Un equipo de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía lo capturó en la tarde del 13 de agosto, en una urbanización del sector La Cola del Zorro, en El Poblado, suroriente de Medellín, para que responda por una condena de seis años y cuatro meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El político Óscar Suárez Mira fue detenido en un apartamento de El Poblado, en Medellín. Foto cortesía de la Policía.

El expediente, adelantado por la Corte Suprema de Justicia (Proceso N° 27267) comenzó en el año 2009, en el marco de las investigaciones por la “parapolítica”, es decir, los nexos criminales entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los partidos políticos colombianos.

Varios desmovilizados atestiguaron que Suárez Mira recibió apoyo de las facciones paramilitares en el Valle de Aburrá y la subregión de Urabá, que presionaron a la población para obtener votos, que finalmente sirvieron para que el abogado antioqueño lograra curules para la Cámara de Representantes en 2002 y el Senado en 2006.

Óscar Suárez Mira nació en Bello, Antioquia, donde luego fue alcalde. Foto de archivo.

Ese constreñimiento a los electores llegó por parte del bloque Élmer Cárdenas, que lideró Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), y de la banda “Pachelly” de Bello.

En 2011 fue detenido y el 24 de julio de 2013 el alto tribunal lo condenó a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado; sin embargo, el exalcalde de Bello apenas estuvo preso tres años y 11 meses. En noviembre de 2014, un juez de ejecución de penas y medidas le concedió la libertad condicional, valorando su buen comportamiento en la cárcel de Yarumito.

DINERO SUCIO
En el fallo de la primera sentencia, la Corte ordenó compulsar copias para abrir otro expediente en contra de Suárez, esta vez por el cargo de enriquecimiento ilícito, por haber recibido presuntamente dineros de las Auc y de la organización criminal “la Oficina”.

Dentro de los testimonios reunidos, estuvo el de Juan Carlos “el Tuso” Sierra, uno de los principales financiadores de las Auc. Señaló que Suárez Mira tenía una estrecha relación con Daniel Mejía Ángel (“Danielito”), comandante del bloque Héroes de Granada y de “la Oficina”.

“El aporte a Óscar Suárez fue a través de Daniel, en efectivo”, afirmó, aduciendo que el dinero, entre $200 y $300 millones, se camufló como parte de proyectos productivos en La Ceja, de 2002 en adelante.

Otro declarante fue John Jairo Ortega, un testigo protegido de la Fiscalía, quien afirmó que ese mismo año hubo una reunión en la cárcel de San Quintín, en Bello, donde varios jefes paramilitares le entregaron $20 millones al político.

Durante las audiencias, el procesado siempre negó dichas reuniones.

Esta nueva línea del caso produjo una decisión el 12 de noviembre de 2015: la Corte dictó una medida de aseguramiento; no obstante, Suárez Mira escapó antes de ser arrestado de nuevo.

En la clandestinidad, les dijo a sus abogados que era inocente y además víctima de una persecución política. Justificó su ausencia de los estrados aseverando que no tenía garantías procesales. En redes sociales, sus seguidores le expresaron respaldo con la etiqueta #SuárezYoTeCreo.

El proceso penal continuó, con él en calidad de prófugo, y el 3 de agosto de 2020 el alto tribunal informó que lo halló culpable otra vez, ahora por el citado enriquecimiento ilícito.

Esta sentencia reactivó la cacería de las autoridades, que lograron arrestarlo el 13 de agosto, allanando su apartamento en El Poblado. El condenado, que se encontraba en compañía de dos hombres y una mujer, no opuso resistencia.

“Desde hace un año se venía realizando inteligencia policial y seguimientos, con el fin de esclarecer qué movimientos hacía y cuáles eran sus relaciones con otras personas en el Valle de Aburrá”, expresó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

El ciudadano de 61 años fue internado en el calabozo de la URI Sur de la Fiscalía, en Envigado, a la espera de que el Inpec decida su lugar de reclusión. Según el oficial, la Corte habría solicitado que lo trasladen a un establecimiento carcelario de Bogotá.

NOTA RELACIONADA: Óscar Suárez Mira lleva una semana evadiendo la justicia.

El Inspector.

Por eso cuando las autoridades anunciaron su captura, relacionándolo con la organización que manejaba las plazas de vicio en la localidad, todos sus compañeros quedaron estupefactos. El presidente de la corporación, Ricardo Gaviria, acababa de salir de una sesión y recibió la llamada de un periodista que le preguntaba por el arresto. “¡¿Cómo así?!”, exclamó asombrado.

Esta es la historia, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El concejal Carlos Obando fue detenido en su apartamento de Envigado y aquí aparece divisando el panorama. Cortesía de la Policía Metropolitana.

El abogado Obando fue uno de los 25 detenidos en la Operación Dólar, en la cual también cayeron ocho patrulleros de la Policía local, que fueron destituidos. En los allanamientos la Dijín y la Dipol incautaron 120 millones de pesos.

