Indecencia social
La lucha entre liberales y conservadores a mediados del siglo pasado tuvo en el campo su sangriento laboratorio. En esa pugna de fanatismo político brillaron los más escandalosos métodos del crimen. Las tierras rurales fueron arrasadas y como consecuencia de la violencia se inició el éxodo de campos a las grandes y medianas ciudades, quedando las tierras agrarias en poder del más fuerte.
Así fueron apareciendo los movimientos subversivos de todos los pelambres. Primero la guerrilla, luego los paramilitares. Aprovecharon la pugna partidista, la facilidad del negocio cubierto de corrupción e impunidad, y el abandono del Estado, para irse apoderando de la tierra. Se intentaron hacer reformas agrarias bien intencionadas pero fallidas, dada la timidez de los gobiernos y la avilantez de los latifundistas infiltrados en la política y el Congreso.
Ha pasado mucho tiempo y muchos gobiernos que no han dado solución al campo. Sigue operando en condiciones precarias. Ahora es urgente –dice la Misión Rural, la que ojalá no sea otra de las muchas que hemos tenido en décadas de sobrediagnósticos para la transformación del campo– invertir durante los próximos 15 años la suma de 200 billones de pesos para “lograr su florecimiento”.
El aspecto social del campo es lamentable. De cada 100 personas ocupadas allí, 88 son trabajadores informales. Es una precariedad laboral, con sus nefastas consecuencias sociales. Lo dice el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Es persistente la injusticia con que el Estado trata al campo. El 92 % de sus trabajadores no está afiliado al sistema pensional –ya de por sí crítico en el país– y el 77 % devenga menos de un salario mínimo mensual. El panorama es sombrío.
Esta situación deplorable acerca de cómo opera el trabajador en Colombia se está volviendo crónica. En la actualidad, dice un estudio de la Universidad Externado de Colombia, “solo tres de cada 10 trabajadores cotizan al sistema de pensiones”, para llegar a la penosa conclusión de que “apenas el 10 % podrá acceder a una mesada en la vejez”, cifra tan desproporcionada como inequitativa.
El campo ha sido la cenicienta de la mayor parte de los gobiernos colombianos. Se les olvida que “el 60 % de los municipios del país son de formación campesina y que el 30 % aún es población rural, con el agravante adicional que “el 90 % son pobres y vulnerables” de solemnidad.
Pueda ser que el informe de la Misión Rural tenga eco en los factores reales de poder, sobre todo cuando insisten en que se debe hacer del campo uno de los puntales del crecimiento económico. Ojalá esta visión no sea un nuevo volador de luces. Que se haga realidad aquel concepto de la FAO de que “somos una de las grandes despensas agrícolas del mundo, pero que esto no se ha notado en los últimos 25 años de crecimiento decepcionante”.
A tan deplorable balance muchos factores han contribuido. No solo el “histórico problema de la concentración de la propiedad rural y la fragmentación del minifundio”, sino el populismo de muchos gobiernos que abrieron tantas expectativas sin lograr modelar una política definitiva en lo jurídico, social, laboral y económico en lo que ha sido la celestina del progreso nacional.