservas suficientes de gas natural nacional para cubrir la demanda esencial”.
Indicó que, tras revisar la facturación y la información comercial reportada, y mediante un contrato con Ecopetrol, Vanti disponía de suficiente gas, pero decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial.
“Como el gas importado tiene un costo más alto, este argumento le permitió a Vanti aumentar las tarifas cobradas a las familias y demás usuarios del servicio”, señaló la entidad.
Esta conducta añadió, viola la regulación tarifaria establecida en la Resolución CREG 137 de 2013, y representa un incumplimiento del deber de prestar un servicio público eficiente, lo que afecta a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
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Esta es la primera vez que la Superintendencia aplica la figura del programa de gestión, la cual está vigente desde 2015 y que se toma sin perjuicio de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que haya lugar.
Por esta razón, en la resolución se ordena iniciar el proceso sancionatorio y de remitir copias a los entes de control, a la Superindustria y a la Fiscalía General de la Nación.
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