La aparente filtración periodística de un concepto técnico sobre la cadena perpetua emitido por la Comisión Asesora del Consejo de Política Criminal el pasado 23 de mayo, a petición de la anterior ministra de Justicia y del Derecho, que incluso la misma dependencia ya había colgado de su portal pero que luego se bajó, ha desatado una de esas tormentas usuales cuando los personajes proclives al autoritarismo y el artificio entran en escena, sean funcionarios (el ejecutivo con sus adalides) políticos (algunos congresistas o herederos de estos ávidos de votos), periodistas (cada día aparecen nuevos abusados que se suman a esta cruzada religiosa medieval) y hasta académicos.
Por eso, el discurso vendido al colectivo social –tras posar como los “buenos”, mientras que quienes piensan distinto son los “malos” de la película– es que a los perversos criminales que realizan el destestable delito de violación de menores se les debe recluir, de por vida, en una cómoda cárcel “hasta que se pudran”; desde luego, en torno a ello no se promueve un debate erudito con bases empíricas que discuta los pro y contra del asunto sino que se acude a la irracionalidad más absoluta y el lenguaje es el de los gritos, el sensiblerismo y las reprimendas. A nadie importa, pues, si esas pretendidas sanciones se van a imponer o no en atención a la impunidad existente, si son útiles o no, si son o no necesarias; si ellas previenen esos monstruosos delitos o no; si educan o no al colectivo social; si los autores se resocializan o no; si hay otros instrumentos legales para tratarlos o no. En fin, nadie se pregunta sobre el trasfondo social, cultural, antropológico de tan grave fenómeno, porque eso no interesa.
Y, entonces, cuando uno presencia esta cotidiana y populista demanda en pro de la cadena perpetua, que se activa cada que se tiene noticia de un crimen sañudo, se pregunta si los defensores de esa postura —que violenta los pactos mundiales de derechos humanos y arrasa con los más elementales principios de un derecho penal democrático y de garantías– piensan en que, si son coherentes, también deberían hacer las mismas exigencias para castigar las conductas de los corruptos, reclutadores de niños a la fuerza, criminales de lesa humanidad, traficantes de drogas ilícitas y de personas, proxenetas, asesinos, extorsionistas, secuestradores, etc., algunos de los cuales han sido premiados por el oprobioso sistema político con la más absoluta impunidad y el ejercicio de cargos de representación democrática.
Pero la respuesta es negativa porque muchos de los defensores de la cadena perpetua solo para violadores toleran, como si fuese lo más normal del mundo, que a esas manifestaciones delictivas se les dé un tratamiento distinto; incluso, ven muy “normal” que se imponga pena de muerte (y los castigos extrajudiciales también son penas) a los líderes sociales y a los desmovilizados y se “molestan” cuando alguien hace cualquier mención sobre el asunto. Es la sinrazón más absoluta, la claudicación ante las más elementales leyes de la lógica, el fanatismo ciego, la ignorancia y la arrogancia.
Por eso, bien hizo el presidente de la susodicha Comisión Asesora, el Profesor Ricardo Posada Maya, en presentar renuncia al cargo que venía desempeñando, a través de una lacónica pero muy sustanciosa carta, fechada el pasado día nueve de julio, en la que reclama transparencia y el derecho a mantener su dignidad, ética e independencia. Ojalá los demás miembros de ese organismo (si es que están animados por los principios que engrandecen a su líder) optaran, a la mayor brevedad, por hacer lo mismo. El camino, pues, debe quedar despejado para que la señora ministra y el viceministro del ramo tengan la oportunidad de nombrar un organismo a su amaño, que sirva de comité de aplausos, sin discutir y presto a claudicar, porque a esos futuros integrantes les espera el dulce manjar del poder si son dóciles y serviles.
