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Después de nueve años de haber suscrito convenios por cerca de diez mil millones de pesos con la administración del exalcalde Aníbal Gaviria Correa, no se ha logrado establecer si Asomedellín por fin cumplió con el pago de una sanción por 1.413 millones de pesos que le impuso el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) en el año 2017.
En ejercicio como concejal de Medellín se realizó el debate de control político y se presentaron las denuncias ante la Personería y Contraloría de Medellín y Fiscalía y Procuraduría General con el objeto de establecer presuntas responsabilidades de funcionarios públicos frente a los incumplimientos del contratista Asomedellín y, extrañamente, en la actualidad parece extraviado el expediente relacionado con los hechos en la Personería de Medellín, adonde he sido invitado por el titular a tomar café para presuntamente conciliar nuestras diferencias.
Considero oportuno recordar que en agosto de 2014 Ernesto Jaramillo Arango, representante legal de Asomedellín, firmó un convenio con quien era el director general del Isvimed, Iván Darío Sánchez Hoyos, para realizar diagnósticos y ejecuciones de subsidio municipal para mejoramientos de vivienda en sectores vulnerables.
De acuerdo con la resolución 1461 del 13 de septiembre del 2017, suscrita por Laura Mesa Jaramillo, subdirectora jurídica de Isvimed, se obligó a Ernesto Jaramillo frente al Isvimed a cumplir con la sanción por concepto de los perjuicios causados con su incumplimiento sobre el recurso entregado y no ejecutado.
El porcentaje de incumplimiento del convenio 339 de 2014 por parte del contratista fue del 67 %, según se estableció en uno de los informes de interventoría.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del decreto 19 de 2012, la mencionada resolución una vez ejecutoriada se publicó en el Secop, se comunicó a la Cámara de Comercio y se comunicó la sanción a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
No es entendible que un contratista que incumple con un convenio suscrito en el año 2014 aparezca luego como suscriptor de otro convenio millonario en el año 2015.
En el mismo año en que el Isvimed sanciona a Jaramillo Arango se conoció el hecho de que este se encontraba vinculado como auxiliar de servicios generales en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid desde el 8 de marzo de 2017 y se albergó la esperanza de que una vez localizado se le haría efectiva la sanción.
Es muy llamativo el hecho de que un auxiliar de servicios generales, quien también laboraba como reciclador en la comuna 13, sea quien suscribiera convenios con el Municipio de Medellín para aunar esfuerzos y, además, apareciera como financiador de un candidato que no alcanzó a llegar al Concejo de Medellín, hoy aliado de la administración de Daniel Quintero.
Mucha parte del dinero no ejecutado fue invertida en carros y motos de alta gama, apartamentos, casas y fincas en varios municipios del departamento de Antioquia.
Post Scriptum: ¿Cuál es la actual congresista, cercana a la administración de Daniel Quintero, vinculada a esa investigación que fungió para la fecha de los hechos como directiva del Isvimed? ¿Dejaron vencer los términos o archivaron los procesos?
