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Hernán González Rodríguez
Columnista

Hernán González Rodríguez

Publicado el 02 de febrero de 2015

Cese el fuego bilateral, ¿definitivo?

No transcurre hoy un solo día sin que las intervenciones del presidente Juan Manuel Santos se presten a interpretaciones cada vez más contradictorias y más sombrías para el futuro de Colombia, con su estrategia de proponer, negar y, finalmente, ejecutar sus deseos.

La más reciente fue el cese el fuego bilateral y definitivo que propuso Santos y que luego salió a aclarar diciendo: “no quiere decir que se decretó el cese el fuego sino que tarde o temprano tenemos que sentarnos para ver cómo va a ser eso... y en su momento veremos si lo aplicamos en forma inmediata o apenas terminen las discusiones, dependiendo de cómo haya avanzado el otro punto de justicia transicional y víctimas”. A continuación armó otro lío con ´su policía rural con la participación de exguerrilleros de las Farc’.

Un cese bilateral y definitivo del fuego no se puede iniciar con las Farc, el ELN y las bandas criminales –bacrim- dispersas por todas las regiones del país. Exige, al menos, delimitar unas pocas zonas para la concentración y la entrega de las armas de las Farc y el ELN -no la dejación de ellas. Aceptar dicha dispersión implicaría acuartelar aún más las Fuerzas Armadas para evitarles errores por su imposibilidad de distinguir entre los hostigamientos de tales delincuentes sin violar el cese del fuego.

Apremia, asimismo, volver a autorizar que el Ejército combata a las bacrim. Recordemos que las camarillas mayoritarias del Congreso le prohibieron al Ejército combatir estas bandas y autorizaron solamente a la Policía para lidiarlas. Decisión incomprensible, al menos que ya estuviera pensando el presidente Santos en crear ‘su policía rural con exguerrilleros de las Farc’ para diezmar, relevar al Ejército y justificar tal prohibición. Todo parece encajar.

Atemoriza que un elevado número de zonas de reserva campesina se utilice para fortalecer el narcotráfico, con la autonomía ya conferida para fomentar los cultivos ilícitos y la minería ilegal, sin tolerar el ingreso de las autoridades, como acontece en San José de Apartadó, Catatumbo... so pretexto de ajustarse a los acuerdos ambivalentes ya firmados en La Habana. Y que para completar, se rodeen dichas zonas de ‘exguerrilleros en función de policía rural’.

Tolerar numerosas ‘repúblicas independientes’, se prestará para crear unos centros de operaciones para invadir los predios vecinos, para adoctrinar a los campesinos, para comprarles votos y asegurarse más curules ‘de esas sin competencia’ en el Congreso, para imposibilitar las exploraciones petroleras y las obras de infraestructura vial... Todo converge a entregarle el 40 % del país rural a las Farc con su policía rural y las grandes ciudades y las fronteras al Ejército y a la Policía tradicional.

Es posible que lo aprobado en La Habana lo refrende el país con un SÍ en una séptima papeleta. Pero lo que sí no se ve fácil son las legalizaciones formales de dichos acuerdos frente a la justicia penal internacional o en una Asamblea Constituyente con vastos poderes, pero sin representación mayoritaria de las Farc, de la cual resultarían invalidados buena parte de los acuerdos de La Habana. En síntesis, el cese del fuego será bilateral, mas no definitivo.

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