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Al doctor Rodrigo Lara Sánchez, como próximo vicepresidente de la República, le tocará lidiar con la grave problemática de la salud, que, además, conoce muy bien por su profesión médica.
A la ineficiencia, la desidia, la incompetencia y, sobre todo, la corrupción, que es la vena rota por la cual los deshonestos drenan los insuficientes recursos de la salud, se suman problemas financieros graves que exigen una intervención inmediata y se diría que urgente del ejecutivo.
Para lo dicho, un ejemplo:
Desde el 2008, la Corte Constitucional dio instrucciones para encarrilar el sistema de salud en Colombia. Mediante la sentencia T-760 ordenó suprimir trámites “engorrosos e innecesarios” porque el derecho a la salud debe estar libre de “obstáculos burocráticos y administrativos”.
Sin embargo, algunos actores se saltan el fallo y funcionan como rueda suelta aferrados al ejercicio despótico del poder tras una ventanilla.
La Seccional de Salud de Antioquia conoció hace poco el caso de un ciudadano que padece una enfermedad crónica y presenta intempestivos altibajos de sus niveles de glucosa, algo que podría ocasionarle mayores complicaciones.
Desde el 2 de diciembre de 2021, su médico, un especialista en endocrinología, le recomendó el monitoreo constante de los componentes de su sangre. Esto requiere un dispositivo costoso cuyo suministro aprobó el comité técnico científico de Nueva EPS.
En la droguería Colsubsidio de Guayabal debían entregar ese kit. El paciente fue hasta allá cinco veces y el tecnólogo en regencia de farmacia John Jader David Alcaraz no quiso darle el equipo. Según dijo, el especialista hizo mal su trabajo porque escribió en la fórmula la palabra “dispositivo” en vez de “sensor”. Con ese argumento, conminó al paciente, y por medio de este al médico, para que modificara en varias ocasiones la prescripción, de tal manera que en ella dijera lo que el boticario quería leer a su entender. Antes de finalizar el pasado enero, el farmaceuta suministró los sensores, pero se quedó con el lector y mandó al paciente a tramitar una nueva autorización ante la EPS. Lo uno no funciona sin lo otro.
Dos funcionarios de la Seccional de Salud visitaron a David Alcaraz el 26 de enero y él los engañó, pues dijo que, para esa fecha, ya había suministrado el equipo completo. Además, aseguró que obstaculizó el trámite porque siguió lineamientos de Colsubsidio, pero la empresa lo desmintió.
Finalmente, la EPS envió una nueva autorización y el paciente recibió el aparato después de varios meses de papeleos, idas y venidas y trámites sin sentido. Este comportamiento amerita investigación a Colsubsidio y al regente de farmacia.
Algo falta por ajustar en el engranaje del sistema de salud cuando alguien por capricho decide entorpecer las decisiones de especialistas y de comités científicos.
Post Scriptum: ninguno de los organismos de control parece darse por aludido por las reiteradas y descaradas intervenciones del alcalde Quintero en favor de la candidatura del Pacto Histórico. Son múltiples las denuncias. ¿Será que Quintero tiene garantizada la impunidad por violar la ley?