El inspector general de ese organismo, general Santiago Parra, informó que la estructura afectada fue la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), uno de los tentáculos de la banda “la Oficina” en el sur del Valle de Aburrá.

“Me extraña lo del concejal, porque nunca se oyó rumor alguno, pero lo de los policías era vox populi en Envigado, ellos iban a cobrar sus cuotas a las plazas”, contó el alcalde Héctor Londoño.

Según fuentes cercanas al caso, fue en unos talleres de sensibilización donde comenzó a germinar la pista para sustentar el expediente. Cada mes la Policía reúne a sus uniformados y les da cátedras sobre valores, anticorrupción y los principios rectores de la institución. Un asistente, tras culminar una de las reuniones, pidió audiencia privada para contar “lo que estaba pasando en Envigado”.

La denuncia ascendió hasta la Inspección General en Bogotá. Los investigadores determinaron que la organización supuestamente corruptora era la “Odín Trianón”, cuyo cabecilla Dairo Muñoz Torres, alias “el Indio”, está en prisión desde 2012 pagando una pena de 9 años por concierto para delinquir.

Hace tres meses comenzó un proceso de infiltración en ese grupo, en el que varios policías se disfrazaron de expendedores, consumidores de vicio y comerciantes informales.

Establecieron que la banda controlaba la mayoría de plazas del municipio, en particular en los barrios La Sebastiana, San Mateo, Obrero y La Magnolia.

Los expendios eran tan tradicionales, que hasta tenían nombre: “La oficina de San Mateo”, “El burro”, “La calle del diablo”, “La Queens”, “El polaco” y “La virgencita”, los cuales comercializaban a diario unos 7 millones de pesos en dosis.

El concejal Carlos Obando entró al Concejo para el periodo 2012-2015.

En esos lugares, varias familias apoyaban los movimientos clandestinos y daban abrigo a los traficantes, pues estos les pagaban las facturas de servicios públicos.

Como líderes de la estructura identificaron a alias “Dólar” y a su esposa, así como a “Media Luna” y “Chichis”. También a ocho patrulleros que presuntamente les colaboraban en sus negocios, brindándoles información sobre operativos y facilitándoles el trueque de alucinógenos. Esos uniformados llevaban entre cuatro y diez años sirviendo a la Policía.

Pero hubo un personaje en particular que llamó la atención de los infiltrados, pues los sospechosos se referían a él como “el Diputado” y le daban mucha importancia.

Según el general Parra, ese hombre sería Obando, del partido de la “U” y vicepresidente primero del Concejo. “Era el que orquestaba, patrocinaba y les daba asesorías jurídicas”, precisó. Ahora tendría que responder por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

El concejal Jorge Correa advirtió que la semana pasada esa corporación le había pedido al comandante de la Policía que actuara contra la criminalidad del municipio, sobre todo en el marco del ataque a las ollas de vicio ordenado por el presidente Juan Manuel Santos.

Y en la madrugada de ayer la Dijín allanó el apartamento de Obando, en Envigado, y lo capturó. En palabras de Gaviria, “es un caso desafortunado para él, espero que pueda probar la inocencia” .

NOTA RELACIONADA: Así se fue cerrando el cerco contra “el Indio”.

El Inspector.

El plan criminal contra su vida, denunciado ante los medios de comunicación por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, despierta todo tipo de interrogantes.

Sergio Fajardo dijo que esta era la primera amenaza seria contra su vida. Foto cortesía de la Gobernación.

El mandatario explicó ayer en una rueda de prensa que Inteligencia Militar tenía información sobre personas que estarían fraguando un atentado, y que altos mandos militares y policiales le notificaron esa situación el sábado anterior.

El miércoles lo llamaron de nuevo, para que tuviera cuidado porque la acción ilegal se iba a ejecutar ese día. “Las autoridades me dijeron: ‘lo quieren asesinar’“, narró el funcionario. Pero no pasó nada, por fortuna.

Las medidas preventivas que se han tomado hasta ahora incluyen cambios en el personal que escolta a Fajardo, ajustes a su esquema de seguridad y al de la sede de la Gobernación en Medellín, donde los periodistas, por ejemplo, deben enviar todos sus datos de identificación con antelación para poder entrar. Pese a la alerta, el político aseguró que no modificará su agenda.

El Gobernador no dio los detalles del caso, aunque dijo que ya estaban en manos de la Fiscalía para iniciar la investigación. Sin embargo, en su discurso dio a entender que había pistas sobre los posibles autores materiales, mas no de los intelectuales, que son los que más le preocupan.

Según el funcionario, el problema “se podria relacionar con las denuncias contra la corrupción, que es una empresa criminal tan difícil de combatir como la guerrilla. En ese terreno se mueven muchos intereses, sé que estamos tocando fibras muy poderosas”.

