El político costeño es una de las piezas clave para entender el escándalo de corrupción detrás de la firma brasileña Odebrecht, pero también las presuntas movidas de “la Oficina” para lavar el dinero de los activos conseguidos a punta de violencia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Al excongresista Otto Bula le ocuparon bienes con fines de extinción de dominio, por su presunta relación con “la Oficina”, entre otros motivos. En el recuadro aparece Wilmar Metaute, alias “Pichi Calvo”. Fotos de Colprensa y cortesía.

Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias “Pichi Calvo”, llegó a cumplir una cita de negocios a las 9:00 a.m. del 12 de junio de 2014, en un bar-discoteca de la vía Las Palmas, en Medellín.

Estacionó su camioneta 4Runner blanca y blindada en el parqueadero externo, y descendió en compañía del conductor Iván Darío Ciro Muñoz.

Apenas abrió la puerta, un sicario se aproximó empuñando una pistola y los acribilló a ambos. Metaute, de 42 años, falleció en el acto; Ciro, de 26, pereció cuatro días más tarde en una camilla de hospital (ver la NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Las autoridades reportaron que “Pichi Calvo”, desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, era un presunto cabecilla de la banda “la Oficina”, encargado de los asuntos financieros y los contactos de narcotráfico entre Antioquia y Centroamérica.

Han pasado dos años y ocho meses desde aquel incidente y, aunque la hipótesis principal apunta a que Metaute fue ejecutado por su propia organización, el doble asesinato está en la impunidad, sin una sola captura efectuada.

Pese a esto, los hallazgos en la escena del crimen permitieron abrir otra investigación por lavado de activos.

El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, señaló que en la camioneta 4Runner de “Pichi Calvo” fueron halladas agendas y documentos que permitieron inferir una presunta relación comercial entre el excongresista Otto Bula Bula y miembros de “la Oficina”.

Uno de los apuntes, revelado este lunes 27 de febrero por las autoridades, dice: “Guillermo Arango le debe a Otto Bula para pagar en feb 15/2014. $ 5’400.000.000 en propiedades, le dará Garantías Hipotecarias”.

Las pesquisas de la Fiscalía, con apoyo de la DEA, allegaron más indicios sobre esta conexión, con aparentes acciones de blanqueo de capitales mediante la compra, venta y traspaso de bienes en el triángulo turístico del Occidente antioqueño (San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia), Córdoba y Sucre.

Las averiguaciones se aceleraron tras la captura de Bula en enero, por su participación en la red de corrupción y sobornos de la compañía brasilera Odebrecht, contratista del Estado en obras de infraestructura. En el marco de ese expediente, el político costeño aceptó cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho impropio por dar u ofrecer.

A la evidencia recaudada en estos dos procesos, se sumó una sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta (16/2/16), que compulsó copias para investigar una presunta usurpación de tierra. “En 2008, en Montes de María se concentraron tierras en cabeza de una sola persona. Se intimidaron a los propietarios de la unidad agrícola familiar para vender 433 hectáreas a precios irrisorios, registrados a nombre de Agropecuaria el Central, de propiedad de Otto Nicolás Bula Bula”, precisó la Fiscalía sobre el fallo judicial.

La directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, declaró que por estas razones se ordenó la ocupación y embargo de 34 inmuebles, cinco vehículos, dos sociedades y 645 cabezas de ganado ligadas al político, sus familiares y supuestos testaferros.

Los bienes están en Medellín, Cartagena, Bogotá, la subregión de los Montes de María y en los municipios cordobeses de Montería, Sahagún, Lorica, Cereté y San Jacinto. El valor aproximado es de 53.000 millones de pesos.

