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Es una osadía hablar de represión en China y sin embargo ella galopa a todo tren al interior de la gran potencia mundial. Allí la ausencia de periodismo libre trae como consecuencia que sea una tarea de titanes armar casos concretos, fehacientes y con calidad de prueba suficiente para poder acusar a su dirigencia de delitos por violación a los Derechos Humanos.
Por ello tiene inmenso valor el trabajo de investigación armado por el ICIJ ( Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ) y publicado esta semana por El País de España, en el que se da cuenta de la flagrante represión china contra la minoría musulmana residenciada en la zona de Xinjian, un enclave estratégico que bordea la frontera noroccidental del país. Las filtraciones dan cuenta de casos que no ocurrieron hace varias décadas. Se trata de todo un entramado de represión, tortura y lavado de cerebros que encuentra hoy su justificación moral, ética y política en la estrategia de seguridad nacional emanada desde Pekín y dentro de la cual son considerados crímenes contra el Estado la disidencia en las ideas, las manifestaciones de descontento, la prensa adversa al régimen, los brotes de separatismo o bien una simple arenga con componentes políticos o religiosos.
En el caso de las etnias uigures que profesan el Islam la situación es terrorífica, ya que para 2017 había en la zona 227.000 detenidos por ser considerados reos de extremismo musulmán.
El ejemplo es bueno por lo voluminoso y por las soluciones extremas que el régimen chino ha puesto en marcha para corregir lo que califica de una perniciosa manifestación de terrorismo extremista que atenta contra su seguridad. La investigación ha puesto a la luz no solo un número importante y especifico de casos de represión sino que ha develado archivos secretos oficiales en los que la estrategia del gobierno fue plasmada con lujo de detalles. La publicación de El País dice que estos documentos secretos “permiten recrear, a través de las directrices de los altos cargos que administran la región, los métodos puestos en marcha por el gobierno de Xi Jinping para encerrar a alrededor de un millón de uigures en Centros de Reclusión”. Las cifras han sido avaladas por la ONU. Entre estos documentos hay casos de condenados sin pruebas y persecuciones a los exiliados a través de la red de embajadas del país. Todo ello acompañado de una sofisticada red digital, teléfonos móviles y reconocimiento facial para identificar sospechosos. La diáspora aigur en el planeta, la que ya sumaba más de 20 millones de seres ha sido alimentada con 1,6 millones de nuevos emigrantes que han huido desde 2017.
Lo más dramático lo constituye el hecho de que los detenidos -llamados “estudiantes”- son sometidos a técnicas sofisticadas e inhumanas de aislamiento, de lavado de cerebros e indoctrinación forzada para producir una transformación ideológica y la renuncia a sus apegos religiosos hasta conseguir completar su “ desradicalización”. Los centros de reclusión –“huecos negros de represión”, los llama El País- abundan en la región desde 2017. Alcanzan más de 30.
XinJiang es un enclave prioritario para Pekín por ser una pieza geográfica esencial para la instrumentación de la Nueva Ruta de la Seda. En agosto de este año el gobierno de Xi admitió y justificó estas políticas como un asunto interno de lucha contra el terrorismo, el separatismo y la violencia en un Libro Blanco publicado con tanta inocencia como audacia. Pero una vez adoptadas y reconocidas abiertamente estas políticas de seguridad nacional, se pregunta uno cuánto tiempo tardarán ser aplicados los mismos métodos a los casos de las disidencias de Hong Kong u otras que vayan produciéndose mientras el totalitarismo continúe asfixiando voluntades dentro de la ciudadanía.
