El ciudadano, considerado por las autoridades como uno de los criminales más peligrosos del noroccidente de Medellín, es uno de los cabecillas de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico”), la estructura ilegal comandada por Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”.

José Otalivar Chavarría, alias “Jotalibán”, pernocta en la cárcel La Picota. Cortesía.

Alias “Jotalibán”, también apodado “Jotalivar”, “JJ”, “Gonzalo” o “Chalo”, fue capturado por la Sijín el 29 de julio de 2013 en el barrio Calasanz. La Policía lo reseñó como el líder de los combos de la comuna 7, a órdenes de “Carlos Pesebre”, y quién sería el encargado de coordinar el entrenamiento militar de los sicarios en una finca del municipio antioqueño de Guarne, donde recibían instrucción para manejar fusiles.

La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó cargos por doble homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y concierto para delinquir agravado.

El caso que terminó complicando la situación jurídica del cabecilla sucedió el 11 de marzo de 2013, cuando los matones de la “Odín Robledo” asesinaron a dos jóvenes en el barrio Aures. La razón para haber matado a “Casco” y “Edwin”, como les decían, fue que se negaron a trabajar para la facción. El crimen, además, estuvo acompañado del desplazamiento de 8 personas que lo atestiguaron en plena vía pública.

Chavarría negó los cargos y se fue a juicio con la Fiscalía, sin poder demostrar su inocencia en el estrado. El 26 de marzo de 2015 el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín dictó el sentido del fallo condenatorio y programó la audiencia de sentencia (en la cual se dice el número años a pagar y se argumentan los motivos) para el 12 de mayo.

Ese día, sin embargo, “Jotalibán” no se presentó a la diligencia judicial. En cambio mandó con su cónyuge el texto de una denuncia contra la fiscal que lleva su caso, argumentando que se extralimitó en sus funciones, que todos los testigos en su contra mienten, que la Policía lo acusó falsamente y que, en pocas palabras, es víctima de un complot.

El procesado pidió además que su sentencia se aplazara hasta que otro juzgado resuelva su denuncia contra la Fiscalía. Mientras tanto, esperará en la cárcel La Picota, de Bogotá. Para colmo, su abogado contractual renunció.

Fuentes cercanas al caso indicaron que les pareció muy coincidencial que el texto de la denuncia de “Jotalibán” hubiese sido redactado y asesorado por una abogada exesposa de Didier Ríos López, alias “Tuto”, cabecilla de la “Odín la Unión” y miembro de la cúpula de la organización criminal “la Oficina”, a la que también pertenece “Carlos Pesebre”, el jefe de Chavarría (ver la NOTA RELACIONADA: Monitoreo a 78 teléfonos públicos llevó a la caída de “Tuto”).

Se investiga si detrás de esta movida hay un intento de varios cabecillas de “la Oficina” para frenar los procesos penales, a través de la formulación de denuncias contra los funcionarios que los enviaron a la cárcel.

Por lo pronto, el Juzgado Tercero Penal Especializado fijó una nueva fecha para la audiencia de tasación de la pena de “Jotalibán”, para el próximo 9 de junio. Juristas consultados por Revelaciones del Bajo Mundo estiman que, teniendo en cuenta que hay dos muertos de por medio y varios delitos en la acusación, la sentencia podría rondar los 40 años.

NOTA RELACIONADA: Aseguran a “Jotalibán”, supuesto cabecilla de Robledo.

El Inspector.

Muchos horrores de aquella época han quedado en la impunidad. Uno de ellos son los crímenes de “los Pepes”, una organización enemiga de Escobar, que desangró a la ciudad a punta de bombas, secuestros y sicariatos, en su carrera vengadora contra el capo. Solo un hombre fue condenado por esos hechos, y está muerto. Esta es la historia, reconstruida por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la finca La Manuela, en el municipio de El Peñol, luego de que "los Pepes" la dinamitaran en 1993. Pablo Escobar la había llamado así en honor a su hija menor. Archivo El Colombiano.

El primero de marzo de 1993 un comando de mercenarios con prendas de la Fuerza Pública ingresó de madrugada a la urbanización Villa Jardín, de El Poblado, y secuestró al constructor Luis Guillermo Londoño White.

