Por Jesús Vallejo Mejía
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Hace 30 años, cuando se expidió el Código Funesto que ahora nos rige a modo de Constitución Política, afirmé que parecía una casa en el aire, propia de las repúblicas aéreas que fustigó el Libertador en su discurso ante el Congreso de Angostura.
Creo que el desarrollo de los acontecimientos me ha dado la razón.
Nuestra Carta Política surgió de una seguidilla de golpes contra la Constitución que la precedió. Su origen es oscuro: un acuerdo secreto con el M-19, otro inconfesable con los narcos para prohibir la extradición. Se propuso alcanzar la paz, combatir la corrupción política, poner al orden del día la institucionalidad, profundizar la democracia, debilitar el presidencialismo, dispersar el poder político, consagrar derechos a granel, etc. Todos los sueños de este desventurado país hallaron acomodo en un texto que hubo de promulgarse con fe de erratas y está hoy plagado de remiendos.
De hecho, a partir del robo del plebiscito que perpetró Juan Manuel Santos con la complicidad del Congreso y la Corte Constitucional, el flamante Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución dejó de existir. Lo que en rigor funge como tal es un cascarón elástico que la Corte Constitucional y las autoridades judiciales manejan a su guisa, estirándolo o concentrándolo según sus preferencias políticas ocasionales.
No podemos desconocer el idealismo de los autores de la Constitución, ni sus buenas intenciones, pero se dejaron llevar por sus delirios, su novelería, su espíritu de imitación y hasta su inocencia o su ignorancia.
Cada vez estoy más convencido de algo que reiteradamente les decía a mis discípulos en los cursos de Teoría Constitucional: el sustrato de la Constitución es la cultura jurídica. Y la nuestra deja muchísimo que desear.
Solía observarles que en Inglaterra no existe una Carta de Derechos tan prolija como la nuestra, para luego preguntarles: ¿dónde hay mejores garantías para los derechos, allá o aquí? Acá exaltamos la figura del juez otorgándole los poderes amplísimos que prevé la acción de tutela, olvidando que sobre el juez británico pesa una tradición de mil años y nosotros creemos estar descubriendo los derechos.
La Constitución no trajo consigo la paz, ni le puso coto al narcotráfico, ni mejoró las costumbres políticas, ni frenó la corrupción, ni hizo más transparentes los procesos políticos. Hoy estamos en condiciones peores a las de hace 30 años y no contamos con autoridades capaces de garantizar la conservación del orden público y restaurarlo cuando fuere turbado. Como se manifestó hace unos días, lo que diseñaron los constituyentes de 1991 fue un Ejecutivo eunuco, cuya debilidad es hoy patente.
¿Pensaron ellos en que llegaría el momento en que unos alcaldes se pusieran del lado de la subversión y desafiaran al Presidente para enervarlo en el cumplimiento del principal de sus deberes constitucionales?
Dije en su momento que la Constitución traería consigo una crisis fiscal inmanejable, tal como lo estamos padeciendo ahora con un gasto público desbordado que debe sufragar el costo de una burocracia voraz e ineficiente. No critico la idea de la acción social del Estado, que es indispensable para mejorar la calidad de vida de las capas más desprotegidas de la población, pero sí señalo que, en general, en cada iniciativa suele medrar una ominosa cuota de corrupción
