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Federico Gutiérrez Zuluaga
Columnista

Federico Gutiérrez Zuluaga

Publicado el 12 de octubre de 2020

Álvaro Gómez: un legado que vive, un crimen impune

El próximo 2 de noviembre se cumplen 25 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, un gran líder político cuyo legado perdurará en el tiempo. Su asesinato, sin embargo, continúa en la impunidad.

Sobre su legado habría mucho por decir, comenzando por su propuesta de un gran Acuerdo sobre lo Fundamental, a través del cual promovía, con gran talante democrático, superar los intereses particulares para coincidir en el bien común de la nación, respetar la vida, fortalecer la justicia y el Estado Social de Derecho, generar prosperidad económica para vencer la pobreza, preservar el medio ambiente y muchas ideas que hoy se ven plasmadas en la Constitución Política de 1991, de la que hizo parte como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Sobre su muerte, es preocupante que tras 25 años del crimen, la justicia colombiana no haya determinado responsabilidad alguna y las investigaciones se dilaten entre versiones encontradas. Una de ellas se revive por estos días con la autoinculpación de las Farc como posibles autores del asesinato; declaración que no puede descartarse pero que sí tiene que ser probada con toda contundencia y rigor judicial, más allá de las supuestas razones que hacían de Álvaro Gómez un objetivo militar para este grupo armado ilegal. Esto implica descartar o confirmar definitivamente otros eventuales autores como los señalados en diferentes líneas de investigación, entre ellas la de la propia familia, que a través de su abogado ha logrado reunir “322 pruebas entre testimoniales y documentales” que sostienen la culpabilidad del narcotráfico en confabulación con algunos políticos y militares.

Conocer por fin la verdad y hacer justicia frente a un hecho que tanto daño le hizo a la democracia del país, sí que sería un gran avance para la verdadera paz y reconciliación en Colombia. Aquí no sólo la JEP y la Comisión de la Verdad tienen que actuar, también la Fiscalía debe mantener sus líneas de investigación sin descartar ninguna hipótesis sobre el magnicidio del líder conservador, pues todos sabemos que las Farc siempre le han mentido al país sobre sus crímenes, como cuando trataron de encubrir 21 narcotraficantes solicitados en extradición y hacer pasar como guerrilleros a 254 personas que no pertenecían a la organización y así “colarlos” al Proceso de Paz para que recibieran los beneficios de la desmovilización y del acuerdo con el gobierno.

La justicia colombiana no puede permitir que las Farc sigan engañando al país, ni mucho menos que creen una “franquicia de impunidad” para encubrir graves delitos y delincuentes. No puede equivocarse frente al caso de Álvaro Gómez Hurtado; tiene la responsabilidad histórica de esclarecer este magnicidio y de exigir toda la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a los crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos por las Farc en medio del conflicto armado.

Creo que todo este caso requiere prudencia y respeto por la actuación de la justicia. Pero también se necesita celeridad y efectividad. Y a propósito de ese acuerdo sobre lo fundamental al que todos deberíamos volver, reitero la necesidad de coincidir en un pacto para cerrar ciclos de violencia, avanzar hacia la reconciliación y llegar así a una verdad y justicia sin impunidad no sólo en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, sino también en los demás magnicidios (y homicidios) que han coartado la posibilidad de construir una Colombia mejor a través de líderes con una gran altura política, social y humana.

No más historias de violencia sin fin. El Estado, a través de su sistema de justicia, debe exigir y garantizar la verdad.

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