Su cadáver magullado apareció, horas más tarde, en un paraje del barrio Loreto, con un letrero que decía: “Servil testaferro iniciador de secuestros al servicio de Pablo Escobar”, firmado por “los Pepes”.

Tres días después, otro grupo armado que vestía atuendos del DAS torturó y asesinó al abogado Raúl Jairo Zapata Vergara. El cuerpo fue hallado en el sector La curva del Diablo, de Moravia, con un cartel que pregonaba: “Por inescrupuloso defensor del cartel, abogado de Escobar, Santiago Uribe (jurista), Salomón Lozano Cifuentes, Gilberto Gómez, Luis Ángel y Claudia de la Procuraduría”, signado por el mismo grupo.

Con una serie de atrocidades similares, se dio a conocer ese año un clan de vengadores, autoproclamado “Perseguidos por Pablo Escobar”, que firmaba sus acciones con la rúbrica de “los Pepes”. Su objetivo era aniquilar todo aquello que guardara una relación, así fuera por mera sospecha, con el patrón del cartel de Medellín.

En una sentencia de radicado 766F-10.676 (del año 1997), un juez regional sin rostro definió así los alcances de la cofradía: “Al desatar la guerra interna, algunas víctimas deciden su entrega a las autoridades en procura de protección estatal, y a cambio suministran información para ubicar a integrantes de la terrorista agremiación, iniciándose así la desarticulación del cartel”.

Y prosigue: “Pero otros que habían sobrevivido al exterminio de los Moncada y los Galeano, pusieron en marcha su plan de venganza para la ejecución del jefe del cartel y sus esbirros, amparados por un aparato terrorista tan o más sanguinario que aquel que el cartel había estructurado, acuñado bajo el rótulo de ‘los Pepes’, destruyendo en el oriente, sur y suroeste antioqueño innumerables propiedades, sumándose los crímenes de varios agentes cercanos al capo y sus abogados, obligando a los familiares de este a viajar al exterior. Lo que condujo al desenlace final el 2 de diciembre de 1993, ya conocido públicamente”.

Para los investigadores, el origen de esta facción data de los días posteriores al 4 de julio de 1992, cuando Escobar ordenó la muerte de sus socios Gerardo “Kiko” Moncada y Fernando “el Negro” Galeano en la cárcel La Catedral, por considerar que lo habían traicionado. Al doble homicidio le siguió el saqueo de sus propiedades y la eliminación sistemática de sus trabajadores.

ABSOLUCIONES
En indagatorias ante la Fiscalía, posteriores a su reclusión en el penal de Itagüí, Roberto Escobar Gaviria manifestó que “los Pepes” estaban conformados por antiguos socios del cartel de Medellín, paramilitares, la cúpula del cartel de Cali y miembros corruptos de la Fuerza Pública con apoyo del gobierno de E.U.

El grupo operó entre 1992 y 1993, detonando bombas, secuestrando, destruyendo edificaciones y aplicando el sicariato desenfrenado.

Pese a estas conductas, la justicia ha obrado con una sorprendente parsimonia. A la fecha, señalan fuentes judiciales, apenas hay una sentencia contra “los Pepes” y el condenado no pagará un solo día de prisión por ello, porque está muerto: Fidel Castaño Gil, alias “Rambo”, precursor de las autodefensas en Colombia.

La sentencia con radicado 11220-50217-0770 fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, el 30 de noviembre de 2001. En ese expediente fueron procesados los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, así como Eugenio León García Jaramillo, apodado “Lucho” o “el Taxista”.

Los delitos que les endilgaban eran incendios, terrorismo, conformación de grupos armados ilegales, homicidio agravado, porte ilegal de armas, lesiones personales y secuestro extorsivo, por su presunta militancia en “los Pepes”.

No obstante, muchos de quienes los denunciaron, incluyendo al propio Roberto Escobar, se retractaron a lo largo del proceso.

En consecuencia, el juzgado absolvió a Carlos, Vicente y García, y condenó a Fidel por apenas uno de los delitos investigados:conformación de grupos armados ilegales.

La pena fue de 13 años y medio de celda y una multa de 3.000 salarios mínimos legales vigentes, proferida siete años después de su asesinato en San Pedro de Urabá (ver la NOTA RELACIONADA: Hallaron la tumba del precursor del paramilitarismo y “los Pepes”).

