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La senadora Paloma Valencia Laserna abordó el tema de esta nota en el programa radial La Hora de la Verdad con la lucidez que le brinda ser oriunda de Popayán y heredera del maestro Guillermo Valencia Castillo, poeta, gobernador, senador y dos veces candidato, aunque sin éxito, a la presidencia. Huérfano a los 10 años, estudió en mi colegio, el de los hermanos cristianos, San José de la Salle en Medellín.
Los párrafos a continuación no son una trascripción perfecta de la entrevista, los redacté tras escucharla, tanto a ella como a su entrevistador, el señor Fernando Londoño Hoyos.
Comenzó la senadora Valencia afirmando que la historia de la violencia en el Cauca es bien larga, su gestación y desarrollo corren en paralelo con los cultivos de coca, la minería ilegal y los ejércitos ilegales, tanto colombianos como de los carteles mexicanos, los cuales están hoy integrados para repeler la acción del Estado. Como es bien sabido, el acuerdo de paz de La Habana incentivó el mar de coca al pactar la no erradicación por medio de la aspersión aérea y la sustitución consensuada y voluntaria de las plantaciones.
Hizo a continuación un recuento citando numerosas fechas precisas de los acontecimientos en los cuales, a partir de 2011, expulsaron los indígenas de su territorio al Ejército. Nos recordó casos de soldados bien armados, indefensos casi llorando, rodeados por indígenas belicosos, que nos proyectaron las cadenas de televisión. Rechazo similar padeció el presidente Iván Duque con la toma por los indígenas de la vía Panamericana, nuestro Ejército tampoco pudo actuar. ¿De qué se quejan hoy los indígenas?
Afirmó ella que en 2015 estaban desplegados en el Cauca 5.720 soldados. Que en 2016 se rebajaron a 4.600. Y que en 2018 apenas llegamos a 2.300 soldados. Que con los 2.500 soldados del Fudra Cuatro que promete destacar el presidente Iván Duque para restablecer el orden público, apenas se está retornando a las cifras del pasado, en un departamento que posee sobre las costas del Pacífico las vías ideales para exportar coca. En un departamento donde carteles como el de Sinaloa nos imposibilitan la paz, tal como lo demostraron los 25 narcotraficantes mexicanos que detuvieron en Tumaco. Aquí termina la entrevista citada.
Quien comenta ha escuchado un caso típico bien preocupante. El propietario de un cultivo de coca se dispone a erradicarlo para sustituirlo por algún cultivo lícito. Los narcotraficantes, o sea las nuevas organizaciones criminales de la zona, se enteran de su propósito y asesinan al pobre campesino para intimidar a todos aquellos otros dueños de cultivos que pretendan imitarlo. Por toda la región cunde la amenaza citada y la suerte del infortunado.
Con fines torvos, como inculpar al Estado de los asesinatos, se están confundiendo los líderes sociales con los campesinos que desean abandonar un negocio que poco les renta y que les reduce sus libertades. Quienes ganan dinero con el negocio de la coca son los intermediarios nacionales, y en especial, los extranjeros. Razón tiene el presidente Iván Duque cuando afirma que “es imposible proteger a 8 millones de amenazados”, porque los ´líderes amenazados´ son todos los cultivadores de coca del país.