MÁS INVESTIGADOS
Bula no es el único sospechoso de participar en las redes financieras de “la Oficina”. El Departamento del Tesoro de EE.UU. presentó el 10 de noviembre de 2014 un organigrama de 10 personas y 14 empresas supuestamente relacionadas con “Pichi Calvo” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Los ciudadanos y entidades implicadas recibieron sanciones financieras al ser incluidos en la Lista Clinton. Entre ellos están el equipo de fútbol Envigado F.C. y sus propietarios, así como un supervisor de guardas de tránsito de Envigado, NelsonDarío Isaza Sánchez (“Omega”).

Las averiguaciones del Gobierno estadounidense apuntan a determinar si Metaute lavó dinero por medio de transacciones con futbolistas, en cuyas maniobras era secundado por su socio Jorge Pérez Marín (“Morro”), asesinado en la masacre de nueve personas en una finca de la vereda El Salado, en Envigado (2012). Por esa matanza, igualmente impune, “Pichi Calvo” también era investigado.

NOTA RELACIONADA: Ocupan 35 bienes de “Pichi Calvo”, cabecilla asesinado de “la Oficina”.

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ANEXO: OTRO MIEMBRO DEL CLAN BULA PROCESADO
Otto Bula no es el único miembro del clan familiar implicado en presuntas acciones de corrupción, lavado de activos y usurpación de tierras.
En noviembre de 2014, la Dijín de la Policía arrestó a su hermano Adalberto José Bula Bula, en el marco de una investigación que permitió desmantelar una red de corrupción que adjudicaba lotes baldíos en Sucre de manera ilegal. Entre los detenidos hubo nueve funcionarios y exempleados del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El Inspector.

El operativo comenzó en la mañana de este miércoles (julio 15) y fue coordinado por la Dirección de Fiscalías para la Extinción de Dominio y la Dirección Antinarcóticos de la Policía. El monto total de los bienes es cercano a los 8.000 millones de pesos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía ocupó una vivienda en este condominio del sector El Tesoro, en el suroriente de Medellín, por estar presuntamente ligada a “Pichi Calvo”. Cortesía El Colombiano.

Una de las viviendas, ubicada en la urbanización San Sebastián de la Alameda, en el sector El Tesoro, está valorada entre $1.000 y $1.200 millones de pesos, de acuerdo con habitantes del condominio.

Wilmar Metaute, alias “Pichi Calvo”. Cortesía.

“Se aplicaron las medidas cautelares contra 19 bienes inmuebles, 10 vehículos y 6 establecimientos de comercio dedicados a variedades, ganadería y textiles, que estaban a nombre de él y de su núcleo familiar, principalmente de su esposa y su suegro”, declaró la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón.

Metaute Zapata, quien era conocido en el bajo mundo por su alias de “Pichi Calvo”, fue asesinado por su exsocios de “la Oficina” el 12 de junio de 2014, cuando acudió a una cita en una discoteca de Las Palmas y los sicarios lo abalearon en el parqueadero.

Después del homicidio, de acuerdo con fuentes de Inteligencia, otros líderes de “la Oficina” comenzaron a usurparle varios bienes, en una acción denominada “la recogida” en el argot criminal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA adelantaban una investigación preliminar en contra de “Pichi Calvo”, por su presunta participación en una red para el lavado de activos y el tráfico de cocaína a través de una ruta por Centroamérica.

“Este es el primer operativo que realiza la Dirección de Extinción de Dominio contra el brazo financiero de ‘la Oficina’”, recalcó Malagón.

NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”.

El Inspector.

La muerte de 9 personas a manos de sicarios que incursionaron en la vereda El Salado sigue impune y la Fiscalía y la Policía no han logrado esclarecer los hechos ni expedir una sola orden de captura. Esta es la investigación periodística de seguimiento al caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fachada de la finca en la cual se cometió la matanza. Foto de Edwin Bustamante.

“He preguntado a la Fiscalía y hasta el momento no hay resultados en la investigación, todavía están en proceso”, ratifica el alcalde envigadeño, Héctor Londoño.