LOS INFORMANTES
En el citado expediente, así como en otros procesos contra lugartenientes de Escobar, hay múltiples referencias a dos integrantes de “los Pepes”, antiguos trabajadores del narcotraficante “el Negro” Galeano: alias “el Ñato” y “Semilla”, temidos por su crueldad contra los miembros del cartel.

En un fallo del Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín (radicado 10.676-766C-E-H-99000430 del 21 de julio de 2001), se cita la declaración de un testigo, quien reseñó que había ocultado la muerte de un secuaz de los Galeano porque “me daba miedo de ‘Semilla’ y ‘el Ñato’, que eran íntimos amigos de ‘Bocadillo’ (el occiso), miedo de que me mataran o a mi familia si se enteraban de que yo lo había hecho”.

El paso del tiempo confirmó que estos motes hacían referencia a los hermanos Diego Fernando y Rodolfo Murillo Bejarano.

Diego (“el Ñato”), también apodado “don Berna”, llegaría a ser jefe de las organizaciones criminales “la Terraza”, “la Oficina” y los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Auc, así como inspector general de las autodefensas en Colombia.

Lo extraditaron en 2008 y hoy paga una condena de 31 años en E.U., por narcotráfico.

“Semilla” fue asesinado en un concesionario de carros de la avenida El Poblado, el 28 de octubre de 2001.

En uno de sus diálogos con la prensa, Murillo reconoció que su grupo era el tercer puntal en la mesa contra Escobar. Los otros dos eran la DEA y el gobierno colombiano.

Según estudios de Inteligencia en poder de la justicia, estos hermanos fueron informantes del Bloque de Búsqueda contra Escobar, cuando el comandante era el coronel Hugo Rafael Martínez Poveda (1992/93).

A cada uno se le asignaba un código, correspondiéndole a “el Ñato” el V0027 y a “el Taxista” el V0016.

De “los Pepes”, el Bloque contaba con cinco informantes reclutados y 36 voluntarios, entre los cuales había antiguos socios del “Patrón”, como “Julio Fierro” (muerto) y “Perra Loca” (extraditado); la lista de fuentes la complementaban 37 personas que enviaban correos en Medellín, 96 que lo hacían en Bogotá y 802 catalogados como “informantes casuales”.

De “los Pepes” originales, han muerto los hermanos Castaño, “Doble Cero”, “el Tigrillo”, “Semilla” y otros. El sobreviviente más visible es Murillo, ¿entonces por qué la justicia no lo ha procesado por esos crímenes?

DURO DE INVESTIGAR
Entre 1997 y 1999 fueron asesinados por sicarios 12 investigadores del CTI de Medellín, los cuales tenían a su cargo investigaciones contra “los Pepes”, “la Terraza”, “la Oficina” y las Auc, es decir, las organizaciones en las cuales participaron “el Ñato” y sus amigos (ver la NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda “La Terraza”).

La Fiscalía 15 adscrita a la Unidad Nacional de Justicia y Paz le imputó a Murillo las muertes de esos servidores públicos el 4 de septiembre de 2012, porque este las había reconocido durante las versiones libres ligadas a su reinserción.

El proceso de confesiones marchaba sobre ruedas, Murillo  había aceptado su responsabilidad en los asesinatos de personajes tan sonados como el jurista Jesús María Valle y el humorista Jaime Garzón, pero cuando la Fiscalía iba iniciar los interrogatorios relacionados con las acciones armadas de “los Pepes”, un imprevisto ocurrió.

Murillo, desde la prisión de La Florida, trató de dilatar el momento, al parecer, por temor a delatar a algunos exaliados que ahora ocupaban cargos importantes en el Gobierno, según una fuente cercana al extraditado, que pidió la reserva de su nombre.

Luego la Dirección Central de la Fiscalía relevó de su cargo a la fiscal 15, Patricia Hernández Zambrano, trasladándola a un despacho en Florencia (Caquetá). Ella, entre otros casos, tenía a cuestas las versiones libres de Murillo y las indagaciones sobre su supuesta militancia en “los Pepes”.

