Investigación de docente paisa revela las condiciones laborales de personas con VIH

La legislación colombiana ha construido en las últimas décadas un marco jurídico sólido para proteger los derechos laborales de las personas diagnosticadas con VIH. Sin embargo, pese a las garantías legales existentes, la discriminación y el estigma continúan siendo barreras importantes dentro del entorno laboral.

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Así lo explicó María Valencia Gallo, docente del Politécnico Grancolombiano, abogada e investigadora en derechos humanos y laborales, quien lidera estudios sobre la situación jurídica de las personas con VIH en Colombia. Según indicó, el país ha fortalecido la protección legal desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, fundamentándose en principios como la dignidad humana, la igualdad y la prohibición de discriminación.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y la Cuenta de Alto Costo, en Colombia se reportaron cerca de 166.000 personas viviendo con VIH en 2023, cifra que subió a 185.000 en 2024 y alcanzó aproximadamente 211.000 en 2025.

Valencia Gallo explicó que una de las principales garantías legales es la llamada estabilidad laboral reforzada, una protección especial que impide que un trabajador con diagnóstico de VIH sea despedido sin una causa objetiva y sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. Esto significa que el empleador no puede terminar el contrato por razones relacionadas con la condición de salud del trabajador.

“Si el empleador decide despedir a una persona con VIH, debe demostrar una justa causa ajena al diagnóstico y contar con autorización del Ministerio de Trabajo. De lo contrario, el despido puede ser considerado discriminatorio”, señaló la investigadora.

En esos casos, un juez puede declarar la ineficacia del despido, ordenar el reintegro del trabajador e incluso imponer una indemnización. No obstante, esta protección no implica una estabilidad absoluta o vitalicia: las empresas pueden terminar la relación laboral si existe una causa legal debidamente sustentada.

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Otra garantía clave es la confidencialidad del diagnóstico. La legislación colombiana protege el derecho a la intimidad, por lo que ninguna persona está obligada a revelar su condición de salud al empleador. Además, está prohibido exigir pruebas de VIH durante procesos de selección o como requisito de permanencia laboral.

Pese a este robusto marco legal, Valencia advierte que la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo amplia. “Todavía existe discriminación en el entorno laboral, y muchas personas deben acudir a acciones de tutela para lograr la protección de sus derechos”, concluyó.

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