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Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Columnista

Carlos Alberto Giraldo Monsalve

Publicado el 08 de abril de 2019

Alcaldías infestadas de corrupción

Una serie de informes de este diario muestra la profunda corrupción enquistada en algunas alcaldías del Valle de Aburrá. Pero los ciudadanos también lo denuncian frente a otros gobiernos municipales en diferentes regiones del país. En la memoria están casos como el de Cartagena durante los cinco últimos años.

Según reporte de Transparencia Internacional, en enero pasado, 2018 fue un año crítico para Colombia: entre 180 países, pasamos del puesto 96 al 99. Estamos abajo —más mal— de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Chile. Nos superan Venezuela y Ecuador.

Los carruseles de contratación están al orden del día, mediante la creación de fundaciones fachada que, por ejemplo en Barbosa, han servido para el pago de millonarios contratos a dedo y con mínimas exigencias en controles, objetos y cuantías.

La situación de Envigado sorprendió a la opinión pública y sirvió para (de)mostrar que de los males del tráfico de influencias y de la supuesta compraventa de inmuebles sobrevalorados no parece estar exenta ninguna administración local. Igual, aparecen en escena funcionarios que tienen poder para conseguir nombramientos a cambio del pago de comisiones: un porcentaje, una mordida al salario de sus recomendados.

Es notorio el daño causado a las finanzas de los municipios por los sobrecostos en contratación, pero también por los traumatismos que sobrevienen a la interinidad y al descabezamiento de los gobiernos. Lentitud para nombrar reemplazos, falta de herramientas y autoridad para quienes llegan a liderar municipios en bancarrota y aún penetrados por las redes de corrupción montadas por quienes son retirados de sus cargos y enfrentan líos judiciales.

Qué tortuoso el empedrado camino al infierno de desgobierno y corrupción el que les toca transitar a poblaciones en la necesidad y la búsqueda de su transformación. Sus fuerzas comunitarias, sociales y cívicas, y sus procesos organizativos y de planeación se van al traste con estos limbos en los que los dejan los gobernantes corruptos.

Es necesario, ante esta proliferación de desfalcos y tramas, que se endurezcan las normas y sanciones contra el que es el peor de los males de la Colombia contemporánea. Los ejemplos de castigo, de sanciones judiciales, políticas y morales deben ser inapelables, lapidarios.

Los informes de Transparencia Internacional y de otros organismos muestran que los esfuerzos y medidas siguen siendo insuficientes y que, como lo advierten las conclusiones de esos análisis, la corrupción “mantiene al Estado contra la pared”.

*Esta columna volverá el domingo 12 de mayo.

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