El traslado provocó que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el pasado 16 de enero, enviara una carta al fiscal General Eduardo Montealegre, en la que sustentaba un “serio motivo de preocupación” por esa medida.

“La decisión significa un desestímulo para la mencionada fiscal quien, a juicio de la Sala, era una de las dos mejores fiscales con que contaba la Unidad de Justicia y Paz de Medellín y estaba comprometida con el esclarecimiento de la verdad y la celeridad en el proceso de Justicia y Paz. Estos procesos, por la magnitud de los delitos cometidos y la trascendencia para el país, necesitan de los mejores fiscales y su desmantelamiento paraliza la gestión de la Sala de Justicia y Paz”, dice la misiva.

A pesar del reclamo, hubo cambio de titular en la Fiscalía 15. Al preguntarle por la suspicacia que generaba en el ambiente el traslado de funcionaria, antes de iniciar las versiones libres por los actos de “los Pepes”, el vicefiscal General, Jorge Perdomo, argumentó de esta manera lo decidido: “No debe haber lugar a sospechas, es una decisión que tomamos para darle más realce al caso, asignaremos a una persona de más perfil”.

A la fecha, sin embargo, no han comenzado las diligencias con Murillo.

El expediente sobre la agrupación clandestina permanece en un silencio tan sepulcral como el de aquellos tiraderos de cadáveres, donde hace 20 años aparecían las víctimas con un letrero manchado de sangre, firmado por “los Pepes”.

El Inspector.

Lo cierto que no se sabe nada de su paradero desde el 20 de marzo de 2009, cuando fue visto por última vez en el municipio de Bello. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Con este reporte se adelanta la búsqueda de Euden Torres. Cortesía.

A sus familiares llegaron informaciones extraoficiales, según las cuales habría sido desmembrado y sepultado en un paraje rural. Sin embargo, en el Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI continúa abierta la investigación para encontrarlo, vivo o muerto. Por eso disponen de un teléfono de contacto, para quien tenga datos sobre este caso: 444 66 77, extensiones 1156, 1157 y 1159.

Quintero, quien fuera el gerente de Bellanita de Transportes S.A., la empresa de buses de servicio público más importante del Norte del Valle de Aburrá, fue capturado en 2008 y posteriormente condenado a 7 años y 5 meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que lo halló responsable de concierto para delinquir agravado.

La investigación de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) arrojó que el sentenciado apoyó logística y financieramente a las Autodefensas Unidas de Colombia. En febrero de 2012 obtuvo la libertad condicional, la cual cumple en su finca-búnker de la vereda Tierradentro, en Bello.

El proceso penal, sin embargo, fue opacado por el infortunio de los tres testigos clave de la Fiscalía: la desaparición de Torres Vásquez en 2009 y el asesinato de Jorge Duque Ortiz, alias “Gallo”, cuyo cuerpo fue abandonado en la cajuela de un taxi (2010), en el centro de la capital paisa.

El tercero de los denunciantes es Yovanny Gómez, un primo de Quintero, quien huyó por miedo. No obstante, apareció el pasado 18 de abril, cuando el Gaula Militar Antioquia lo arrestó en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, sospechoso de participar en una extorsión de 5 millones de pesos a un comerciante.

Fuentes cercanas al operativo manifestaron que el detenido advirtió que lo había hecho porque “ya no tenía plata ni para pagar los servicios públicos”, y que aún temía por su vida. Como primera medida lo enviaron a la cárcel Bellavista, después de que este negara en el estrado el cargo por tentativa de extorsión agravada.

Solo falta esclarecer el paradero de Euden Torres, de 31 años al momento de la desaparición, según el registro. Su gente lo recuerda trigueño, delgado y con un tatuaje en forma de cruz en una mano.

NOTA RELACIONADA: Testigo perdido del caso del “Patrón de Bello” aparece en extorsión.

El Inspector.

Pero una cosa son los señalamientos y otra los juicios, porque a la fecha, solo dos jefes de esa banda han sido judicializados y condenados por el delito de homicidio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la justicia ha sido incapaz de responsabilizarlos en el estrado por esas muertes? ¿Por qué estos cabecillas de primera línea no han recibido sentencias severas por derramar sangre a través de sicarios?

