Las horas de angustia y un escabroso hallazgo confirmarían lo que todos temían: mataron al fiscal.

En este tramo de la autopista Medellín-Bogotá encontraron las tres maletas con los despojos humanos. Foto de cortesía.

Félix Horacio García Vargas, a sus 56 años, era el fiscal 122 Local de Medellín, adscrito a la Unidad Cuarta Local de Patrimonio. Nació en Tunja, Boyacá, y llevaba dos décadas laborando en el organismo judicial.

Una de sus actividades preferidas consistía en frecuentar el Centro de la ciudad, sobre todo los alrededores del centro comercial Villa Nueva. De acuerdo con las indagaciones preliminares de la Fiscalía, en esas estaba en la noche del pasado sábado (mayo 31), cuando fue retenido por un grupo de personas en un inquilinato de la  carrera 50 con la calle 57.

Residentes del lugar escucharon cuando unos hombres golpeaban al cautivo, quien al parecer estaba amarrado, y le pedían que les dijera las claves de sus tarjetas bancarias.

Una llamada tardía a la Línea de Emergencia 123 alertó a la Policía sobre lo sucedido, aunque al día siguiente (junio 1). Cuando los uniformados ingresaron a la habitación del pánico, solo hallaron el hacha, la sangre, el carné de la víctima y un penetrante olor a cloro, con el cual habían lavado la escena del crimen. No había rastro del secuestrado.

A las 6:00 a.m. del lunes (junio 2) apareció una nueva pista en el caso, en el kilómetro 5+210 de la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Copacabana. Junto a la vía fueron abandonadas tres maletas recién compradas, de fina marca, las cuales contenían las partes cercenadas de una persona.

Los miembros amputados, indicaron fuentes judiciales, estaban a su vez envueltos en papel transparente adhesivo, como el usado en los aeropuertos para embalar el equipaje. Pero faltaba la cabeza del occiso.

Los investigadores ataron cabos y en la mañana de este martes (junio 3) Medicina Legal confirmó que la víctima era el fiscal García. En las pesquisas subsiguientes, las autoridades establecieron que sus cuentas bancarias fueron vaciadas.

Por el crimen hay un sospechoso detenido. Se trata de un habitante del inquilinato, chocoano de 32 años, que está en poder de la Fiscalía para el interrogatorio respectivo.

La evidencia preliminar sugiere una hipótesis ligada al hurto, sin embargo, no se descarta que haya motivos relacionados con las funciones de García, quien como fiscal local de Patrimonio atendía casos querellables, robos y estafas de menor cuantía.

El vicealcalde de Seguridad de Medellín, Luis Fernando Suárez, comentó que la Alcaldía está apoyando al ente acusador en la protección de un testigo, quien ha suministrado información valiosa sobre los hechos.

Aunque podría tratarse de casos aislados, García es el segundo funcionario público asesinado con sevicia en el último mes. El pasado 15 de mayo encontraron en un paraje del municipio de La Estrella, el cadáver torturado y abaleado del agente Fredy Baena, miembro del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).

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El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. en el barrio Santa Lucía, un pacífico sector residencial del centrooccidente de la ciudad.

Este fue el lugar de los hechos, en el barrio Santa Lucía.

César Augusto Cano Granados, padre de tres hijos de 16, 14 y 11 años, acababa de dejar en su casa a dos de sus pequeños. Su tía, una adulta mayor, se dirigía a visitar un familiar enfermo, y el electricista se ofreció a llevarla.

Abordaron su automóvil y cuando no habían recorrido más de una cuadra, sucedió la tragedia, en la calle 48 con la carrera 92B. Los vecinos dicen que escucharon una balacera, pero no se sabe a ciencia cierta entre quiénes.

Un proyectil, al parecer de revólver, ingresó por el vidrio frontal del carro y perforó el pecho de Cano Granados. Un comerciante informal que estaba cerca, explicó a las autoridades que vio correr a dos muchachos, uno de ellos portando un arma. Le oyó decir a uno: “¡marica, matamos al que no era!”.

El herido fue llevado a la Unidad Intermedia de San Javier en un taxi, pero no logró sobrevivir. Sus allegados lo describieron como una excelente persona, un padre responsable “conocido por todo el mundo en el barrio”.

Varias personas indicaron que vieron entrar a tres presuntos agresores a un edificio, ubicado a unos diez pasos de donde recibió el tiro la víctima. Los tipos se metieron a un apartamento del tercer piso, mientras que la edificación fue rodeada por la Policía y los criminalistas del CTI.

En este edificio se ocultaron los sospechosos, que no fueron detenidos.

