Por Azucena Restrepo Herrera*
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Con la inauguración del megaproyecto minero en Buriticá, Antioquia consolida su contribución a la industria extractiva del oro, con más del 60 % del total de la producción nacional. En Proantioquia acompañamos este proyecto de la Zijin-Continental Gold, tanto en el fortalecimiento de las relaciones territoriales y la apropiación social del proyecto, como en la convocatoria de las entidades del Estado, especialmente de Gobernación de Antioquia, para que se garantizaran los derechos de la explotación y se controlara la minería ilegal presente en el municipio.
Es así como los retos y oportunidades del sector extractivo han estado presentes en nuestra agenda. Consideramos la minería como un sector económico relevante y seguiremos promoviendo los proyectos que garanticen oportunidades de desarrollo sostenible para el país y las regiones. Sin embargo, hemos insistido que en el sector deben confluir las más altas capacidades del Estado, la más amplia participación ciudadana, y una rigurosa planificación y ordenamiento del territorio en torno a sus vocaciones y potencialidades.
La misma Unidad de Planeación Minero Energética ha manifestado que los desarrollos normativos del sector extractivo exigen una “visión unificada que integre las diversas visiones del desarrollo en los niveles nacional, regional y local que promueva una percepción del territorio como un activo social indispensable para el desarrollo de los diversos sectores de la economía”. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado, tras una evaluación de la regulación existente en materia de exploración y explotación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, que las actividades económicas se realicen bajo los más estrictos estándares de protección del medio ambiente y en la misma medida se respeten las características, necesidades, y especificidades regionales, económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades que los habitan.
Esta visión es la que se debe aplicar al análisis de convertir el Suroeste antioqueño en un distrito minero. Este territorio es rico en paisajes, montañas, valles y llanuras, microclimas y biodiversidad. Igualmente es una región con grandes oportunidades agroindustriales y turísticas. Actualmente cuenta con 16.400 empleos en cítricos, aguacate y turismo; y un potencial de 22.000 adicionales en los próximos 10 años en estos sectores, sumados al tradicional empleo cafetero. Por su parte, el proyecto de megaminería Quebradona, ubicado en Jericó y Támesis, con influencia en territorios más amplios, reporta que generaría 2.190 empleos durante la construcción (4 años) y 694 empleos directos durante la operación (21 años).
Hasta ahora, nuestras preocupaciones radican en la carencia de evaluación sistémica e integral de los impactos de la minería de metales en la región, la ausencia de la concurrencia y coordinación en torno al uso del suelo y el subsuelo y la amenaza de preocupantes efectos sobre el ambiente y la biodiversidad. Igualmente, aún no son evidentes la cuantificación de las externalidades positivas y negativas que pudieran generar la minería en el territorio. Con este fin, Proantioquia ha vinculado a Fedesarrollo para que de manera rigurosa calcule el valor estimado en regalías e impuestos, para el país y la región, frente a los pasivos ambientales y sociales generados.
Reiteramos nuestra invitación a construir un dialogo social amplio con las comunidades que se oponen al proyecto, sin señalarlas como caprichosas o ignorantes. Reconociendo que los argumentos presentados están basados en estudios científicos, históricos, sociales y económicos; se espera entonces, que las instituciones del Estado, y sus funcionarios, den respuestas en el mismo marco de respeto y rigurosidad.
* Presidenta Ejecutiva de Proantioquia.