Es claro que el objetivo de los mercenarios aquella madrugada del 31 de diciembre de 2012 era Jorge Pérez Marín, alias “Morro”, uno de los cabecillas de la banda “la Oficina”. Las demás víctimas sufrieron el horror por estar celebrando el Año Nuevo con quien no debían.

Después de lo ocurrido, el mapa del crimen organizado en el área metropolitana se fue transformando a partir de otros homicidios, capturas y alianzas entre facciones ilegales.

Pese al silencio que reina sobre el tema y la ausencia de buenas fuentes que guíen a las autoridades, el nuevo orden que ha emergido en el bajo mundo da pistas sobre a quiénes les convenía la muerte de “Morro”.

El deceso de Pérez fue el inicio de una purga interna en la que no solo fue eliminada de tajo toda su línea de mando, sino otros cabecillas que tenían en común el manejo de las finanzas en “la Oficina” y su oposición a crear alianza con “los Urabeños”.

EL COLOMBIANO ha dialogado con funcionarios de la Fuerza Pública, Fiscalía y el gobierno de E.U., que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso, para reunir las huellas dispersas de este enigmático caso.

1. La reunión que sembró la desconfianza

En octubre de 2012, dos meses antes de la matanza, uno de los jefes históricos de la organización criminal “la Oficina”, Carlos Aguilar (“Rogelio”), envió una carta a dos antiguos socios en Medellín:Jorge Pérez (“Morro”) y Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”). Según fuentes judiciales, les pedía que contemplaran la opción de someterse a la justicia de E.U. a cambio de beneficios.

“Rogelio” está en la cárcel de Manhattan desde 2008, cuando hizo un acuerdo con la DEA pensando en tener una condena rápida por narcotráfico. Sin embargo, procesos de otras agencias por homicidio y secuestro, complicaron su situación. Han pasado más de seis años y ni siquiera le han dictado sentencia; para rematar, el juez de la corte del Distrito Sur de Nueva York que llevaba su caso falleció de causa natural en 2014, lo que retrasará más el fallo.

Desesperado, Aguilar comenzó a colaborar con información y gestionar sometimientos de sus exsocios. En 2009 lo intentó con Fabio Vélez (“Nito”), pero “la Oficina” temió que él los delatara y lo mató en Rionegro (01/9/09).

Su carta a “Morro” y “Pichi Calvo” fue traída a Medellín por su hermana, la exfiscal del Bloque de Búsqueda, Cruz Elena Aguilar, junto a un prestigioso abogado de La Florida.

A la primera reunión, en un establecimiento de El Poblado, asistieron Pérez y Metaute. Allí los enteraron de la propuesta y de cómo funcionaba el sistema penal estadounidense. A la segunda reunión, el mismo mes, solo fue “Morro”.

Los investigadores indicaron que a “Pichi Calvo” no le sonó la idea y que “la Oficina” y los funcionarios corruptos con los que trabaja, comenzaron a temer una traición de “Morro” (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

 2. Exterminio de ala financiera

En la madrugada del 31/12/12, un comando sicarial irrumpió en la finca La Piscina de la vereda El Salado, en Envigado. Acribillaron a “Morro”, quien llevaba un año residiendo ahí, y a ocho invitados para la fiesta de Año Nuevo.

La masacre fue el principio de un exterminio en las entrañas de “la Oficina”. A los 25 días, los mercenarios asesinaron a “Conejo” en el barrio Laureles de Medellín, y a “Cachetes” en el barrio Santa Fe; ambos fueron trabajadores de “Morro”, según la Policía.

Después la aniquilación se concentró en cabecillas e integrantes del ala financiera de “la Oficina”. El 22/2/13 murió “el Primo” cuando conducía su carro en la vereda El Salado, la misma de la masacre; a los dos días abalearon a “Patetigre”en un parqueadero del barrio El Salvador de Medellín; y tres días más tarde la muerte le llegó a “el Zarco” en el barrio El Portal de Envigado.

