EL TRANSPORTE ES UN SERVICIO PÚBLICO
El pueblo estaba calmado y Pedro encontró a sus viejos amigos en la plaza. Eran cuatro con “el tuerto” Ramírez, apenas para formar la mesa y jugar a las cartas.
Pedro empezó a perder su dinero y se dio cuenta de que uno estaba haciendo trampas. Vio cómo arrastraba dos veces y guardaba las cartas que le sobraban entre sus piernas. Sin dirigirse a nadie directamente dijo muy serio:
--Si sigo perdiendo mi plata es porque alguno de ustedes está haciendo trampa y estoy que le saco el otro ojo.
En eso de enviarle al expresidente Uribe Vélez una invitación a participar en los diálogos de paz en La Habana, cuando ya todo está acordado, estoy de acuerdo con el senador y expresidente en que era una trampa para comprometerlo en un proceso, cuando todos sabemos, la posición la ha abanderado Uribe Vélez. Agradezco a mi amigo Guillermo Saldarriaga este cuento, pero hoy quiero apoyar al gobierno en sus estrategias para controlar el “paro camionero”.
Como demócrata defiendo el derecho a protestar, a marchar y a exigir nuestros derechos, pero no estoy de acuerdo en atropellar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como son los del transporte, de utilizar las vías públicas para el mercadeo y traslado de sus productos.
Nadie está obligado a trabajar si quiere parar, respetamos el derecho a la huelga, pero no podemos obstaculizar las vías y dañar los vehículos de quienes quieran trabajar. Tampoco podemos perjudicar a los campesinos productores de perecederos cuyas mercancías se pierden por falta de transporte, ni a los consumidores que necesitan los productos en los mercados. Los suplementos médicos, medicinas, alimentos cárnicos y lácteos. Combustibles, herramientas y en fin, todo lo que se necesite transportar.
No olvidemos que el transporte es un servicio público que el Gobierno tiene que prestar por sí mismo o delegando esa función en particulares. Las leyes le dan poder al Estado para expropiar los vehículos particulares con indemnización y prestar el servicio con personal oficial y también se podría confiscar los bienes que ameriten el proceso para prestar el servicio.
Se podría nacionalizar el transporte de carga con los vehículos decomisados y conformar una gran empresa que garantice el buen servicio por todas las carreteras y pagarles las tractomulas y camiones a sus propietarios con acciones de esa empresa público-privada, para que dejen trabajar.
ÑAPA. En la publicación de mi columna el sábado 2 de julio: “Revive Nuestro Ferrocarril”, en la edición virtual de comentarios al artículo, alguien que se firma Leobardo Arango insinúa con infames preguntas que tengo cáncer y que algún yerno mío tiene jugosos contratos con la administración del gobernador Luis Pérez. Como ambas insinuaciones no son ciertas y solo reflejan la perversidad y morbo de su autor, estoy demandando por calumnia e injuria a ese sujeto. Si ese nombre no existe, pediré a las directivas del periódico a través de la Sijin o del juzgado correspondiente, la identificación del calumniador. No es ningún pecado tener cáncer, ni tener yernos con contratos, pero nada de eso es cierto, gracias a Dios, ni nadie de mi familia trabaja en la Gobernación.