Superservicios ordena a Vanti reajustar tarifas de gas y devolver plata a los usuarios
Según la Superservicios, los incrementos de hasta 35% en las tarifas que cobraron a usuarios fueron injustificados, puesto que “la empresa contaba con reservas suficientes de gas nacional para suplir la demanda”.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le ordenó a la empresa Vanti hacer un ajuste en las tarifas de gas natural y devolver a los usuarios el 100% de los valores excesivos que se cobraron.
Los cambios que deberá poner en marcha aplican para los consumos de diciembre de 2024 facturados en enero de 2025. Y la devolución o compensación se deberá hacer a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
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La Superservicios emitió esta resolución tras determinar que los aumentos en las tarifas de gas natural residencial —del 4,95% en enero y del 35,5% en febrero— no estaban justificados, ya que “la empresa contaba con reservas suficientes de gas natural nacional para cubrir la demanda esencial”.
Indicó que, tras revisar la facturación y la información comercial reportada, y mediante un contrato con Ecopetrol, Vanti disponía de suficiente gas, pero decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial.
“Como el gas importado tiene un costo más alto, este argumento le permitió a Vanti aumentar las tarifas cobradas a las familias y demás usuarios del servicio”, señaló la entidad.
Esta conducta añadió, viola la regulación tarifaria establecida en la Resolución CREG 137 de 2013, y representa un incumplimiento del deber de prestar un servicio público eficiente, lo que afecta a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
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Esta es la primera vez que la Superintendencia aplica la figura del programa de gestión, la cual está vigente desde 2015 y que se toma sin perjuicio de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que haya lugar.
Por esta razón, en la resolución se ordena iniciar el proceso sancionatorio y de remitir copias a los entes de control, a la Superindustria y a la Fiscalía General de la Nación.
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