En ese momento, se conjugaron dos factores que salpicaron de impunidad e injusticia este incidente. Los uniformados, para poder ingresar al apartamento y detener a los sospechosos, requerían de una orden de allanamiento. De lo contrario sería un procedimiento ilegal y las pruebas encontradas adentro serían inútiles, al igual que las eventuales capturas.

Los criminalistas se comunicaron con el fiscal de Actos Urgentes, pero este se negó a tramitar la orden, salvo si los investigadores conseguían un testigo formal, que declarara con firma y huella haber visto a los sicarios entrando a esa residencia.

A este obstáculo legal (así a muchos no les guste el término), se le sumó la falta de colaboración de los vecinos, justificada por el miedo. Los investigadores comenzaron a buscar ese testigo de forma desesperada, pero la gente se negaba a convertirse en declarante. Todos los datos que se pudieron recopilar, fueron de manera informal.

Pasaron cinco horas y los sospechosos seguían encerrados. Nunca llegó la orden de allanamiento y los criminalistas se tuvieron que ir, para hacer la inspección técnica al cadáver en la Unidad Intermedia. Dos policías se quedaron en una esquina, a ver si los sujetos salían para requisarlos, pero a esas alturas ¿qué armas les iban a encontrar?

Lo único que pudieron hacer fue inmovilizar una motocicleta Yamaha RX-115 de color vinotinto, que estaba parqueada en la acera de acceso y al parecer está relacionada por los hechos.

Formalismos del sistema judicial y la insolidaridad de la comunidad. ¿Quién gana aquí? La delincuencia. ¿Quién pierde?

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El Inspector.

En el caso de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, recuerdo que a finales de 2007 la Policía ofrecía 500 millones de pesos de recompensa por información que condujera a su captura. En enero de este año aumentó a 800 millones y pronto dio un brinco a los 1.000. A mediados de 2008 la cifra iba en 3.000 y hoy en día su rostro aparece en un cartel de 5.000 millones de pesos.

Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario'.

Hace 44 años nació en el municipio de Amalfi, al nordeste de Antioquia, y es hermano de Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, uno de los jefes más nombrados de las desmovilizadas Auc. Justamente, el 15 de agosto de 2006 culminó el proceso de dejación de las armas de 1.538 combatientes del bloque Élmer Cárdenas, al cual pertenecían los hermanos.

Pero a ‘Don Mario’ no lo convenció ese asunto y conservó parte de la estructura delictiva, la consolidó a través de los regueros de sangre y hoy batalla para controlar un corredor estratégico que va del Bajo Cauca, pasando por Córdoba y Antioquia, hasta la subregión de Urabá y Chocó.

El señorío violento sobre estos territorios le asegura la “gerencia” de las principales rutas del narcotráfico, situación por la cual ha entrado en brusca disputa con la ‘Oficina de Envigado’. Esta guerra incluso ha dejado muertes en Medellín, donde todavía está tratando de consolidarse.

Su fama se extendió a nivel nacional el 3 de abril, cuando envió un video suyo a los canales de televisión. Allí se presentaba como un comerciante e informaba que tenía cautivos a 25 hombres que habían ido a matarlo por órdenes de Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. En el video, el amalfitense posó en un escritorio junto a un cuadro de caballos.

Luis Arnulfo Tuberquia, alias 'Memín'.

Luego formó alianza con Luis Arnulfo Tuberquia, alias ‘Memín’, otro poderoso narcotraficante y desmovilizado del occidente antioqueño, el cual ya fue capturado por la Policía.

En los últimos meses es mencionado a diario en los medios de comunicación, porque cada vez se destapan más escándalos relacionados con su poder de corrupción. Dos generales de la Policía y dos directores seccionales de Fiscalías han caído en la lupa de los investigadores por sus supuestas conexiones con el capo.

La mera sospecha de un nexo, bastó para tumbar del cargo al general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Regional Seis de Policía y principal responsable de la cacería de ‘Don Mario’ en sus áreas de operaciones. Detrás de él perdió el puesto el general Jesús Gómez Méndez, comandante de la Regional Cuatro.

General (r) Marco Antonio Pedreros.

General (r) Jesús Gómez Méndez.

El caso más sonado y sobre el cual se han recopilado más pruebas, es el que involucra al fiscal Guillermo León Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Medellín y hermano del ministro del Interior de Colombia, Fabio Valencia Cossio. En estos momentos, Guillermo permanece en la cárcel de Itagüí en calidad de imputado por cinco delitos.

Audiencia preliminar de Guillermo León Valencia Cossio.

¿Hasta dónde llegarán los tentáculos de este corruptor? Seguro lo sabremos en la medida que se incremente la recompensa.