Cuando ocurrió la matanza de 8 personas en Envigado, el 2 de julio de 2010, la Policía indicó que la causa era la guerra entre "Valenciano" y "Sebastián". A ninguno de ellos le han abierto cargos por eso. Foto de Esteban Vanegas.

Una de las explicaciones es que la mayoría de estos expedientes han sido asumidos por la Unidad Nacional de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, cuyo “sello particular” parece ser procesar a la gente por la conducta de concierto para delinquir,  con preacuerdos de por medio. Esto, al fin de cuentas, genera penas inferiores a los 17 años en promedio, que sumados a los beneficios por confesión y buena conducta en prisión, se reducirían aún más.

Frente a estos temas, cada vez pierde más fuerza la Unidad de Vida de la Fiscalía, que judicializa a los sospechosos por homicidios y en esa instancia podría lograr, incluso, la pena máxima de 60 años. Para citar un ejemplo reciente, esta Unidad debería asumir por derecho propio el caso de la masacre de 9 personas en Envigado (31/12/12), sin embargo, una semana después del hecho el expediente fue asignado a la de Bandas Emergentes.

Otra de las explicaciones, de acuerdo con fiscales consultados, es que la consecución de pruebas relacionadas con los homicidios de esta banda es muy difícil por tres razones: cuando determinan una muerte, en la cadena de ejecución del crimen intervienen muchas personas, lo que hace difícil rastrear su participación; la alta capacidad de intimidación a los testigos, que evita formular denuncias y entregar información; y su poder de corrupción, por el cual hay funcionarios públicos infiltrados que se encargan de torcer los procesos.

Entre los argumentos también se tiene que hay fiscales que, por miedo, evitan enfrentarse a estos mafiosos en un proceso penal de largo aliento, con penas de muchos años de por medio. Para estos servidores es mejor hacer preacuerdos y salir rápido del caso. Algunos de ellos lo justifican afirmando que “así se reduce el desgaste del aparato judicial del Estado” y otros simplemente dicen que el Gobierno y la Fuerza Pública son incapaces de protegerlos ante cualquier amenaza. 

En términos concretos, estas son los procesos y condenas contra los cabecillas de “la Oficina”:

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”: condenado a 31 años y tres meses de cárcel en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En el marco de la ley de Justicia y Paz, en el que participa en calidad de desmovilizado, le han imputado varios homicidios perpetrados por la banda “la Terraza” entre 1996 y 2000.

Gustavo Upegui: antes de ser asesinado en 2006, salió absuelto de un proceso judicial por conformación de grupos armados al margen de la ley.

Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias “Rogelio”: procesado en Estados Unidos por narcotráfico y su supuesta participación en la muerte del narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, quien para la fecha (2007) era informante de la DEA. También lo investigan por el secuestro de un agente de la Agencia de Inmigración (ICE) en Medellín.

Mauricio López Cardona, “Yiyo”: los mismos cargos de “Rogelio”, salvo el caso de Cifuentes Villa.

Fabio Acevedo, “don Efe”: procesado por concierto para delinquir.

Daniel Alejandro Serna, “Kener”: acusado del homicidio de un joven en 2003 en Amagá y condenado a 6 años por concierto para delinquir, ambos cargos derivados de su militancia en las Autodefensas. Judicializado por fuga de presos. 

Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Duncan” o “Jerónimo”: condenado a 3 años por porte ilegal de armas y falsedad en documento. Le dieron detención domiciliaria en una casa de Bogotá, de la cual se fugó en 2010. En su contra hay una Circular Roja de Interpol.

José Leonardo Muñoz Martínez, “Douglas”: condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Franklin Andrés Vargas Cardona, “Frank”: sentenciado a 16 años y 4 meses por tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de documento falso. Hubo preacuerdo con la Fiscalía. El Juzgado, inconforme con dicho pacto, ordenó compulsar copias para que se habrán investigaciones por la supuesta participación de “Frank” en las muertes de Efraín Maldonado (“don Efra”) y el empresario de vehículos Robert Bohórquez.

Félix Alberto Isaza Sánchez, “Beto”: condenado a 9 años y 6 meses por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. Hizo preacuerdo con la Fiscalía.

Dairo Alberto Muñoz Torres, “el Indio”: capturado y procesado por concierto para delinquir.

