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Federico Gutiérrez Zuluaga
Columnista

Federico Gutiérrez Zuluaga

Publicado el 16 de noviembre de 2020

Aulas vacías

De acuerdo con la Unesco más de 1.370 millones de estudiantes en el mundo, de los cuales 144 millones en Latinoamérica, se han visto afectados en sus procesos académicos por la suspensión de clases presenciales durante la pandemia del covid-19, lo que hará imposible el cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referente a adelantar acciones necesarias para que “todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad”.

Colombia no escapa a esta problemática. En marzo de 2020, los establecimientos educativos del país pasaron de la presencialidad a la virtualidad. Esta fue una medida necesaria y oportuna como todas las que han procurado garantizar la vida y la salud de las personas durante esta emergencia, pero ha generado graves costos en nuestro sistema educativo y ha puesto en riesgo algunos resultados positivos que se habían obtenido en términos de cobertura y calidad educativa.

Han sido evidentes las desigualdades entre los colegios oficiales y privados. En los privados, la conectividad, las plataformas digitales y las estrategias de educación en línea han permitido mayores logros académicos. Mientras en los oficiales, donde estudia el 80 % de los niños y jóvenes del país, la situación es más compleja. Un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, arrojó que el 63 % de los estudiantes de 5º y 11º no tienen computador ni internet en sus hogares para conectarse a sus clases. En términos regionales, en el 96 % de los municipios colombianos, menos de la mitad de los estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas para continuar su proceso formativo de manera virtual. En la ruralidad la situación es aún más grave, sólo el 17 % de los niños y jóvenes tienen internet y computador, lo que ocasiona pérdidas irreversibles en aprendizajes significativos y un aumento en las brechas de inequidad y pobreza, pues los obstáculos para acceder al conocimiento también lo son para generarle oportunidades de vida a la mayoría de los colombianos.

Las consecuencias han sido evidentes. El informe del Ministerio de Educación Nacional sobre los efectos de la pandemia muestra que, de 9’395.018 estudiantes matriculados en colegios oficiales y privados del país más de 102.000 no se conectan ni volvieron a sus clases, lo que podría ocasionar una deserción escolar mayor al 7 %, afectaría directamente a nuestros niños y niñas más vulnerables, aumentaría los casos de embarazo adolescente, de explotación laboral y abuso sexual, y los riesgos de múltiples situaciones de violencia.

Igualmente por el aislamiento preventivo, se han alterado los procesos de socialización de los estudiantes, sus rutinas de aprendizaje, las trayectorias educativas, la posibilidad de desarrollar competencias socioemocionales a partir del encuentro con sus compañeros, y se han limitado servicios esenciales para el desarrollo integral de nuestros menores como la alimentación escolar, los entornos protectores y el acompañamiento psicosocial que recibían en sus colegios.

Ante estos costos sociales y educativos, es de vital importancia para el ciclo escolar de 2021, afinar los protocolos de bioseguridad y concertar acuerdos entre el Ministerio de Educación, los actores de las secretarías municipales y los padres de familia para un regreso a clases seguro, paulatino, con posibilidad de alternancia, que combine la presencialidad y la virtualidad, que proteja a la población escolar vulnerable y permita a los colegios oficiales y privados garantizar el derecho fundamental a una educación de calidad, equitativa e incluyente. Es fundamental convocar ya a un diálogo razonado, basado en la confianza, la empatía y que ponga en el centro el interés superior de nuestros niños, niñas y jóvenes.

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