El ente acusador informó que se trata de “28 bienes rurales y uno urbano, dos establecimientos de comercio y 12 vehículos, avaluados en $6.500 millones”, los cuales estarían a nombre de David Fernando Londoño Díez (“Davidcito” o “La Mocha”).

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Uno de los establecimientos comerciales que le embargaron a alias “Davidcito” (recuadro). Foto cortesía de la Fiscalía.

“Davidcito” fue capturado en noviembre de 2018 en una operación del Gaula de la Policía, en la que también fueron detenidos otros 13 miembros de la estructura.

Dichos bienes, según Liliana Donado Sierra, directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “habrían sido adquiridos con dineros producto de homicidios, desplazamientos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos, entre otros delitos”.

La banda “San Rafael”, también conocida como “Los de San Rafa”, es originaria de un sector del barrio Guayabal, conocido como San Rafael. Su principal actividad ilegal es el tráfico de estupefacientes y el sicariato, que ejerce desde los años 90.

Sus redes de narcotráfico se extienden a algunas barriadas vecinas de las comunas de Guayabal y Belén, y del vecino municipio de Itagüí, donde también ha sostenido conflictos armados en años anteriores, en especial contra la banda “la Raya”, considerada su enemiga histórica.

El embargo aplicado a estas propiedades incluye la suspensión del poder adquisitivo y es el primer paso en el proceso de extinción de dominio.

A los abogados de “Davidcito”, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, les corresponde demostrar que fueron adquiridas de forma legal; mientras tanto, estarán administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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El Inspector.

Luego de las primeras indagaciones, las autoridades ofrecieron dos recompensas: $100 millones para quien ayude a esclarecer el asesinato, y hasta $21’945.000 para los que brinden información que lleve a la captura de “Monopepe”, uno de los principales jefes criminales de la frontera entre Medellín e Itagüí, en la comuna 15 (Guayabal).

Este es el análisis de los factores de crimen organizado en la zona, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Policía incrementó la vigilancia en la frontera de Guayabal e Itagüí, luego del asesinato de un patrullero hace tres semanas. Foto cortesía de la Policía.

Con fuentes de la Fiscalía y de Inteligencia, y con residentes del sector, investigamos cómo se distribuye el crimen organizado en ese cuadrante conformado por los barrios Guayabal, La Colina y San Fernando, y los sectores El Bolo, San Rafael, La Colinita, La Raya y La Jungla.

En su relato sobre los hechos, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, recordó que a las 9:30 p.m. del pasado 21 de enero, una patrulla motorizada de la Institución hacía un recorrido rutinario.

En un paradero de bus aledaño a la avenida Guayabal, los uniformados observaron a una mujer nerviosa, acechada por dos hombres, con actitud de quererle robar. Así que dieron la vuelta y regresaron para comprobar qué pasaba.

Los sospechosos emprendieron la huida hacia El Bolo, tomando cada uno una dirección distinta. Los policías se dividieron para apresarlos, uno continuó la persecución a pie, mientras el otro siguió conduciendo la moto.

Wilson Ríos López, alias “Monopepe”, presunto cabecilla de la banda “la Raya”. Cortesía.

Este último era el patrullero Mario Andrés Vallejo Peláez. El hombre que seguía se ocultó detrás de un carro estacionado, en la calle 12Asur con la carrera 52B, y cuando el motociclista pasó por el lado, salió de sorpresa y le disparó.

El compañero escuchó las detonaciones, por lo que regresó y vio a Vallejo malherido. Llamó a una ambulancia, pero aquella era la hora señalada para la partida del patrullero. Fue imposible salvarlo.

LAS BANDAS DEL ÁREA
De acuerdo con la información de autoridades y pobladores, en esta zona residencial, conformada por viviendas de estrato dos, tres y cuatro, delinquen cinco bandas, algunas de ellas desde los 90. La más poderosa es “la Raya”, que tiene redes ilegales en las comunas de Guayabal, Belén y El Poblado, en Medellín; y los barrios San Fernando y Santa María, de Itagüí.

Este grupo se dedica al narcotráfico, el sicariato, la extorsión y el pagadiario, principalmente, y según la Policía está liderado por un clan familiar: los hermanos Didier, Luis Yefri, Eduardo y Wilson Ríos López, o como se les conoce en el bajo mundo, alias “Tuto”, “el Burro”, “Eduar” y “Monopepe”.

En la actualidad, el primero de los cuatro está en la cárcel y el más visible de la cúpula es “Monopepe”, por lo cual sobre él recayó el ofrecimiento de la recompensa.

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Su detención es un imperativo para la Policía, no solo por la presente coyuntura, sino para recuperar el honor tras haberlo tenido en un calabozo propio y se les fugara.

Sucedió el 27 de diciembre de 2019, cuando 16 presos se escaparon de la estación policial del Doce de Octubre, entre ellos Wilson Ríos.

En la comuna 15, “la Raya” tiene dos combos asociados, que delinquen bajo sus directrices: “el Bolo” y “la Colinita” o “la Baranda”, cuya especialidad es el tráfico local de estupefacientes en los barrios Guayabal y La Colina, y en El Bolo y La Jungla.

En el vecino sector de San Rafael actúa un grupo del mismo nombre, considerado el enemigo mortal de “la Raya” y sus aliados. El último enfrentamiento entre estos bandos dejó cinco muertos y cuatro heridos, entre 2018 y 2019.

La quinta banda de la zona es “Bolo Abajo”, que según la Fiscalía trabaja bajo contrato para el cartel narcotraficante clan del Golfo, en particular para misiones de sicariato y secuestro en el Valle de Aburrá y otras ciudades del país.

OPERATIVOS DE REACCIÓN
“Se ordenó el desplazamiento a Medellín de investigadores especializados para casos de violencia contra policías, quienes con la Sijín y la Fiscalía asumieron la búsqueda de los responsables. Invitamos a la comunidad a que nos dé información para ubicar a estos homicidas”, declaró el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional.

El patrullero Mario Vallejo (Q.e.p.d.). Cortesía.

A la mañana siguiente del crimen, hubo operativos de registro y control en los citados vecindarios, en los que se individualizaron algunos sospechosos señalados por los residentes, aunque hasta ahora no se han oficializado capturas. Estas acciones continuarán toda la semana, con retenes en los que también participan agentes de Tránsito.

El general Ruiz manifestó que “el vil homicida se ha estado escondiendo en diferentes sitios”, dando a entender que ya hay pistas muy claras sobre el personaje. Hay versiones que apuntan a que el asesino sería integrante de “la Colinita” o de “la Raya”, bajo las órdenes de “Monopepe”, según el oficial.

“Son personas indolentes, pertenecientes a un grupo delincuencial, que generan terror en el sector”, manifestó el secretario de Seguridad de Medellín, José Acevedo.

El propio Acevedo anunció otra acción que, a mediano plazo, contribuirá a mejorar el orden público: el inicio de la construcción de la estación policial de Guayabal, en el barrio Santa Fe, que brindará servicio a la comuna 15 (por el momento la vigilancia la hacen uniformados de la estación Belén).

Con un costo de $12.438 millones y un área de 4.000 m2, contaría con un laboratorio de automotores de la Sijín y sería inaugurada en 14 meses. “Esta obra va a cambiar la percepción de seguridad en esta zona y vamos a tener una reacción nunca antes vista para atender a Guayabal y alrededores”, agregó.

Para los investigadores, la muerte de Vallejo no obedeció a un plan premeditado del crimen organizado, sino a un ataque fortuito; sin embargo, en su memoria, las autoridades arreciarán contra los combos del sector que él patrullaba.

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El Inspector.