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La cooperación entre naciones como instrumento de desarrollo hoy más que nunca está vigente y es necesaria. La colaboración entre Colombia y Estados Unidos ha sido una tradición histórica, importante y estratégica no solo en términos militares, sino económicos, sociales y políticos gracias a la transferencia de conocimientos, ayudas financieras y cooperación integral.
Recientemente, un grupo de congresistas interpuso una tutela buscando suspender la misión de una brigada élite proveniente de Estados Unidos que asesorara al país en la lucha contra el narcotráfico, con el argumento que esto debía surtir un proceso de consulta y aprobación de parte del Senado de la República. Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico dispone que cuando se genera cooperación militar de otro país con la finalidad de combatir, se debe solicitar autorización a dicha cámara del Congreso.
Al enterarme de esta noticia, quise entender si acaso combatir es lo mismo que asesorar. “Combate” se define como “enfrentamiento armado en el que intervienen fuerzas militares”. “Asesoría”, como “servicio que consiste en brindar información”. Así, entonces, es claro que cuando hay tropas extranjeras en tránsito o que vayan a establecerse y vayan a desarrollar operaciones militares es necesario el aval del Senado, de lo contrario dicho permiso no se requiere.
En este caso lo que se está llevando a cabo es un proceso de cooperación para apoyos en dotación e instrucción a nuestras fuerzas para la lucha en contra del narcotráfico que, no sobra hacerlo explícito, debe incluir el componente de derechos humanos. No hay tránsito, no hay permanencia, no se ceden bases, no se asumen obligaciones. Simplemente se recibe la visita de unos militares, como muchas visitas que ya se han recibido y se siguen recibiendo de la mano de la Embajada americana, para el trabajo conjunto, colaborativo.
Resultaría curioso encontrar a alguien que se opusiera a esto. Lo cierto es que “casualmente” algunos de los congresistas que interpusieron la mencionada tutela, son los mismos que defienden al Eln, a las Farc e incluso a la dictadura de Maduro, que terminó siendo el mejor aliado del narcotráfico en la región. Para combatir integralmente al narcotráfico en su cadena de cultivo, procesamiento, distribución, consumo y lavado de activos, es necesario tener la mayor capacidad institucional y aliados posibles. De lo contrario, para el Estado colombiano será cada vez más difícil tener un territorio regido por la legalidad. Y peor aun con Estados vecinos como Venezuela, al que se lo han tomado las estructuras criminales. ¿A quiénes les conviene que no haya ayuda militar en la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo se benefician las disidencias de las Farc, Eln, Clan del Golfo y demás organizaciones dedicadas a este negocio criminal?
El fallo emitido por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por supuesto debe cumplirse. Hay que ser respetuosos de la institucionalidad y se debe demostrar que las actuaciones sí están bajo el amparo del ordenamiento jurídico. Eso sí; si la discusión llega al Congreso, esperaría uno que el debate tenga la altura que merece, con hombres y mujeres de Estado que sean capaces de poner los intereses nacionales por encima de cualquier otro criterio.
El debate debe separarse: una cosa es si el procedimiento de aprobación del Senado se requería, y otra cosa es la conveniencia y si estamos de acuerdo con el fondo del asunto, el cual es la asistencia y cooperación por parte de los Estados Unidos a nuestro país. Que un asunto estratégico no se reduzca a un debate de procedimiento. Claro que se deben respetar las reglas, pero que superado este impasse se avance en el desarrollo del propósito que es lo que nos tiene que convocar.
