La operación con fines de extinción de dominio, denominada Temis III, requirió un trabajo de un año y fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía en ocho municipios de Antioquia (Bello, Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Rionegro, El Retiro y San Jerónimo), en Tolú (Sucre) y Mitú (Vaupés), donde fueron detectados los bienes adquiridos, presuntamente, con dinero teñido de miedo y sangre.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es una de las fincas embargadas en el norte del Valle de Aburrá. En los círculos aparecen los cabecillas y principales sospechosos de liderar la trama de lavado de activos. Fotos cortesía de la Policía.

En la lista de embargos hay 32 apartamentos, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales, 13 fincas, seis lotes, cuatro locales, cuatro garajes, tres casas, tres parqueaderos, un cuarto útil y un edificio. Sobresalen una cabaña de lujo frente al mar, en la playa de Tolú, y un título minero en la lejana ciudad de Mitú.

Sobre esto último, Ana Catalina Noguera, delegada de la Fiscalía contra las Finanzas Criminales, indicó que el título permitía la explotación de un yacimiento de coltán en 1.995 hectáreas, en una zona de protección ambiental.

Este mineral, usado en la fabricación de artefactos electrónicos, como cámaras y celulares, tiene un valor en el mercado de $1.200 millones por tonelada, según la Policía.

EL MODUS OPERANDI
“El Mesa” se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato, hurto, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otras conductas. El dinero producido en esas actividades, es lavado en propiedades como las ocupadas en Temis III, de acuerdo con la Fiscalía.

Noguera señaló que dichos bienes estaban a nombre de familiares y testaferros de varios integrantes de la cúpula de la organización, incluyendo niños y ancianos. Las propiedades les eran transferidas con la modalidad de compraventas simuladas y traspasos.

De hecho, como representante legal de la mina de coltán figura una mujer de estrato económico bajo, afiliada al Sisbén, que al parecer estampó su firma en el documento sin tener cómo justificar semejantes recursos.

Los cabecillas sospechosos de participar en este esquema de lavado están condenados y tras las rejas, por concierto para delinquir agravado. Ellos son: Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), sentenciado a 14 años; Luis Rodríguez Rodríguez (“el Montañero”), quien paga ocho años y tiene una investigación en curso por homicidio; Eligio Pérez Peña (“Malacate”), ocho años y cuatro meses; y Luis Fernando Betancur Otálvaro (“Piolo”), siete años y medio.

El informe oficial indicó que “Vallejo”, cofundador y socio financiero del grupo, “trató de darle apariencia de legalidad a su dinero, aduciendo haberse ganado la lotería”, hecho que fue desvirtuado.

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El general Fabio López, director de la Dijín, declaró que varias de las propiedades, en especial las de Bello, eran adquiridas con “exigencias extorsivas a las constructoras”.

Este fenómeno, conocido como “la mafia del ladrillo”, lleva más de una década implementándose en la localidad, no solo por parte de “el Mesa”, sino de otras bandas como “Pachelly”, “los Chatas”, “Niquía Camacol” y “la Camila”. Consiste en exigirle a los constructores varios apartamentos como pago por “el derecho” a edificar en los vecindarios que ellos “controlan”.

En esos recintos suelen vivir familiares y amigos de los integrantes de las organizaciones delictivas, o terceras personas que les pagan arriendo.

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EMPRESA CRIMINAL
Según fuentes judiciales, “el Mesa” delinque desde los 90, cuando nació en el barrio del mismo nombre, en Bello. A pesar de llevar tanto tiempo activa, su persecución solo fue priorizada por las autoridades en 2018, cuando estableció alianzas con el Eln y disidencias de las Farc, para producir y vender drogas en el Norte y Nordeste de Antioquia.

Hasta entonces, ni siquiera aparecía en las listas de blancos estratégicos priorizados.

Esa suerte de anonimato favoreció su crecimiento, hasta convertirse en una empresa criminal con tentáculos en Medellín, Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Tunja (Boyacá) y el Oriente antioqueño. El general López dijo que hoy tendría 85 integrantes fijos y cerca de 300 colaboradores.

