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El dinero comienza a ser papel mojado en Argentina. Es lo que tiene de elegir a Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces, pero también el impacto de los desequilibrios de un país donde la provincia de Buenos Aires absorbe casi todo. Como los subsidios al transporte, que se dirigen en un 93 % a la gran metrópoli, mientras el 7 % restante se distribuye en el interior del país.
Todo apunta a una megacrisis, agudizada por la insolvencia del gobierno. Los precios promediaron un alza del 7,4 % el pasado julio, algo nunca visto desde abril de 2002.
La inflación interanual transita por el 71 % y ya se vislumbra un cierre de año al 90 % en el mejor de los escenarios. Porque en el peor, según una opinión cada vez más generalizada entre los economistas argentinos, podría alcanzar los tres dígitos, la cifra más alta desde la hiperinflación de hace 30 años.
El alza acumulada de los precios en los primeros siete meses del año es ya del 46,2 %, así que la tendencia es autodestructiva al ser este lastre el peor indicador para los más desfavorecidos. El llamado “impuesto a los pobres” lo es también a una clase media siempre amenazada en el país austral, donde ocho de cada diez argentinos ya han cambiado sus hábitos de consumo para adaptarse a la pérdida de poder adquisitivo. Un 52,7 % de estos hizo recortes severos al observar cómo, de cada 100 pesos, 71 se iban por el desagüe en julio, sin valor alguno. En medio de la tensión política, el valor del dólar gringo en el mercado paralelo alcanza en buena lógica niveles récord, desencadenando una fuerte tensión de precios en toda la economía real. Si el peso deja de valer, solo el dólar o el euro sirven de guarida.
En julio hubo alzas generalizadas en bienes y servicios, pero con un preocupante incremento promedio del 6 % en los precios de los alimentos, con aumentos exorbitantes en ingredientes básicos para cocinar; por ejemplo, la cebolla, cuyo precio subió 57,9 % en comparación con junio.
Los economistas privados a los que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas proyectaban a inicios de este año que 2022 terminaría con una inflación del 55 %, superando la tasa del 50,9 % registrada el año pasado. Estas mismas consultoras vaticinan ya una inflación anual del 90,2 %, muy por arriba del rango de 52 % a 62 % proyectado por el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional.
Con estas perspectivas, el 37,7 % de los hogares tuvo que empezar a buscar más promociones y descuentos; el 29,3 % optó por consumir menos que antes; el 20,5 % decidió pasarse a segundas marcas, según leo en La Nación. Trabajadores (75,1 %) y jubilados (73,4 %) ven cómo el ritmo del aumento de los precios es mayor y más veloz que los aumentos de los ingresos. Les siguen los más vulnerables: desempleados (64 %) y jóvenes (57,6 %).
Seguimos con el recuento: el 48 % de los argentinos tuvo que dejar de pagar las facturas, algo muy grave para la economía de cualquier país, y el 46 % tuvo que pedir dinero prestado para afrontar los gastos ordinarios. Un panorama desolador que ya avanzamos en esta columna desde el regreso “kirchnerista”
