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El 29 y 30 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en colaboración con la embajada de Suiza en Bogotá, realizó el evento “Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas”. Participaron expertos del mundo en justicia transicional y se presentaron experiencias de la misma de diferentes países.
El presidente Iván Duque instaló el encuentro, y tras un diplomático saludo, se fue lanza en ristre contra la JEP. Con un tono indignado, sin referir nada positivo sobre los avances hechos por esta nueva institución, indicó qué tipo de verdad debe buscar la JEP, quiénes son las personas que deben someterse a su jurisdicción, qué sanciones se deben imponer, y exigió celeridad en los procesos. Su discurso fue una clara interferencia del poder ejecutivo en el judicial.
Lo que se trató en este evento es importante para Colombia porque hemos vivido, como Alemania, Serbia, España, Ruanda, Argentina, Chile, Perú, la experiencia de grandes atrocidades, y porque la respuesta que se dé a estas determinará si podemos superar o no nuestra historia de violencia. El modelo de justicia transicional que se concretó en el Acuerdo Final establece que castigar retributivamente no es la única respuesta frente a la criminalidad masiva.
Esto mismo se planteó en los procesos penales que tenían que ver con crímenes contra la humanidad en Núremberg tras el Holocausto, en el proceso a Adolf Eichmann en Israel, en Francia cuando se juzgó a Klaus Barbie, “el carnicero de Lyon”, y a Maurice Papon. Algunos críticos expresaron en ese momento sus dudas respecto a la capacidad del derecho penal para tratar con los acontecimientos ocurridos en la guerra los cuales trascendían el campo del derecho penal. Aunque Milosevic hubiera ido a prisión, no habría sido una respuesta adecuada al hecho de que unas doscientas mil personas perdieron sus vidas por la sucesión de las guerras en la ex Yugoeslavia. Hannah Arendt señaló, “colgar a Göering es ciertamente necesario pero totalmente inadecuado. Pues esa culpabilidad trasciende y destruye todo ordenamiento jurídico” (Frei, 2000). Esto significa que frente a crímenes de lesa humanidad o genocidio, castigar a un individuo no es proporcional. Los juicios penales retributivos que se concentran en el acusado son insuficientes porque no tocan aspectos políticos, morales o históricos que son relevantes después de una guerra o un conflicto armado interno. La capacidad de la ley criminal es muy débil, por esta razón afirma Martti Koskenniemi, “estos juicios deberían dedicarse menos a juzgar a una persona, y más bien tratar de establecer la verdad de los acontecimientos pasados” (2011).
Pero el Centro Democrático, contra la experiencia histórica, según la cual la justicia penal retributiva no ofrece la respuesta adecuada frente a grandes atrocidades, insiste obstinadamente en que la única solución con las Farc es el juzgamiento de sus miembros como delincuentes por la justicia ordinaria, y la única narrativa histórica nacional válida es la que resulte del empleo de procesos penales. Por esta razón, pretenden desaparecer por derogación o transformación total a la JEP y la Comisión de la Verdad.
