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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 26 de octubre de 2022

Cirirís

Las Madres –y abuelas– de la Plaza de Mayo no son una realidad ajena. Argentina, 1985 (Santiago Mitre, 2022), la historia del fiscal que condenó a Videla y a Massera, es un documento cinematográfico que más parece un espejo: ¿cuántos archivadores hubieran atiborrado en Colombia “Los chicos de Strassera”, quienes presentaron al Tribunal civil 709 casos y más de 800 testigos sobre desapariciones forzadas y demás abusos estatales?

De acuerdo con Medicina Legal, a finales de los ochenta, Colombia registraba 1.500 víctimas de desaparición forzada. A junio de 2022, las cifras del Informe Final de la Comisión de la Verdad indican que son más de doscientas mil. La Fundación Nydia Érika Bautista, que acompaña a buscadoras de desaparecidos, publicó un estudio que muestra que en un 95 % de los casos, quienes buscan a los desaparecidos son mujeres: madres (59 %); seguidas y/o acompañadas por las esposas o compañeras de las víctimas (14 %); hermanas (13 %), hijas y padres (4 %, respectivamente). Si se mide el impacto, serían más de dos millones de afectados: una desaparición forzada altera en promedio entre cinco y diez familiares por víctima (sin considerar la “familia extendida” bajo la cosmovisión afro e indígena). Se calcula que en cada hogar hay dos buscadoras, es decir, 400.000 en Colombia. Entre dos y cinco huérfanos quedan a cargo de abuelas, esposas, tías y hermanas de las víctimas.

Un 99% de los casos de desaparición forzada queda en la impunidad.

La “gran prensa” colombiana cubrió de forma marginal (por no decir que invisibilizó) el proyecto de ley que reconoce y protege la labor y los derechos de las buscadoras de víctimas de desaparición forzada; ley que no tendría impacto fiscal pues sus recursos estarían garantizados en presupuestos asignados a otras políticas públicas (por ejemplo, de equidad de género o el programa de reparación a víctimas).

Resalto tres aspectos: (1) el deber de solidaridad y respeto de la sociedad civil, el sector privado y las comunidades hacia las buscadoras; (2) la corresponsabilidad del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y la sociedad en erradicar las violencias o vulneraciones contra las buscadoras, y (3) la Unidad Nacional de Protección priorizará las solicitudes de estas constructoras de paz.

La ley reconocería el 23 de octubre como “Día nacional de reconocimiento a las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada”, homenaje a doña Fabiola Lalinde, detenida bajo cargos falsos en medio de su famosa “Operación Cirirí” para encontrar a su hijo.

Las buscadoras soportan desplazamiento, estigmatización y violencias, producto de una sociedad enceguecida por sesgos políticos y sociales. Investigan mejor que la Fiscalía General de la Nación (¡y los victimarios lo saben!). Inquieren lo que la Procuraduría se empeña en ignorar.

Hoy, la Jurisdicción Especial de Paz trabaja para evitar que más buscadoras mueran esperando verdad y justicia.

Por amor a sus hijos, miles de “cirirís” han desafiado durante décadas la indignidad del Estado colombiano. “Feroz, clandestino y cobarde”, diría el Fiscal Strassera

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