El movimiento nacional impulsado por el asesinato de George Floyd ha creado la posibilidad de un cambio transformador a la policía en EE. UU. Una reforma que ha generado un amplio debate es eliminar la “inmunidad calificada”, la doctrina creada por los tribunales que dificulta que las personas cuyos derechos civiles han sido violados por los agentes de policía, obtengan reparación de daños monetarios en los juicios. Existen buenos argumentos para deshacerse de esta inmunidad, o al menos restringirla seriamente. Pero abolirla es poco probable que cambie el comportamiento policial de manera sustancial.
La inmunidad calificada protege a los oficiales de la responsabilidad personal en demandas federales a menos que violen la ley federal “claramente establecida”. Eso significa que incluso si un oficial de policía viola los derechos constitucionales de alguien, la víctima no puede obtener reparación por daños del oficial a menos que él o ella pueda demostrar que el oficial violó un derecho explícitamente reconocido por un fallo judicial anterior.
De hecho, incluso si el exoficial de policía Derek Chauvin es declarado culpable de asesinar al Sr. Floyd, es bastante probable que un tribunal pueda negarse a hacerlo responsable por violar los derechos constitucionales del Sr. Floyd si sus abogados no logran señalar un caso anterior que deje en claro que la acción específica que el Sr. Chauvin tomó –arrodillarse sobre el cuello de una persona detenida por más de ocho minutos– fue inconstitucional.
En años recientes, ha surgido una coalición poco frecuente que busca terminar con la inmunidad calificada. Los liberales de izquierda y los libertarios argumentan que una inmunidad calificada niega indebidamente la reparación a las personas lesionadas y alienta la mala conducta de la policía. Al mismo tiempo, algunos conservadores legalistas han cuestionado los fundamentos doctrinales de la inmunidad calificada. Estos críticos argumentan que la Corte Suprema innovó de manera inapropiada cuando reconoció por primera vez la doctrina, que no está enumerada en la Constitución ni en ningún estatuto federal.
Existen argumentos convincentes contra la inmunidad calificada. Una es la compensación: las personas que son perjudicadas por la policía (o las familias de esas personas, en casos de asesinatos policiales) deberían tener una manera de obtener dinero para pagar las facturas médicas y el dolor y el sufrimiento. Cualquiera que sea el enfoque de la interpretación legal, es difícil justificar que los jueces inventen reglas para negar a las personas remedios por violaciones graves de sus derechos constitucionales.
La doctrina de la Corte Suprema permite a los agentes de policía usar la fuerza letal cuando tienen “causa probable” para creer que alguien “representa una amenaza de daño físico grave”.
Ciertamente, eliminar la inmunidad calificada hará que algunos casos sean más fáciles de ganar para los demandantes. Y uno podría pensar que la amenaza de responsabilidad civil hará que los oficiales actúen con más cautela. Pero en la práctica, los oficiales casi nunca pagan personalmente los juicios cuando se les considera responsables. Un gran estudio de demandas que involucran a los departamentos de policía estatales y locales por parte de una profesora de Derecho de UCLA, Joanna Schwartz, descubrió que más del 99 por ciento de las veces, el departamento indemnizaba a los agentes de policía acusados, lo que significa que los oficiales no pagaron ni un centavo de sus propios bolsillos, incluso cuando violaron los derechos constitucionales de alguien.
A veces, los políticos pueden concluir que es más fácil seguir pagando juicios en lugar de cambiar la cultura policial de manera significativa.
Al final, el mejor argumento para eliminar la inmunidad calificada es menos sobre la disuasión y más sobre el simbolismo