Con varios de los jefes en prisión desde 2019, el mando del grupo en la calle recayó en alias “Magandy”, “el Diablo” y “Gordo Willington”.

Noguera reconoció que “esta es la primera gran operación contra el patrimonio ilícito de ‘el Mesa’”. Los bienes a los cuales les aplicaron las medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

El caso fue revelado este lunes (agosto 31), tras un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos en cuatro departamentos de Colombia.

Esta es la reseña del hecho elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las propiedades ocupadas a alias “Tata”. Cortesía Fiscalía.

La acción judicial consistió en el embargo y secuestro de 69 bienes e inmuebles con fines de extinción de dominio, los cuales habrían sido gerenciados en su momento por Juan Diego Arango Cano, alias “Tata” o “Tatanacho”, asesinado en 2013.

“Él era un miembro reconocido de ‘la Oficina de Envigado’, encargado de cobrar ‘vacunas’ a sus víctimas para sustentar económicamente a la banda”, declaró Andrea Malagón, directora de la Dirección Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio. Añadió que los bienes ocupados estaban a nombre de personas de su núcleo familiar y de testaferros.

El coronel Norberto Mujica Jaime, subdirector de la Policía Antinarcóticos, detalló que dichos bienes están valorados en 10.417 millones 353.000 pesos, divididos en 34 inmuebles, 12 vehículos, 19 cuentas bancarias y cuatro locales comerciales.

“Tata” los usaba, según el informe policial, para darles apariencia de legalidad a los dineros obtenidos mediante cobros ilegales, usando maniobras clandestinas “a través de las inversiones en compra de bienes y grandes extensiones de tierra en el sector rural y urbano”.

La mayoría de los inmuebles (apartamentos, casas, fincas y locales) están ubicados en Antioquia: Medellín (9), Envigado (7), Sabaneta (7), Mutatá (3), Maceo (2), y de a uno en Rionegro, Santa Bárbara, Itagüí, Bello, Caucasia y Puerto Berrío.

Entre las propiedades de Envigado hay un apartamento en Palo de Rosa, una urbanización que fue escenario de una masacre atribuida a “la Oficina” el 7 de agosto de 2009. Aquel día, mercenarios vestidos con prendas de la Sijín entraron a un apartamento y a punta de fusil mataron a dos mujeres y dos hombres, apodados “Yayo” y “Soldado”, quienes actuaban como asesinos a sueldo para la mafia.

La Fiscalía no especificó si el apartamento ocupado fue el mismo donde sucedió la matanza (ver la NOTA RELACIONADA: Acribilladas cuatro personas cuando dormían).

También se ocupó una propiedad en el municipio de Juan de Acosta (Atlántico), una en Pereira y otra en Bogotá.

El asesinato de Arango Cano ocurrió a la 1:30 p.m. del 15 de noviembre de 2013, en el sector Mayorca de Sabaneta. El comerciante de 46 años y padre de tres hijos, estaba en una fonda que había sido de su propiedad en el pasado, ubicada en la carrera 45A con la calle 72sur, cuando un sicario le disparó en la cabeza.

En esta fonda de Sabaneta ocurrió el asesinato de alias “Tata”. Archivo Q’Hubo.

La víctima fue trasladada al hospital de la localidad, donde no fue posible salvarle la vida, mientras que el agresor escapó en un automóvil Renault 19 con sus compinches.

El secretario de Gobierno de Sabaneta de ese entonces, Sebastián López, comentó que “algunas versiones de la gente indican que hacía días lo venían buscando”.

Sobre las causas del homicidio, la Fiscalía informó que todavía son materia de investigación. Una de las hipótesis que se ha manejado en el bajo mundo es que algunos cabecillas de “la Oficina” ordenaron su muerte, acusándolo de haberse cambiado de bando para “los Urabeños” (ver la NOTA RELACIONADA: Con “Patetigre” continuaría la racha de ataques al ala financiera).

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El Inspector.

El operativo comenzó en la mañana de este miércoles (julio 15) y fue coordinado por la Dirección de Fiscalías para la Extinción de Dominio y la Dirección Antinarcóticos de la Policía. El monto total de los bienes es cercano a los 8.000 millones de pesos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía ocupó una vivienda en este condominio del sector El Tesoro, en el suroriente de Medellín, por estar presuntamente ligada a “Pichi Calvo”. Cortesía El Colombiano.

