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Alejo Vargas Velásquez
Columnista

Alejo Vargas Velásquez

Publicado el 14 de febrero de 2021

BUENAVENTURA: ¿PROBLEMA DE SEGURIDAD O DE DESARROLLO?

En días pasados tuvimos conocimiento los colombianos de una nueva crisis de violencia en el puerto de Buenaventura –los medios se vuelven a ocupar, los congresistas hacen visitas y reuniones, las organizaciones de la sociedad civil actualizan su contabilidad de muertos, desaparecidos, desplazados, el gobierno habla de sus planes y promete más presencia de fuerza pública-, pero tengo la impresión que estamos ocupándonos de los efectos de una situación problemática y no de las causas ni del problema. Y situaciones similares tenemos en casi toda la Costa Pacífica, en el Catatumbo, y otras regiones, que justamente se buscaba atender, en el Acuerdo del Teatro Colon con la estrategia Pedet, entre otras. Porque este no es un problema solamente del actual gobiernos, por lo menos cinco gobiernos anteriores tuvieron que vivir situaciones similares.

Considero que casos como el del primer puerto del Pacífico, así como otras regiones reflejan el fracaso de la estrategia de apoyo a estas comunidades para su desarrollo. La violencia, que no hay duda afecta a los pobladores, especialmente los jóvenes, en términos de desplazamientos intra-urbanos o interurbanos, adesapariciones, reclutamientos, asesinatos –recordemos hace unos años las famosas “casa de pique”– de un territorio de población afrodescendiente, donde el propio puerto, que es el más importante del país, pareciera operar como una economía de enclave, donde los pobladores, especialmente la población joven y mujeres no tiene mayores oportunidades lícitas para satisfacer necesidades básicas. Esto ha generado la presencia de grupos de crimen organizado de diverso tipo, que buscan controlar rentas ilegales, controlar los barrios de la ciudad y se erigen como opciones de ingreso para los pobladores, especialmente jóvenes. A esto se suma carencias en acceso a derechos básicos y por supuesto una creciente desconfianza en las autoridades estatales, incluida la Fuerza Pública.

El caso Buenaventura es un buen ejemplo del fracaso de los gobiernos nacionales en tratar de gestionar problemas de los territorios con miradas y estrategias pensadas desde el centro. En este caso, incluso en el pasado a raíz de los paros cívicos de los pobladores se avanzó en la concertación con los pobladores, con el apoyo de prelados de la Iglesia Católica y de líderes de la región – es importante destacar que hay un grupo de dirigentes afros que pueden y deben jugar roles fundamentales de desarrollo, desde y para los territorios, por ejemplo los agrupados en Amunafro-, pero desafortunadamente la tradicional tendencia de todos los gobiernos de incumplir aquello a lo que se comprometen con las regiones, quedando todo en el papel, en promesas incumplidas y frustración para la población.

Situaciones como la de Buenaventura no se resuelven solamente aumentando el pie de fuerza militar o policial –no se le puede cargar a ellos la solución de una situación problemática compleja-; claro que se requiere la acción eficaz de la Fuerza Pública, donde la inteligencia policial es fundamental para combatir a estos grupos de crimen organizado; lo anterior deberá estar acompañado con una estrategia de desarrollo integral local-regional, de mediano plazo, concertada con las comunidades –allí son fundamentales las metodologías participativas- y con la decisión política reforzada por el Congreso y las disposiciones legales necesarias para su ejecución, de las estrategias de desarrollo de mediano plazo y lideradas por dirigentes de los territorios con la clara responsabilidad de un comisionado presidencial o como se le quiera denominar, con el acompañamiento de líderes sociales como el obispo y líderes comunitarios organizados en veedurías ciudadanas y haciendo todo el esfuerzo para que el sector empresarial igual se vincule y asuma su responsabilidad.

Buenaventura y el Pacífico nos debe doler a todos, más allá de disputas partidistas

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