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Antioquia quedó descolocada con la elección presidencial. No toda Antioquia exactamente: Urabá y el Bajo Cauca votaron por Petro —donde se producen el banano y el oro—, así como uno de cada tres antioqueños. Esta perplejidad convirtió un asunto rutinario —quién y cómo lleva la interlocución de la región con el gobierno nacional— en un embrollo, y amenaza con nublar el punto crítico cual es sobre qué debe hablarse y el buscar acuerdos.
Respecto a la primera cuestión, existe un canal administrativo natural que es la gobernación y, por tradición, el alcalde de Medellín; ambos con solo año y medio de gestión por delante. En este momento la representación política es confusa: los partidos tradicionales apoyan a Daniel Quintero y entraron a la coalición presidencial; la mejor alternativa para dialogar con el gobierno la podrían conformar los concejales, diputados y congresistas que están en el centro y en la izquierda y que son a la vez opositores al alcalde (para los desinformados, no son pocos). En cuanto a la sociedad civil, el sector empresarial creó un organismo con esa misión específica que es Proantioquia, que debe dar el paso adelante, aunque hay otros, como las cámaras de comercio; las universidades oficiales y privadas que conforman el G8 ya manifestaron su voluntad de colaboración, algunas ONG, con seguridad, estarán allí y, además, uno esperaría que emergiera algún directivo empresarial audaz y proactivo.
Lo otro es de qué hablar. Ya hay algunas cartas sobre la mesa. Las tres líneas gruesas que anunció el presidente electo el 19 de junio son indicativas y permiten abrir la conversación. Con la paz, sin duda y por donde se le mire, estamos en deuda; no hablemos de equidad, ya que las diferencias entre la comuna 14 de Medellín y Murindó, por decir algo, son proporcionales a las de Nueva York y Haití; y, lo menos polémico, la sostenibilidad ambiental. Estas demandas nacionales también son urgentes en Antioquia y, a diferencia de lo que ocurría hace un siglo, solo se pueden resolver con el concurso de las capacidades del Estado central.
Este es el momento de retomar las conclusiones del ejercicio “Tenemos que hablar, Colombia”, que lideraron las universidades. Recuerdo sus seis conclusiones: hacer un nuevo pacto por la educación, cambiar la política y eliminar la corrupción, transformar la sociedad a través de la cultura, cuidar la biodiversidad y la diversidad cultural, construir confianza en lo público, proteger la paz y la Constitución para garantizar la libertad, la democracia y la justicia. Con ellas, se amplía y enriquecen las propuestas.
Hay otra conversación abierta por la gobernación a través de la “Agenda Antioquia 2040”. Debo analizarla con más cuidado, aunque, en principio, le veo más proyectos que propósito; eso sí, tiene el valor de estar abierta al “diálogo social”. Lo más sonado tiene que ver con temas de infraestructura, indispensables, pero no estratégicos, porque son más prioritarias las reformas que las obras
