Por Sergio Tobón *
www.proantioquia.org.co
Hablar del catastro no es común en la agenda pública dado que existe una concepción meramente tributaria sobre este instrumento. Sin embargo, sus impactos positivos en materia de finanzas públicas, acceso a mercados financieros, entre otros, hacen obligatoria su inscripción en las agendas gubernamentales y de gobernanza.
Por ello, al incluir la implementación de un catastro multipropósito dentro de la política de Paz con Legalidad, el gobierno nacional tiene la inmensa oportunidad de modernizar y formalizar al país: según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, existe una desactualización del 94 % del área del país, lo que implica un problema para la adecuada gestión y gobernanza de la tierra y de los derechos de propiedad, con especial énfasis en el mundo rural.
Por ello, implementar el Catastro Multipropósito no solo es una forma de contar con información actualizada sobre los predios urbanos y rurales en los municipios. Es, al final, contar con un instrumento estratégico que facilita la administración del territorio, pues recoge y hace accesible información valiosa para la planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial, la gestión de tierras, el diseño de buenas políticas públicas y el aumento de los ingresos fiscales.
Su implementación resulta clave y debe ser un objetivo común para toda la sociedad: alcanzar la meta de actualizar el 60 % del catastro del país, como quedó consignado en el Conpes 3985 de 2019, es fundamental para el desarrollo sostenible del país, la estabilidad fiscal de las entidades territoriales, la construcción de paz, el acceso a la tierra, la erradicación de cultivos ilícitos, la competitividad rural y la legalización de predios de escuelas rurales.
Los retos para una adecuada gestión del catastro a nivel regional y local son múltiples, puesto que requieren verdaderos ejercicios de articulación, así como la aplicación de los principios de coordinación y subsidariedad entre los diversos niveles del Estado. En una conversación pública que lideramos desde Proantioquia con la Universidad Eafit, la Gobernación de Antioquia, el Igac, la Alcaldía de Medellín y Usaid, se encuentra que el principal rezago se halla en materia de capacidad institucional por ausencia de recursos humanos, tecnológicos y físicos para la gestión; así como la desconexión de la gestión catastral con el saneamiento de las finanzas públicas territoriales, entre otros.
Sin embargo, iniciativas estratégicas como Territorios + de la Gobernación, el despliegue técnico del Igac en las regiones, la producción de conocimiento de las universidades como Eafit, y la financiación integral de la cooperación internacional; permiten avanzar en la aceleración de la implementación del catastro multipropósito en cuanto a producción de cartografías, actualización predial y cualificación del capital humano y tecnológico. Las claves para continuar avanzado en materia catastral son la gestión eficiente de la información levantada y la consolidación del proceso de descentralización en Colombia para aumentar las competencias de las entidades territoriales a través del mejoramiento de sus capacidades y el aumento de sus finanzas públicas.
El desconocimiento técnico y el rechazo político que se presentan en los territorios deben superarse en función de implementar una de las herramientas estratégicas con las que cuentan los municipios para su estabilidad fiscal. Por ello, el llamado es a realizar una agenda común en un reto estructural de país y acelerar la implementación del Catastro Multipropósito como una apuesta de competitividad, paz y desarrollo sostenible
* Director de Desarrollo Territorial de Proantioquia.
