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Hace unos días se reunieron en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CV), los excomandantes de dos de los grupos que más produjeron violencia en el país: Salvatore Mancuso (AUC-) y Rodrigo Londoño (Farc), con el fin de fijar una ruta para el esclarecimiento de la verdad y para responderles a las víctimas por todas las atrocidades que cometieron. ¿Será posible, se preguntan muchos ciudadanos, que la justicia transicional sea el instrumento para arreglar cuentas con el pasado de modo que lo que se realice en justicia penal, verdad y memoria, resulte justificado para la mayoría de los miembros de nuestra sociedad?
Similar pregunta se planteó en los tribunales de Núremberg, Tokio y Jerusalén (Eichmann), tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los críticos de estos procesos criminales pusieron en duda el cumplimiento de las expectativas de la justicia legal, y cuestionaron su utilidad para salvar la memoria que pretendió destruir la criminalidad nazi. Esto lo señaló Hannah Arendt cuando afirmó que en casi todos los procesos penales que tienen que ver con genocidios o crímenes contra la humanidad, juzgar a un individuo no es la respuesta adecuada.
En el juicio contra Milosevic se dio este mismo problema. En la guerra en la exYugoslavia hubo más de 200 mil muertos y sólo unos pocos individuos fueron juzgados y condenados por el Tribunal Internacional de la Haya. El juicio a Milosevic no permitió ofrecer a las diferentes comunidades del territorio de la exYugoslavia una lección de verdad histórica. “No hay muchas pruebas de que las poblaciones hayan desarrollado una sensación de culpabilidad” (Koskenniemi, 2011-199). Varios críticos consideraron que estos juicios no fueron más que juicios espectáculo, que representaban la justicia del vencedor. Núremberg no consiguió "reeducar" a los alemanes occidentales, ni el Tribunal de La Haya pudo establecer una explicación imparcial del pasado que permitiera enseñar a generaciones más jóvenes los peligros que acarrean determinadas políticas.
El sentido de los juicios a los más grandes criminales habría que encontrarlo en otro lugar, dijo Karl Jaspers. “Estos juicios deberían dedicarse menos a juzgar a una persona, y más bien tratar de establecer la verdad de los acontecimientos pasados” (Koskenniemi, 2011-172).
Finalmente hay que decir que una buena parte de la sociedad colombiana mira con escepticismo estos procesos y se pregunta si lo que están haciendo las instituciones que derivaron del Acuerdo Final, harán posible la construcción de una verdad histórica y una memoria de la atrocidad; si se podrá establecer la responsabilidad de los más importantes actores de las estructuras de poder nacional y regional que crearon la criminalidad individual; y si los propósitos didácticos que se esperan de este proceso permitirán enseñar a las nuevas generaciones los peligros que trae consigo la violencia. Como ciudadanos debemos oír a los excomandantes en la CV y en la JEP, porque se trata del “problema del establecimiento del Estado”, que como dijo Kant, “tiene solución incluso para un pueblo de demonios, con tal de que tengan entendimiento” (Paz Perpetua)