Jean Fernando Espinoza, alias “Yam” o “la Firma”: el expolicía firmó un preacuerdo con la Fiscalía y será condenado a 15 años de cárcel por porte ilegal de armas de uso civil y militar. 

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, “el Compa”: condenado a 36 años por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Aún no ha sido extraditado.

Maximiliano Bonilla Orozco, “Valenciano”: procesado por concierto para delinquir en Colombia y solicitado por narcotráfico en Estados Unidos. Espera la sentencia en una cárcel de Nueva York.

Alirio de Jesús Rendón Hurtado, “el Cebollero”: condenado a 4 años y 2 meses por concierto para delinquir, con preacuerdo con la Fiscalía. Y sentenciado a 13 años y 3 meses por lavado de activos.

Fabio Édison Gómez Ruiz, “Riñón”: tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, fue condenado a 17 años de cárcel por homicidio agravado y tentativa de homicidio de agravado, por un tiroteo de 2003, en el que sicarios bajo su mando mataron a dos personas e  hirieron a otra. También está judicializado por concierto para delinquir.

Hugo Albeiro Quintero, “el Patrón de Bello”: condenado a 7 años y medio por concierto para delinquir agravado. Ya está en su casa, con libertad condicional, tras cumplir las dos terceras partes de la pena.

Hernán Darío Giraldo Gaviria, “Cesarín”: condenado a 20 años y 9 meses por ser el autor intelectual del homicidio del empresario Argemiro Salazar en 2009.

Víctor Manuel Quintero Alzate, “Víctor Colas”: tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, será condenado a 6 años y un mes de cárcel por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

César Augusto Correa López, “don Pepe”: condenado a 38 años y 6 meses por el asesinato de un investigador del CTI en 1997. Absuelto de un proceso por extorsión. Actualmente está libre.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, “Adiel”: después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, lo condenaron a 6 años por concierto para delinquir y falsedad en documento público.

Édinson Rodolfo Rojas, “Pichi”:  capturado y procesado por concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

El anterior registro demuestra que muy pocos de los presuntos líderes de “la Oficina” están respondiendo por homicidios ante la justicia. Y entonces, ¿quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

Ese, sin embargo, no es el caso de alias ‘Douglas’, un presunto cabecilla de la organización ‘La Oficina’, quien lleva más de tres años en el juzgamiento y todavía no se resuelve su situación jurídica.

Alias 'Douglas', capturado el 15 de abril de 2009, está en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Y todo indica que tardará otros meses más, porque la justicia de nuevo le metió el freno y echó reversa, en una audiencia de la semana pasada (14 de mayo).

Ese día, los asistentes al recinto en el Palacio de Justicia de Medellín esperaban que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado definiera el número de años de condena que agobiarían a José Leonardo Muñoz Martínez.

Esto porque el anterior 23 de febrero, ese despacho había anunciado que el sentido del fallo sería condenatorio, por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo; y absolutorio, para los delitos de desaparición forzada, extorsión y dos homicidios.

La sorpresa fue que apareció una nueva jueza en el Juzgado Quinto, que reversó la decisión de su predecesor. La jurista indicó que observó fallas en los procedimientos de la Fiscalía desde el principio, pues en la etapa de imputación, le imputó unos delitos al detenido, en la acusación lo acusó por otros, y después del juicio, en los alegatos finales, pidió que lo condenaran por unos diferentes.

Similar situación habría ocurrido con las otras tres personas vinculadas a ese caso: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (alias ‘El Compa’), Sergio Alejandro Salazar Muñoz y Estefanía Cardona Rendón.

La decisión de la juez fue anular la actuación de la Fiscalía desde los alegatos conclusivos, es decir, después del juicio; en consecuencia, se quedó sin piso el sentido del fallo, instancia que tendrá que repetirse. Esta proclama fue apelada.

Aprovechando la conyuntura, la defensa de ‘Douglas’ pidió que se anulara de una vez todo el juicio, por considerar que había una violación al debido proceso. Esta petición la rechazó la juez y el abogado apeló.

Lo que sigue es que el Tribunal Superior de Medellín resuelva las dos apelaciones, para ver si valida o no la anulación de la actuación de la Fiscalía, y si acepta o no la petición de anular el juicio. Una vez tomadas las decisiones, se retomará el curso de las audiencias. Por ahora, los cuatro procesados continuarán en sus respectivas cárceles.