Una de las viviendas, ubicada en la urbanización San Sebastián de la Alameda, en el sector El Tesoro, está valorada entre $1.000 y $1.200 millones de pesos, de acuerdo con habitantes del condominio.

Wilmar Metaute, alias “Pichi Calvo”. Cortesía.

“Se aplicaron las medidas cautelares contra 19 bienes inmuebles, 10 vehículos y 6 establecimientos de comercio dedicados a variedades, ganadería y textiles, que estaban a nombre de él y de su núcleo familiar, principalmente de su esposa y su suegro”, declaró la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón.

Metaute Zapata, quien era conocido en el bajo mundo por su alias de “Pichi Calvo”, fue asesinado por su exsocios de “la Oficina” el 12 de junio de 2014, cuando acudió a una cita en una discoteca de Las Palmas y los sicarios lo abalearon en el parqueadero.

Después del homicidio, de acuerdo con fuentes de Inteligencia, otros líderes de “la Oficina” comenzaron a usurparle varios bienes, en una acción denominada “la recogida” en el argot criminal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA adelantaban una investigación preliminar en contra de “Pichi Calvo”, por su presunta participación en una red para el lavado de activos y el tráfico de cocaína a través de una ruta por Centroamérica.

“Este es el primer operativo que realiza la Dirección de Extinción de Dominio contra el brazo financiero de ‘la Oficina’”, recalcó Malagón.

NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”.

El Inspector.

Las últimas acciones son por cuenta del Departamento del Tesoro, la DEA y la Corte del Distrito Sur de La Florida, que incluyeron en la Lista Clinton a ocho presuntos cabecillas y capturaron con fines de extradición a un abogado sospechoso de narcotráfico. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cabecillas de "la Oficina" en la Lista Clinton: 1) "Fredy Colas". 2) "Carlos Chata". 3) "Diego Chamizo". 4) "Barny". 5) "Carlos Pesebre". 6) "Tuto". 7) "Mono Amalfi". 8 ) "Chaparro". 9) "Pichi Gordo".

Según el informe del Tesoro, además de estar involucrada en el tráfico de estupefacientes, esta estructura provee con “violentos servicios” a los grupos armados, cobro de deudas de drogas, extorsión y asesinatos por contrato.

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, dijo Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de la entidad financiera.

En la Lista Clinton ya había sido incluido el pasado mes de julio Fredy Mira Pérez, alias “Fredy Colas”, presuntamente vinculado a una red de lavado de activos y cabecilla de la banda en el oriente de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

Ahora fue añadido Julián González Vásquez (“Barny”), supuesto miembro de la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) e investigado por la muerte de dos policías antinarcóticos en la entrada del Jardín Botánico (12/7/12). También están Diego Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), y Juan Carlos Mesa Vallejo (“Carlos Chata”).

En la lista negra del Tesoro hay otros cinco integrantes de la organización, presos en cárceles de Colombia por cargos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir: Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), Didier Ríos López (“Tuto”), Rubiel Medina (“Mono Amalfi”), Jesús Hernández (“Chaparro”) y Édinson Rojas (“Pichi Gordo”).

Lo grave sobre estos últimos es que, según el informe de E.U., “continúan coordinando operaciones criminales desde la prisión”.

Frente a este tema, el coronel (r) Sergio Vargas, secretario de Seguridad de Medellín, advirtió que “la Alcaldía no tiene la capacidad para hacer ese tipo de controles, esa información podrían tenerla la Policía o la Fiscalía”.

Y respecto a la ofensiva extranjera, opinó que “uno de los escenarios sobre el que se debe hacer un mayor esfuerzo en la lucha contra el crimen es el de atacar las finanzas. Eso permitirá debilitar toda la estructura, ahí hay un reto para los organismos de justicia y seguridad en Medellín”.