Las rencillas no quedaron saldadas ahí. Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”), amigo y socio de “Morro” y quien al final rechazó la propuesta de “Rogelio”, fue asesinado el 12/6/14 en el estacionamiento de una discoteca de Las Palmas. En el hecho murió su acompañante Iván Ciro Muñoz (NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Y el pasado 25 de enero abalearon en la vía Las Palmas, a la altura de Envigado, a Mauricio Ramírez (“Mao Tatuajes”), quien según investigadores judiciales fue aliado de “Morro” y “Pichi Calvo”.

La mayoría de estas víctimas, además de supuestas relaciones ilegales en la estructura de “la Oficina”, tenía otra característica en común: se oponían a formar alianza con la banda “los Urabeños”, temiendo que estos se apoderaran del bajo mundo en el Valle de Aburrá.

3. Reacomodo en el bajo mundo

La matanza y los crímenes posteriores reflejan una división en la cúpula de “la Oficina”, la mafia que hasta 2012 controlaba el 90% de los combos del Valle de Aburrá.

En la actualidad, aunque conserva gran parte de sus tentáculos, debe compartir la hegemonía del bajo mundo con “los Urabeños”, una organización de origen narcoparamilitar con redes en tres continentes, 17 departamentos de Colombia y que estableció alianzas con bandas de Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa y Caldas, y en Medellín con grupos de las comunas 6, 8, 10, 13, 16 y los corregimientos Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Para no irse a una guerra desgastante y de alto costo, “la Oficina” y “los Urabeños” formalizaron un pacto clandestino de no agresión en julio de 2013, mediante el cual redujeron las confrontaciones armadas entre sus facciones y se repartieron las zonas para el tráfico de drogas y microextorsión (NOTA RELACIONADA: En cumbre mafiosa se pactó una tregua de combos).

La cúpula de “la Oficina” funciona como un comité directivo, integrado por cabecillas de las comunas y municipios del área metropolitana, y no todos estaban de acuerdo con la entrada de “los Urabeños” a su fortín histórico. El difunto “Morro”y “Pichi Calvo”(ala financiera), “don Pepe” y “Tuto” (Itagüí), “Fredy Colas” (comunas 8 y 10), y “Barny” y “Pichi Gordo” (nororiente) se resistían a la alianza y a compartir los territorios.

4. Emerge un nuevo orden en “la oficina”

Tras la masacre, las autoridades comenzaron una racha de capturas de cabecillas de “la Oficina”. Quizá por coincidencia, o por una movida maestra de la mafia, cayeron a la cárcel los principales jefes que se oponían a la alianza con “los Urabeños”, en especial los de los clanes del nororiente de Medellín e Itagüí.

Uno tras otro fueron detenidos “Pichi Gordo” (10/2/13), “don Pepe” (19/4/13), “Yordi” (06/8/13), “el Tigre”(26/10/13), “Tuto” (10/6/14), “Saya” (03/8/14) y “Barny”(09/2/15).

“Fredy Colas” firmó un preacuerdo para someterse a la justicia de E.U., que lo investiga por lavado de activos. A estos hechos se sumaron las muertes de “Pichi Calvo” y “Mao Tatuajes”, con lo que en la cúpula de “la Oficina”quedaron reinando los jefes proclives a la sociedad con “los Urabeños”.

Según fuentes de la Fiscalía y del gobierno de E.U., el hombre más fuerte en el comité directivo de “la Oficina” es Carlos Mesa, alias “Tom”. Lo sigue en importancia Carlos Arredondo (“Mateo”).

Ambos tienen indagaciones preliminares en E.U. por narcotráfico y lavado de activos, y el Departamento del Tesoro los incluyó en la Lista Clinton. En Colombia carecen de órdenes de captura, pero los investigan por sus redes en el Valle de Aburrá y la alianza con “los Urabeños”para negocios en el Norte y Occidente de Antioquia.

La armonía entre los dos grupos hegemónicos favoreció que Medellín en los últimos dos años alcanzara reducciones históricas de homicidios.