Son múltiples las quejas que ha hecho sobre los corruptos, mas para nadie es un secreto que las más complejas y  sonadas han sido contra la anterior Gobernación (2008-2011), encabezada por Luis Alfredo Ramos. En febrero publicó el famoso Libro Blanco, señalando numerosas presuntas irregularidades de la administración pasada, varias de ellas retomadas por organismos de control como la Contraloría. Fajardo, no obstante, se ha cuidado de no acusar a nadie por la amenaza.

En el mundo político de Antioquia hay dos bandos bien diferenciados, de lado y lado van y vienen denuncias, contradenuncias e insultos maquillados entre las frases de cada discurso. Las diferencias de estos clanes han trascendido de lo político a lo legal, con investigaciones penales y disciplinarias de por medio para miembros de parte y parte.

Uno de esos grupos de pensamiento divergente lo integran el gobernador Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria y el exalcalde Alonso Salazar, además de los gabinetes y escuderos de cada cual. En la otra esquina están el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez y el excandidato a la Gobernación Álvaro Vásquez, con sus respectivos simpatizantes.

No es prudente, por la falta de pruebas, señalar a unos u otros por las amenazas, pero la denuncia de Fajardo arroja más sombras a una situación política ya muy tensionante en la región.

Este es el clima que favorece al crimen organizado, el de la inestabilidad, porque las bandas ilegales entran a patrocinar, favorecer u obstruir los intereses, y siempre encuentran a alguien dispuesto a “dejarse colaborar”. El supuesto plan contra Fajardo es lo que está por encima, ¿pero qué se estará cocinando por debajo?

El Inspector.

Este ha sido el peor año para la banda, pues entre el DAS, la Policía y el Ejército le han apresado a 24 supuestos integrantes, incluyendo a tres líderes, así como a tres policías y una funcionaria de la Alcaldía bellanita, al parecer corruptos.

Tras la captura en Rionegro, 'Guayabo' fue reseñado en la sede de la Sijín en Medellín.

La aprehensión la logró un grupo especial de policías enviados desde Bogotá, los cuales lo sorprendieron el pasado miércoles (7 de diciembre) en una finca del municipio de Rionegro. Allí estaba con otras personas, a las cuales se investiga para ver si hay alguna conexión ilegal, y además se halló una pistola Glock 9 milímetros.

Jairo Ardila, alias ‘Guayabo’, quien tiene antecedentes por tráfico de armas, falsedad documental y homicidio, tendrá que responder ahora por concierto para delinquir.

Recibirá el Año Nuevo en prisión, al igual que otros presuntos líderes de ‘Pachelly’ apodados ‘Alber’ y ‘Lancha’, quienes cayeron en un operativo anterior (ver la NOTA RELACIONADA: Bofetada de la Fuerza Pública al crimen organizado).

Los resultados de la Fuerza Pública contra esta peligrosa estructura animan a los ciudadanos a denunciar, sin embargo, hay un factor que sigue perturbando a la comunidad: el ‘brazo político’ de la mafia bellanita.

Jairo Ardila, apodado 'Guayabo'.

Todos lo comentan, nadie lo confirma, señalan a algunos, pero no pasa mayor cosa. Desde los tiempos en que Hugo Albeiro Quintero, alias ‘El Patrón’, era el mandamás del bajo mundo en esa localidad, se sabe de un vínculo entre un sector oscuro de la vida política y organizaciones como ‘Pachelly’.

Incluso, en las correrías de periodista conocí a un comandante policial del municipio (ya lo trasladaron), que se quejaba porque cada vez que le incautaba una moto a un sicario, recibía la llamada “de los funcionarios que mandan” para que devolviera el vehículo, con la excusa de que el requerido hacía parte de una mesa de paz.

El oficial lo sufrió en secreto. “Así son las cosas aquí”, decía aburrido e impotente, con más ganas de irse que de luchar, por miedo a que esos funcionarios lo “encochinaran” y le dañaran la carrera. Es la misma queja que se oye en barrios como Niquía, Mesa, Manchester, Las Granjas, La Gabriela, París, donde la vecindad parece acostumbrada a pagar las ‘vacunas’ extorsivas y soportar las amenazas de los pillos.

Tras recoger esas quejas de la comunidad, varias hechas a través de los comentarios en Revelaciones del Bajo Mundo, invito a las autoridades a continuar con ese buen trabajo de desarticular las estructuras ilegales de la localidad, sin olvidarse de esa ‘ala política’ tan mencionada en las calles, pero poco judicializada en los estrados.

Si no lo hacen, pues ellos se asociarán con otra banda después de la caída de ‘Pachelly’, como ‘Los Chatas’, ‘El Mesa’, ‘Los Triana’ o cualquiera de las 12 que tienen influencia en Bello.

NOTA RELACIONADA: Operativo contra ‘Pachelly’ y 4 presuntos corruptos.

El Inspector.