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América Latina es la región más violenta del mundo. Superamos, en niveles de violencia, regiones menos desarrolladas como África subsahariana o el sudeste asiático. ¿Por qué? Hay múltiples hipótesis. La más inmediata es la incapacidad de un Estado de ejercer el monopolio de las armas y la violencia. Esta es una función típica de las policías y las fuerzas militares. Hoy quiero hablar sobre las transformaciones que viene desarrollando la Policía Nacional de Colombia y la oportunidad que esto representa para el nuevo gobierno.
La Policía Nacional es, bajo muchas métricas, la empresa más grande de Colombia. Tiene más de 160 mil funcionarios distribuidos en todo el territorio nacional. Con sus familias, impacta directamente a más de un millón de personas. Sus “clientes” somos más de 45 millones de ciudadanos. Además, por su naturaleza nacional y centralizada, es, probablemente, el departamento de policía más grande de todo el hemisferio occidental.
La transformación de una organización de este tamaño y complejidad es difícil. Hay poco espacio para reformas estructurales y asumir riesgos que comprometan el largo plazo. Transformar a la Policía Nacional va más allá de un ejercicio interno de innovación y mejora continua, típico de organizaciones que operan en economías de mercado. La Policía necesita mucho más que eso.
En junio de 2021, la Policía Nacional inició un proceso de transformación para mejorar la prestación del servicio y fortalecer la confianza ciudadana. Este proceso ha contado con la participación de decenas de miles de personas, incluyendo a ciudadanos, policías, expolicías y familiares de policías. La base de la transformación consta de tres elementos. Primero, un grupo externo de cuatro instituciones que conforman una Secretaría Técnica: la Universidad Eafit, la Universidad de los Andes, la Universidad de Rutgers y el Banco Interamericano de Desarrollo. Segundo, una Mesa Asesora conformada por siete personas con experiencia en el sector de seguridad y defensa. Finalmente, un equipo de más de 70 uniformados, incluyendo a oficiales y personal con amplia experiencia en el servicio de policía, quienes lideran el proceso de implementación de los cambios.
Este proceso ha logrado diversos resultados. Por ejemplo, se aprobó una nueva legislación para el estatuto de carrera y profesionalización del servicio de policía, que profundiza la formación en derechos humanos, fortalece las pautas de entrenamiento, crea un centro de estándares para promover la evaluación continua y aumenta las capacidades necesarias para la prestación del servicio. El proceso ha generado cambios en el modelo de vigilancia, buscando mayor cercanía entre los ciudadanos y la policía, y un conocimiento más profundo de los contextos por parte del personal uniformado. También ha procurado una mejor selección, educación y entrenamiento, una evaluación más exigente e incentivos que promueven un mejor servicio de policía.
Este nuevo gobierno llega en un momento importante y tiene la oportunidad de recoger insumos de un proceso iniciado. Las acciones de la fuerza pública llevan, usualmente, a posiciones antagónicas. La transformación de la policía puede ser una oportunidad para conciliar posturas y construir capacidades. Si la Policía Nacional se fortalece con el gobierno que llega, gana Colombia
