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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 09 de abril de 2019

Capitalismo, despojo y justicia

El desplazamiento forzado de los campesinos y el despojo de sus tierras son fenómenos que se han dado en el país desde hace décadas. En el período denominado como “la Violencia”, -1946-1958-, cerca de dos millones de personas abandonaron sus propiedades para protegerse en las ciudades del terror impuesto por diferentes actores legales e ilegales. Pero el mayor desplazamiento y despojo de tierras se produjo entre 1995 y 2002, período en el cual se dio el crecimiento desbordado del paramilitarismo y el aumento de la fuerza militar de las Farc.

El desplazamiento y el despojo fueron acompañados por un cambio en la tenencia de la tierra. Las tierras que los campesinos abandonaron fueron ocupadas por actores de la guerra, sus amigos, familiares, y en poco tiempo los antiguos dueños fueron privados de sus propiedades.

El despojo en Colombia se dio en varias modalidades: el material se estableció mediante el uso de acciones violentas; el jurídico consistió en el uso ilegal de figuras jurídicas para adquirir la titularidad del bien; y el mixto se dio con la toma de posesión de la tierra y la legalización de la transferencia del derecho sobre la propiedad (Camilo Sánchez).

El dato que ha sido utilizado para medir el despojo y para diseñar la política de restitución de tierras es el que presentó la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado, la cual estimó que el total de hectáreas usurpadas sería de 5,5 millones, que equivaldrían al 10,8 % de la superficie agropecuaria del país, cifra controvertida por varias instituciones.

El proceso de desplazamiento y despojo armado de tierras es un hecho indignante que debería haber suscitado el rechazo de la sociedad. Estas prácticas ilegales usadas por los paramilitares y sus aliados civiles, produjeron resultados que son moralmente indefendibles. La expropiación de tierras, que canaliza la riqueza hacia los circuitos de acumulación del capital, permitió a los empresarios del crimen encontrar más lugares donde producir, pero a la vez destruyó la vida de miles de personas robándoles sus medios de subsistencia. La restitución de tierras fue la reacción de justicia social que sirvió para construir una política que enfrentara el despojo.

Tenemos dos visiones distintas sobre el problema de la tierra. La primera es de justicia correctiva, se desprende de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y propone entregar tierras a las víctimas del desplazamiento. La segunda se opone a la reforma contenida en la política de restitución, minimiza la gravedad de lo ocurrido en el despojo y plantea que la única alternativa que Colombia tiene en el campo es la explotación económica de la tierra a gran escala y el aumento de las exportaciones utilizando grandes inversiones de capital.

Este modelo capitalista prioriza la eficiencia y la productividad frente a la justicia de restitución, y permite que la riqueza colectiva de la sociedad, sea apropiada por un reducido grupo de individuos y empresas privados, que ante tanta crítica se preguntan: ¿Pero qué tiene de intrínsecamente malo la creación de riqueza?.

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