Por William Luciano Villegas O.
La sociedad colombiana lleva más de un mes acorralada por las organizaciones que manejan el Paro Nacional al usar como herramienta de protesta los bloqueos en las vías urbanas y rurales. Como quiera que el paro obedece a un sentimiento reprimido por los jóvenes ante la falta de oportunidades y desarrollo, acrecentada por la pandemia y la desintegración de la familia, así como por una educación pública pésima, es importante resaltar que los bloqueos están causando una gravísima afectación a la seguridad alimentaria de los colombianos, especialmente de los estratos más vulnerables, cuyas dimensiones no han sido valoradas con responsabilidad.
Según el marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (FAO), todas las personas deben tener en todo momento acceso físico, económico y social a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y segura. Este principio fundamental ha sido violado en Colombia por los cerca de 2.000 bloqueos urbanos y rurales que se registran en el país; además de transgredir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 13, sobre la libertad de movimiento, 25, sobre el aseguramiento de la alimentación, y 29, sobre la responsabilidad que debemos tener todos hacia los demás.
La seguridad alimentaria es golpeada en las dimensiones de: 1) Disponibilidad, 2) Acceso físico y económico, 3) Estabilidad, 4) Calidad e inocuidad, 5) Suficiencia, y 6) Sostenibilidad ambiental. Se generan traumas a todas las cadenas agroalimentarias instaladas desde su distribución hasta el consumo; obviamente perjudicando a los productores campesinos, a los microempresarios de alimentos, a los trabajadores del campo, a los transportadores y a los industriales.
Según la Defensoría del Pueblo, 4 millones de niños no reciben sus raciones alimentarias por los bloqueos y los costos de alimentos suben hasta en un 300 % por la falta de disponibilidad; reduciendo los ingresos del ciudadano además de generar desempleo, que según algunos cálculos ya se pasa del millón ochocientos en el campo, causando mermas en el consumo de alimentos, suficiencia y estabilidad.
Los alimentos perecederos se transportan en Colombia principalmente por vías terrestre, y los continuos obstáculos para que lleguen a las zonas de consumo favorecen su descomposición. Por los daños de los productos en bodegas, centros de acopio y transportadores, la descomposición de alimentos en vías y campo por bloqueos, las pérdidas ya llegan a $3,8 billones.
Es urgente que la sociedad y sus líderes sociales exijan de manera inmediata el desbloqueo de las vías; y si la CIDH hace un papel digno y coherente con los derechos que cobijan Naciones Unidas y nuestra Constitución para la seguridad alimentaria, debe cambiar el caviar en su menú y proponer se restaure la libre movilidad de personas y productos por el territorio nacional.
Un Estado social de derecho en ningún lugar del planeta y más en un país democrático (así sea una democracia imperfecta) puede permitir que los daños colaterales del paro, como son los bloqueos promovidos en el país por algunos políticos, Fecode, la CUT y otras organizaciones, degraden a otras instituciones y el bienestar de las comunidades y de la población en general
