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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 15 de enero de 2020

Aborto y desigualdad

“Toda sociedad puede elegir entre los niveles y tipos de desigualdades que tolera. Para que las intervenciones sean eficaces es preciso identificar los impulsores de la desigualdad”, Informe “Desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI” del PNUD.

La desigualdad en América Latina ha obstaculizado la implementación del Estado de derecho. La falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) oportuna y segura replica el ciclo de inequidad, y su criminalización aumenta el riesgo de mortalidad en las mujeres más pobres. En contraste, quienes cuentan con recursos económicos pueden elegir un lugar que garantice su salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud*, entre 2010 y 2014 hubo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados (con o sin condiciones de seguridad). Entre un 4,7 % y un 13,2 % de la mortalidad materna anual puede atribuirse al aborto inseguro. En los países en desarrollo, cada año, alrededor de siete millones de mujeres son hospitalizadas por abortos inseguros. ¿Cuánto le cuestan a un sistema de salud las IVE mal practicadas? ¿Cuántas mujeres mueren en consecuencia sin que lo registren las estadísticas?

La abogada Natalia Bernal presentó demandas ante la Corte Constitucional que buscan penalizar la IVE en todas las circunstancias. Bernal aseguró en Caracol televisión que su iniciativa carece de motivaciones religiosas y que se basa en “evidencias científicas” de las secuelas en sobrevivientes a intentos de aborto. Sin considerar recursos de mantenimiento, quiere abrir “una Fundación para recibir a todos los niños que no son deseados”, como lo hizo Teresa de Calcuta, a quien cita como fundamento en su libro Derecho a la información y prevención del aborto provocado.

Esta apuesta abierta a la sobrepoblación parte de la premisa de que su Fundación cuidaría a cada uno de esos seres “despreciados por su madre” (palabras de Bernal) o asume que serían adoptados. Asiste la razón a la demandante en cuanto a los posibles traumas derivados de la IVE –un aborto es una cicatriz–; no obstante, el problema de su óptica de caridad cristiana es que regresar a la penalización total les quitará la posibilidad de decidir a las mujeres más vulnerables (económica, geográfica y socialmente). Bernal las condena a ellas y sus hijos a replicar ciclos de pobreza.

Vale precisar que la sentencia C-355 de 2006 no permite que las mujeres decidamos con total autonomía: los tres casos despenalizados dependen de un concepto médico. Se calcula que desde la despenalización se han practicado ochenta mil procedimientos en Colombia. Aunque la sentencia es pionera y ha afrontado múltiples obstáculos (evidenciados en decenas de tutelas), limitar a ciertos casos excluye.

El magistrado Alejandro Linares propone despenalizar la IVE en todos los casos antes de la decimosegunda semana de gestación. Sus Señorías tienen la palabra: Alberto Rojas y José Fernando Reyes están a favor; Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo, en contra. Los indecisos: Gloria Ortiz, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. Más que el espíritu liberal, decidirá la conciencia social.

Penalizar el aborto tiene un impacto selectivo: la persecución de las mujeres más vulnerables. Profundiza la desigualdad, esa que ha arrojado multitudes a las calles.

¿Estamos dispuestos a tolerar este tipo de inequidad?

La propuesta de Linares no obliga a nadie a abortar. En cambio, sí podría ayudar a detener ciclos de inequidad.

*Publicación junio 2019.

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