25N: los tipos de violencia que enfrentan las mujeres en Colombia y el avance silencioso de la violencia digital

Cada año, el 25 de noviembre vuelve a recordarnos una verdad que todavía incomoda y atraviesa países, clases sociales y generaciones: la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo. Se manifiesta en el cuerpo, en la vida cotidiana, en la economía del hogar, en la voz pública y, cada vez más, en los espacios digitales donde millones de mujeres habitan y trabajan. En Colombia comprender esta violencia implica nombrar sus formas y reconocerlas como un entramado estructural que opera en todos los ámbitos de la vida.

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Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? La respuesta es precisa: de aquella que está dirigida a una mujer por el hecho de serlo o que la afecta de manera desproporcionada. Incluye desde daños físicos hasta privaciones de libertad, pasando por amenazas, coacción y cualquier acto que limite el ejercicio pleno de sus derechos. Además, su base es siempre la desigualdad, porque se manifiesta en relaciones históricas de poder que condicionan su participación económica, política y social. Por eso es válido decir que cada tipo de violencia es parte de un sistema que se expresa de maneras distintas según los contextos, los territorios y las edades.

Una de las formas más comunes es la violencia en el ámbito privado. ONU Mujeres la define como cualquier patrón de comportamiento para mantener control sobre una pareja íntima. Allí caben la violencia económica —impedir el acceso a recursos, prohibir estudiar o trabajar— y la psicológica, que opera a través del miedo, la intimidación o el aislamiento de la familia y las redes de apoyo. También está la violencia emocional, que afecta la autoestima mediante insultos, humillaciones o manipulación, y la violencia física, que va desde golpes y empujones hasta negación de atención médica.

A ellas se suma la violencia sexual, entendida como cualquier acto de naturaleza sexual cometido sin consentimiento. Incluye el acoso —tocamientos no deseados, comentarios sobre el cuerpo, solicitudes de favores sexuales—, la violación dentro o fuera de una relación, la violación correctiva por orientación sexual o identidad de género y la explotación sexual, que se basa en el abuso de poder para obtener beneficios económicos o sociales. En contextos de conflicto armado, estas violencias se agravan y adoptan formas como la esclavitud sexual, los embarazos forzados, la esterilización obligada o el uso coercitivo de anticonceptivos, prácticas documentadas por Naciones Unidas y que afectan desproporcionadamente a niñas, adolescentes, indígenas y afrodescendientes.

Otro frente crítico es la trata de personas, un delito global que somete a mujeres y niñas a explotación mediante abuso físico, chantaje o manipulación emocional. Aunque afecta a todas las edades, las mujeres siguen siendo las principales víctimas, especialmente en escenarios de migración o crisis humanitarias. “Estas dinámicas se intensifican cuando se suman múltiples discriminaciones: pobreza, etnia, discapacidad, orientación sexual o desplazamiento forzado”, explica ONU Mujeres.

Las prácticas nocivas también forman parte del mapa de violencias: mutilación genital femenina, matrimonio infantil y forzado, pruebas de virginidad, restricciones dietéticas extremas, castigos corporales, ritos violentos o crímenes de honor, pues se sostienen en normas sociales que legitiman el control sobre el cuerpo de niñas y mujeres y que, aunque varían según regiones del mundo, comparten un origen común: la idea de que su integridad no les pertenece.

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Pero el escenario que más preocupa en 2025 es la violencia digital. La ONU lo expresa sin rodeos: “La violencia digital es violencia real”. No ocurre solo en las pantallas; se expande y se profundiza hasta alterar la vida fuera de ellas. Utiliza herramientas tecnológicas para acosar, vigilar, chantajear, difamar o agredir. Abarca ciberacoso, amenazas, suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas, captación sexual en línea y deepfakes con contenido explícito. Y el riesgo es mayor si se tiene en cuenta un dato que revela la magnitud del problema: “entre el 90 % y el 95 % de los deepfakes en Internet son material pornográfico no consensuado y la mayoría tiene como objetivo a mujeres”, señala la organización.

Ahora, el riesgo aumenta entre quienes tienen presencia pública o trabajan en medios digitales: activistas, políticas, defensoras de derechos humanos y periodistas, porque tal y como lo indica la ONU, en esos contextos el 73 % de las periodistas, por ejemplo, han experimentado violencia en línea. Además, el 38 % de las mujeres afirma haber sufrido personalmente algún tipo de agresión digital, y el 67 % identifica la desinformación y la difamación como las modalidades más frecuentes.

En Colombia, los datos recientes de Truecaller confirman este panorama: 9 de cada 10 mujeres han recibido llamadas o mensajes de contenido sexual o inapropiado no solicitado, y el 42 % reporta sentir miedo. Los picos ocurren los viernes y sábados, especialmente en la noche, cuando el 47 % de los ataques se concentra entre las 8:00 p. m. y la medianoche, por lo que muchas evitan responder a números desconocidos y prefieren reducir su actividad digital por temor.

En paralelo, ONU Mujeres advierte que las desigualdades económicas y sociales siguen profundizando el riesgo. Aunque las colombianas son hoy la mayoría entre quienes se gradúan de la universidad, enfrentan menor participación laboral, brecha salarial, mayor desempleo y una carga desproporcionada de trabajo de cuidado, lo que a su vez, crea condiciones de vulnerabilidad que afectan la posibilidad de denunciar, acceder a justicia o romper ciclos de violencia.

Más allá de las cifras y las categorías, la pregunta que permanece es otra: qué estamos haciendo —y qué falta por hacer— para que ninguna mujer tenga que enfrentar estas violencias en silencio.