5. Lista Clinton y fútbol

En la finca donde fue perpetrada la masacre, hallaron varias planillas con los equipos inscritos en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Fuentes judiciales afirmaron que tres oncenos estaban resaltados:Envigado F.C., Arco Zaragoza y Tiendas Margos.

Para el Departamento del Tesoro de E.U. y la DEA, que le seguían la pista a “Morro” y “Pichi Calvo”, estos dos personajes al parecer lavaban el dinero del narcotráfico con transacciones financieras en el mercado futbolero.

Fue así como esa dependencia incluyó en la Lista Clinton, en noviembre de 2014, a personas y entidades presuntamente ligadas al blanqueo de activos para “la Oficina”, “Morro” y “Pichi Calvo”, en particular los relacionados con aquellos tres equipos resaltados en la planilla: Juan Pablo Upegui y su madre Margarita Gallego, copropietarios de Envigado Fútbol Club y la empresa de ropa Tiendas Margo’s, fabricante de los uniformes del citado equipo. Esas dos entidades quedaron igualmente en el listado.

También designaron en la lista a Óscar Echeverry Pareja (“el Mosco”), socio de Upegui y cazatalentos para las divisiones inferiores de Envigado F.C., quien usaría como cantera de talentos al club aficionado Arco Zaragoza.

Entre julio y noviembre del año pasado, el Tesoro sancionó a 58 ciudadanos y empresas supuestamente asociados con las redes de lavado para la banda, congelando sus transacciones financieras y visas. Los miembros de la cúpula quedaron reseñados, aunque la mayoría no tiene orden de captura en Colombia; entre ellos, “Tom”, “Mateo”, “Diego Chamizo”, “Fredy Colas”, “Tuto”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Pichi Gordo”, “Chaparro”, “Mono Amalfi”, “Beto”, “Nene” y “Orión”.

“Además de su participación en el tráfico de narcóticos, ‘la Oficina’ es cómplice de lavado de dinero, extorsión y asesinatos por encargo”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro (NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

6. El silencio de los no inocentes

La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado tiene la tarea de esclarecer la masacre, pero dos años y dos meses después, es poco el avance. Ni siquiera una orden de captura ha expedido, tampoco allanamientos.

Sobre el hecho hay un silencio absoluto, no hay testigos y los informantes solo divagan. Los cabecillas de “la Oficina” que están en la cárcel saben lo que ocurrió, pero se niegan a hablar. Es el caso de “Tuto”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Yordi” y “Pichi Gordo”.

Lo absurdo es que varios fueron beneficiados en sus penas gracias a preacuerdos con la misma Dirección contra el Crimen Organizado, que no les exigió cooperación con datos, sino la mera aceptación de unos cargos. “La verdad de la matanza está tras las rejas”, dice un investigador, quien pide reserva de su nombre.

También persisten los intentos por torcer la investigación. Fuentes cercanas al tema comentaron que la delincuencia ha ofrecido $12 millones por el informe de los criminalistas que estuvieron en la escena, donde de forma inusual hubo personal mezclado de CTI y Sijín, cuando lo pactado es que se turnan las inspecciones cada 24 horas; $3 millones por un blackberry de “Conejo”, el lugarteniente asesinado de “Morro”; y otra suma no especificada por el paradero de la empleada doméstica que sobrevivió a la matanza porque se fue a dormir temprano en la casa vecina.

La teoría más fuerte apunta a que la masacre fue ordenada por una falange de la propia “Oficina”, y hay dos móviles sobre la mesa: para que “Morro” no delatara a sus miembros en E.U., y por su oposición a la alianza con “los Urabeños”. De hecho, se investiga si estos últimos participaron en la planeación y ejecución, en asocio con sus facciones aliadas de “la Oficina”.

Lo cierto es que este crimen está impune y los muertos que parecen estar asociados son muchos más que nueve.

El Inspector.