Columnistas

Entre dolor y asombro

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26 de octubre de 2016

El asesinato del joven, humilde y brillante universitario, inventor del dron para medir niveles de contaminación del aire, perpetrado paradójicamente en Medellín, “la ciudad más innovadora del mundo”, evidencia, una vez más, que en esta, como en otras capitales colombianas, hay barrios periféricos en poder del hampa.

Y no exageramos con esta afirmación. Basta con leer el sobrecogedor informe del Sistema de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, para concluir que el protagonismo demencial de la delincuencia organizada se impone en barrios enteros, especialmente los populares, ante la mirada impotente de las autoridades y la angustia de sus habitantes.

Dice el reciente estudio de esa entidad –que podría hacer parte del mundo surrealista– que “muchas madres de Medellín cancelan su cuota semanal a los combos para que no les violen a sus hijas, no recluten a sus niños, nos les saquen de sus casas, ni desplacen a las familias del barrio”. Un Estado ilícito y paralelo que sustituye al inoperante Estado legítimo colombiano.

Pero los hechos aberrantes de las bandas que operan en algunos barrios de esta ciudad van más allá de lo que admite la razón. Actos irracionales como que “viviendas modestas tienen que cancelar a los dueños de los combos semanalmente entre 1.000 y 5.000 pesos para que no las roben”. Además “vacunas/impuestos” que pagan sencillos tenderos –hoy a punto de ser sujetos de doble tributación por el gravamen adicional que deberán cancelar a un Estado alcabalero– diseñan un drama que no puede ser más delirante.

Tantas estratagemas repugnantes ratifican una vez más que vivimos en un mundo macondiano en donde la realidad supera la ficción: “Los delincuentes que roban y atracan en el centro de la ciudad lo pueden hacer tranquilamente siempre y cuando cancelen ese derecho a las cabezas de los combos”. Lo mismo tienen que hacerlo las damas que ejercen el oficio más antiguo del mundo que, “para atraer clientes en los bajos de los viaductos del Metro, deben pagar peajes para su seguridad”.

La lista de actos inverosímiles es larga. Reventaría la imaginación de Ripley, aquel cronista que revelaba acontecimientos extraños, poco posibles de admitir aun en la mente más fantaseadora. En barrios populosos zumban en el aire las balas disparadas por bandas enfrentadas que impactan de muerte a niños e inocentes. Son cuadros sobrecogedores que podrían aparecer junto a las pinturas negras de Goya. “Contratistas de obras públicas deben pagar dinero para poder realizarlas”. Y los taxistas “que transitan por algunos barrios populares, obligados a cancelar calcomanías como impuestos a esas sociedades secretas por valor de 20 mil pesos”.

Mientras el país político se ocupa de lograr la cuadratura del círculo con un nuevo Acuerdo de Paz –rodeado de astucias presidenciales y alambradas rojas– y el país económico debate un descosido proyecto tributario, la delincuencia, ante la ausencia de Estado y la presencia de instituciones meramente simbólicas y sedentarias, asfixia los barrios deprimidos de las grandes ciudades colombianas. Estas viven entre el dolor, la desesperanza y el asombro.