En el aire quedó la razón por la cual hubo cambio de juez, algo que resultó determinante en este asunto judicial. La judicatura no lo explicó oficialmente, por lo que en los corredores del Palacio se manejan tres versiones : que el anterior togado se enfermó, que se jubiló y orondo se fue o que lo relevaron del cargo porque su periodo había terminado y llegó alguien nuevo por concurso de méritos.

Sobre el tema de ‘Douglas’, hay que aclarar una falsa noticia que circuló en un medio de comunicación de la Capital. El pasado 9 de mayo mataron a tiros en el municipio de Itagüí a la abogada Leyda Acosta Enciso, quien ejercía en el departamento del Meta y al parecer la citaron aquí para eliminarla.

Posteriormente se publicó que era abogada del citado cabecilla, cuestión que desmintieron los propios defensores de Muñoz Martínez. “Ni siquiera la conocíamos”, dijeron Fermín Amado Saavedra y Luz Esperanza Medina, quienes han representado a este personaje desde el principio.

La investigación, sin embargo, va por buen camino, pues al parecer la occisa portaba una carta al momento del homicidio, la cual está en poder de la Fiscalía y sería la clave para esclarecer quién ordenó su muerte.

Mientras se resuelve el enredo de su proceso, Muñoz Martínez sigue afirmando que es inocente, que él no es “ese tal ‘Douglas’ de ‘La Oficina’ que la Policía menciona”.

Para retomar esta historia desde los antecedentes, les recomiendo la NOTA RELACIONADA: Una condena será el futuro de ‘Douglas’.

El Inspector.

Es que a sus 66 años, Jorge León Montoya Negrete parecía un empresario sin mayores problemas ni amenazas, salvo por los líos judiciales de un hijo.

Hoy se realizó el sepelio de Jorge León Montoya Negrete en el cementerio Campos de Paz, acompañada por una multitudinaria caravana de taxistas. Cortesía.

El crimen fue perpetrado a las 6:40 p.m. de ayer, en el centro de la capital antioqueña. El empresario acababa de salir de su cooperativa en compañía de su hija Eliana Montoya, abogada y asesora jurídica de la entidad. Ambos iban a bordo de un campero Montero Mitsubishi.

Les hicieron seguimiento y en un semáforo un sicario, usando una pistola con silenciador, les disparó. El gerente murió en Policlínica, con lesiones en el rostro y el costado izquierdo del tórax. Su hija, con ocho meses de embarazo, quedó herida en el brazo derecho.

Jorge León Montoya Negrete llevaba 28 años de su vida al frente de Coopebombas, que en la actualidad tiene 5.800 taxis afiliados. Según su hijo Diego, los últimos seis años los pasó en medio de pleitos jurídicos para que le repitieran el juicio a otro descendiente condenado.

Se trata de Jorge Andrés Montoya Moreno, sentenciado a 26 años de prisión por tentativa de homicidio agravada, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. La condena fue en calidad de reo ausente, ya que este cantante, cuyo nombre artístico en Jorge Negrete de Colombia, está viviendo en otro país.

El hecho que le endilgan sucedió el 6 de enero de 2006, cuando entregaba un dinero a una persona y esta fue abaleada y robada. El 31 de julio de 2007, el Juez Octavo Penal del Circuito de Medellín lo sentenció a la pena citada.

Este hecho ha despertado inquietudes, pues dicho juez, Diego Fernando Escobar, fue asesinado en el 2010. Aunque este crimen no se ha esclarecido totalmente, los investigadores apuntan a que lo mataron por cuestiones ligadas a su trabajo, por lo cual se sospecha de todos los procesos en los cuales tomó decisiones.

En todo caso, los familiares y empleados dijeron desconocer de amenazas en contra del empresario, quien jamás utilizó escolta, pues no se sentía en peligro. Pensaba que su hijo no fue juzgado de manera correcta, y en varias oportunidades recibió visitas de supuestos investigadores de la Policía, que a la familia le parecían raras y las interpretaban como presiones relacionadas con ese proceso.

NOTA RELACIONADA: Que lo condenen, pero que se sepa toda la verdad.

El Inspector.