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Con el fin de promover un debate que ha sido suspendido (o secuestrado), dedicaré una serie de columnas a examinar las dinámicas de abuso de poder en la policía. Como destaqué en la columna pasada, el hecho de que no se hable de este tema en Colombia no quiere decir que vayamos por buen camino. El abuso de poder y la corrupción en la Policía Nacional de Colombia son problemas endémicos y reflejan patrones de transgresión cíclica que comprometen a toda la organización y, obviamente, a los jerarcas. Este no es un problema coyuntural; es histórico y estructural.
Aunque resulte impopular, hay que examinar cómo el abuso de poder condiciona la operación de la policía en el país. En esta primera entrega, resalto algunos aspectos que hacen que el abuso de poder en la policía sea particularmente serio y deba ser encarado como parte de cualquier política (sensata) de seguridad ciudadana.
El comportamiento abusivo e infractor de los miembros de la policía es grave porque la transgresión está amparada en el mandato público de hacer cumplir la ley y porque, como resultado de estar facultados para usar la fuerza, sus actuaciones pueden acarrear graves violaciones a los derechos humanos.
Al menos cuatro aspectos diferencian el abuso de poder en la policía de otras manifestaciones de este fenómeno en el ejercicio del poder estatal (Leslie Holmes, Police Corruption: Essential Readings 2014).
Primero: la policía es una organización armada, por lo tanto, sus agentes tienen la posibilidad de usar la fuerza (a diferencia de la prohibición general que se extiende a otros agentes estatales). La disponibilidad del recurso a la violencia genera un riesgo particular de violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, y es fuente constante de intimidación. Además, la interacción diaria de la policía con poblaciones vulnerables en zonas marginales produce situaciones límite y de riesgo que involucran el uso de violencia, sin mayores controles.
Segundo: la organización policial, en general, y algunas de las funciones que cumplen los agentes policiales, como por ejemplo, las funciones de inteligencia y de investigación, son por naturaleza menos transparentes y menos abiertas al escrutinio público que en otras organizaciones del Estado. La naturaleza de la organización y las actividades policiales conducen al secretismo y el retraimiento.
Tercero: los agentes policiales tienen una interacción regular con distintas formas de criminalidad, incluyendo organizaciones de crimen organizado, por lo tanto están expuestos a factores de colusión o corrupción de manera mucho más abierta y frecuente que otros agentes del Estado.
Y cuarto: por tener el mandato de velar por la aplicación de la ley, la organización y sus miembros tienen una gran injerencia en la conducción de las investigaciones orientadas a examinar el quebrantamiento de la ley y el establecimiento de responsabilidades, elevando su capacidad de encubrir o de incidir en la manera cómo son investigados los actos criminales y trasgresores. Puesto de manera sencilla: los miembros de la policía cuentan con experiencia y experticia que les facilita encubrir los eventos.
Como resulta evidente, existe una alta oportunidad para la trasgresión policial; además, acontecida cualquier infracción, existen factores objetivos que favorecen su encubrimiento. La dinámica organizacional además tiende a anular la efectividad de mecanismos de control internos y externos. Por estas razones, entre otras, el abuso de poder en la policía debería ser asunto de todos.
