Inseguridad urbana
Ojalá que la firma de la paz con la insurgencia lleve la seguridad al sector rural colombiano. Que todo lo que se pactó en La Habana no solo se cumpla sino que se cuente con los recursos suficientes para financiar tantos compromisos y promesas. Y que a partir de ayer no solo hayan llegado todos los desmovilizados de las Farc a las zonas veredales transitorias de normalización, sino que los menores de edad en manos de la subversión comiencen ya a gozar de la libertad.
Mas toda esta atención que ha despertado el proceso cocinado en La Habana, contrasta con lo que se está viendo y palpando en las grandes ciudades colombianas. Si en los campos puede llegar la paz, en las ciudades se acentúa la inseguridad. Es agobiante. Las autoridades civiles se sienten desbordadas por la criminalidad. El gobierno central, quizá por mirar tanto a lo que sucedía con la subversión en la otra Colombia, descuidó sus responsabilidades con las capitales de departamentos, hoy en calzas prietas para frenar el desbordamiento de las bandas delincuenciales organizadas.
En las grandes urbes colombianas se asfixian barrios enteros en la inseguridad. Extorsiones, atracos, robos, muertes, se están convirtiendo en el diario lenguaje de la angustia y el desespero. Las bandas que actúan en la ilegalidad resultan más audaces, temerarias e imaginativas que las autoridades encargadas de velar por la vida, honra y bienes de los asociados. Aquellas son alimentadas esencialmente por el microtráfico de drogas ilícitas, como lo denunció –contradiciendo al ingenuo ministro de Salud–, el gobernador Luis Pérez, sindicación corroborada por los alcaldes de la región...
Ya a los buses urbanos, caso también de Bogotá, se les asalta a plena luz del día. Y en no pocas ciudades están sus conductores vacunados. En las vías urbanas más populosas atracan a los conductores de automóviles ante la impotencia ciudadana. Comienzan a aparecer en las carreteras retenes ilegales para despojar a los viajeros de sus pertenencias. La autoridad llega tarde. Y cuando llega, insiste en que pocas víctimas de las fechorías denuncian, lo que impide perfeccionar las capturas. Quienes se abstienen de imputar cargos, justifican su silencio argumentando que los jueces –aplicando leyes laxas– sueltan a los atracadores y estos, libres, tomarían represalias contra los denunciantes. No hay cómo romper este círculo vicioso entre mutismo y miedo. Y no se puede romper porque no hay Estado eficaz que suscite respeto y confianza en una comunidad acorralada.
Esta ola de inseguridad urbana la reproducen los noticieros de televisión con todo el dramatismo. Descarnadamente, y hasta con exceso de morbo, muestran imágenes que hoy tienen a una comunidad hastiada y acobardada por la forma como opera la delincuencia con actores que se mueven a sus anchas en un sistema institucional vacilante y alcahueta.
P.D.: Cómo quedaría de cojo el Acuerdo de La Habana que Ramiro Bejarano, en El Espectador –ambos, rabiosos antiuribistas– escribe: “No puede sellarse la paz con ningún grupo insurgente, mientras persista en mantener secuestrado a alguien, cualquiera sea el motivo o finalidad del plagio”.