Y AQUÍ NO TIENEN ORDEN DE CAPTURA
Sobre los implicados en la Lista Clinton, es importante agregar que por tercera vez en menos de tres meses, el gobierno de Estados Unidos reseñó públicamente a supuestos cabecillas de “la Oficina”, sobre los cuales las autoridades colombianas ni siquiera tenían orden judicial de captura ni aparecían en los carteles de los más buscados. Los últimos rostros en ser mostrados fueron los de “Diego Chamizo” y “Carlos Chata” o “Tom”.

Fuentes de Inteligencia señalan que “Diego Chamizo”, también conocido como “la Garza”, es el presunto cabecilla del combo “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, que delinque en la parte alta de la comuna 9 (Buenos Aires) de Medellín. De la misma manera, sería uno de los supuestos líderes de la “Odín Caicedo” (Organización Criminal Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas que trabajan para “la Oficina” en el oriente de la capital antioqueña.

Entre las primeras anotaciones que le hicieron en la ciudad, está una del 25 de agosto de 2006, cuando una patrulla de la Policía Metropolitana lo detuvo para una requisa en el barrio Las Palmas. Estaba en compañía de Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, uno de los máximos líderes de “la Oficina” (extraditado en 2013), y de otros lugartenientes apodados “Víctor Colitas” y “Teletubi”.

Todos portaban armas de fuego con salvoconducto, que les fueron decomisadas temporalmente por una restricción que estuvo vigente algunos días. A ninguno lo arrestaron.

Pese a algunas quejas de la comunidad, que lo señalan de ser uno de los causantes de asesinatos, extorsiones y desplazamientos en Medellín, nadie lo ha denunciado formalmente y la Fuerza Pública y la Fiscalía no han logrado expedirle una orden de captura.

Para el Tesoro, sin embargo, Muñoz Agudelo “es un integrante de vieja data de ‘la Oficina’, que trabaja para el cabecilla ‘Fredy Colas’”, según consta en el informe publicado ayer por la entidad.

De “Carlos Chata” tampoco hay orden de captura vigente, pese a que ha sido reseñado en procesos judiciales contra otros jefes de “la Oficina”, como el condenado Franklin Vargas Cardona, alias “Frank” (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

La Policía lo considera el supuesto jefe de la “Odín los Chatas”, el principal clan criminal de Bello y el norte del Valle de Aburrá, que se dedica al cobro de extorsiones, narcotráfico, sicariato, usurpación ilegal de predios y desplazamientos forzados, entre otras conductas.

El pasado enero, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, le declaró la guerra a esta estructura ilícita, en respuesta al atentado contra dos uniformados en vía pública. Pese a esto, sus hombres no han conseguido judicializarlo. Para el Tesoro, la influencia de “Carlos Chata” va más allá de Bello y “se extiende a través de Medellín”.

El tercer cabecilla de “la Oficina” reseñado y públicamente mostrado por el Tesoro en los últimos tres meses, fue “Fredy Colas”, quien tampoco tiene orden de arresto en Colombia.

ABOGADO EXTRADITABLE
De otro lado, la Dirección Antinarcóticos de la Policía anunció que, en apoyo con la DEA, capturó a un asesor jurídico de la banda.

El abogado Luis Zapata, apodado "el Hijo". Cortesía Policía.

El abogado Luis Felipe Zapata Córdoba, apodado “Pipe” o “el Hijo”, fue arrestado en el Centro Administrativo La Alpujarra, adonde iba a defender en las audiencias a sospechosos de “la Oficina” y “los Urabeños”, al igual que desmovilizados de las Autodefensas.

Este profesional es teniente retirado del Ejército y exmiembro del CTI de la Fiscalía. Entre sus clientes está Wálter Román Jiménez, alias “el Tigre” o “Ramón Chaqueta”, cabecilla condenado de la banda “la Unión” de Itagüí (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades enjaularon a “el Tigre” de Itagüí).

De acuerdo con el reporte de Antinarcóticos,  “el proceso contra él inició en 2012, cuando coordinó junto a su padre Raúl Zapata Calderón, el envío de 1.500 kilos de cocaína desde Cali hasta la isla de Roatán (Honduras), recibiendo un pago de 1.5 millones de dólares”.

Aquel año fue detenido y extraditado el padre (hoy paga una sentencia de 11 años), situación que ahora enfrenta “el Hijo”, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de La Florida.

