Cuatro años después de los mal llamados acuerdos de paz con la narcoguerrilla de las Farc, la violencia se recrudece. El desarme de los insurgentes está estancado, con bloques disidentes aún activos, y la rendición de los otros matones, el Eln, encallada sin remisión. Hoy, cuando más estabilidad e inversiones necesita el país, surgen pistoleros por todas partes, dispuestos a devolver a Colombia al pasado, ese en el que durante medio siglo todas las gentes de bien fueron víctimas del terror desatado por un hampa disfrazada bajo mil caretas y siglas.
La tiranía de lo políticamente correcto por la presión del izquierdismo y los constantes ataques a las Fuerzas Armadas se están traduciendo en una inacción armada del Estado que ha dado alas a los grupos del crimen organizado, desde los exguerrilleros a carteles foráneos llegados de México y Venezuela.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 se han producido 76 masacres en las que han sido asesinadas 303 personas -en 2017 hubo 11-, con los departamentos de Antioquía, Cauca y Nariño como los más castigados. Solo en el mes de septiembre, hubo 16 matanzas. En lo que va de 2020, se han contabilizado 256 asesinatos de activistas y líderes sociales, a los que hay que sumar a doce familiares de estos.
El análisis realizado por el proyecto ACLED, que se encarga de hacer seguimiento a la violencia en el mundo, refleja que se ha pasado de un promedio de seis asesinatos semanales en abril a diez a finales de agosto, cuando se levantó el confinamiento estricto, cifras superiores a las de 2019. Más del 80 % de los asesinatos son perpetrados por grupos armados no identificados. Muchos de estos crímenes tienen que ver con la resistencia a la sustitución de cultivos ilícitos y la lucha contra la minería ilegal. De hecho, Colombia es el país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo en 2020 y en 2019 contabilizó 64 muertes.
También los arrepentidos sufren las consecuencias. Según Indepaz, 56 antiguos integrantes de las Farc han sido asesinados este año. Las Farc “políticas” elevan la cifra a 241 los exguerrilleros asesinados desde el acuerdo de paz. De estas muertes, 63 se atribuyen a disidencias, 59 a paramilitares rearmados y cuatro a grupos asociados al mexicano Cartel de Sinaloa.
El goteo no cesa. El pasado fin de semana fueron asesinadas ocho personas en Betania, y otras cinco en localidad caucana de Argelia. Defensa atribuye buena parte de estos crímenes al clan del Golfo y ha puesto precio a uno de sus líderes, un tal Abelardo Vargas Benítez, alías ‘Sangre’. ¿Es suficiente?
La respuesta es no. Las masacres son en su mayor parte periférica y no inquietan todavía en demasía a las grandes ciudades, pero si no se actúa quirúrgicamente pronto estarán otra vez a las puertas de sus casas. Y ya sabemos lo que cuesta erradicar el mal una vez que crece. Por tanto, es hora de que el Ejército vuelva a tomar cartas en la seguridad del país porque ya sabemos lo que implica que estén acuartelados y bien guardaditos: que los malhechores se apropian de todo y contaminan nuestras vidas. Así que, a las armas. Y al que no le guste, quizá deba explicar cuál es su bando.