De ser enviado a Norteamérica, el jurista se uniría a varios jefes de “la Oficina” procesados en E.U., cuyas declaraciones han servido a la DEA para identificar los bienes y socios. Allá están, entre otros, los capos “don Berna”, “Rogelio”, “Yiyo”, “la Firma”, “Valenciano” y “Sebastián”.

El Inspector.

Según ese organismo oficial, los delincuentes le exigían a los familiares de la víctima el pago de 3 millones de dólares para liberarlo.

El capturado Gustavo Cadavid, junto al vehículo acondicionado para transportar a las víctimas. Fotos cortesía de la Policía.

El secuestro se produjo el pasado 4 de octubre en una zona céntrica de Medellín, cuando a Francisco Fabián Arroyave Upegui lo encañonaron unos sujetos que vestían prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y estaban armados con fusiles y pistolas.

El afectado, nacido en Colombia y nacionalizado en la nación norteña, lleva 11 años viviendo en Estados Unidos con sus familiares, los cuales empezaron a recibir las llamadas extorsivas. Mientras tanto, al comerciante lo amenazaban para “realizar el traspaso de todos sus bienes a nombre de terceras personas, quienes son testaferros de ‘La Oficina'”, dice el informe oficial del caso.

Para adelantar esas diligencias, a Arroyave lo movían de un lado a otro con los ojos vendados, abordo de un automóvil Renault Twingo gris, blindado y con vidrios semipolarizados. “El carro había sido acondicionado para ese tipo de transporte, es más caro el blindaje que el mismo vehículo”, acotó hoy el general Humberto Guatibonza, director de la Diase.

Los policías identificaron el automotor y lo siguieron hasta una casa en el municipio de Caldas, Antioquia. En el subsecuente allanamiento rescataron al ciudadano y capturaron a Gustavo Adolfo Cadavid Restrepo, quien al parecer lo custodiaba. El ofendido relató que el traspaso obligado de los bienes se iba a diligenciar en una notaría de Envigado y que después lo iban a matar.

ANTECEDENTES

El secuestro extorsivo es una práctica de vieja data en ‘La Oficina’. Uno de los casos más sonados ocurrió en diciembre de 2005, cuando raptaron, sin saberlo, a un detective encubierto de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Luis Peña Peña, alias ‘El Supervisor’.

El presunto narcotraficante Luis Alberto Peña Peña, alias ‘El Supervisor’, ‘El Mono de Antioquia’ o ‘El Hijo del Zapatero’, contrató a la banda para que retuviera a Luis Ortiz, un gringo con el cual había hecho tratos para enviar cocaína a Estados Unidos. La razón fue que las autoridades decomisaron un cargamento cercano a las dos toneladas de mercancía y el narco le echó la culpa al contacto. No lo iban a liberar hasta que respondiera por la plata.

‘La Oficina’ lo secuestró en las afueras del hotel Dann Carlton de Medellín. Lo llevaron a una finca y, cuando lo tenían con un arma en la boca, este confesó que era un agente infiltrado de la ICE. Les entregó las llaves de la habitación y la clave de la caja fuerte, los hampones asustados fueron a verificar y allí encontraron su identificación.

Le pidieron disculpas, lo regresaron en carro al hotel y hasta se ofrecieron a matar a ‘El Supervisor’ a manera de compensación. El agente infiltrado rechazó la oferta. Por este caso, tanto ‘La Oficina’ como Luis Peña Peña quedaron en la mira de la ICE, que ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa por el presunto narcotraficante.

Otro rapto bien conocido fue el de la tramitadora aduanera Margarita Socarrás Baquero en enero de 2008. ‘La Oficina’ la responsabilizó por la incautación de 479 kilos de cocaína en la Costa Atlántica y la retuvieron 33 días en un apartamento de Medellín, hasta que pagara 1.432 millones de pesos como compensación. Luego de abonar 750 millones, la liberaron.

Por este secuestro extorsivo, la justicia condenó el pasado 24 de septiembre al cabecilla José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, a pagar 32 años de cárcel. Su hombre de confianza Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, apodado ‘El Compa’, recibió una sentencia de 36 años por el mismo hecho.

El Inspector.