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Este año han sido asesinados más de treinta y cinco miembros de la Policía Nacional, pero igualmente un número importante de militares; también decenas de reincorporados de las extintas Farc, así como un número destacado de líderes y lideresas sociales. Esto sirve para enunciar algunas de las distintas violencias que están presentes en la sociedad colombiana y que, junto con las violencias de la vida cotidiana, nos llevan a decir que no es suficiente con el cambio de gobierno para que el problema termine, ni la elección de un presidente de centroizquierda; claro que ayuda mucho un gobierno con la disposición al diálogo político y social, pero también con la disposición a confrontar con la fuerza pública aquellas expresiones de violencia renuentes a su desmovilización.
La prioridad debe ser retomar con toda la seriedad política la implementación integral del Acuerdo del Teatro Colón con las Farc, para lo cual será importante ayudar a que los reincorporados de las Farc logren tramitar sus diferencias internas, que se pongan en marcha los diversos puntos del mismo —el agrario, el político, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los mecanismos de seguridad, etc.—.
Por otra parte, decimos que es fundamental que se inicien de nuevo o se retomen las conversaciones políticas con el Eln, buscando dar curso a este proceso en los tiempos y diseños que el mismo requiera —para lo cual puede ayudar la decisión de diálogo social y político expresada por el gobierno electo—; no se olvide que muchas de las dificultades en la implementación del Acuerdo con Farc pueden ser objeto de debate en esta mesa de conversaciones, e incluso temas de controversia —el tema de justicia transicional, el proceso de desarme, entre otros—.
Pero al tiempo debe diseñarse, dialogarse e implementarse una estrategia con los grupos de las disidencias de las extintas Farc, diferenciando los grupos que mantienen alguna vocación política de aquellos que solo se interesen en las rentas ilícitas, quienes deberían acatar procesos de sometimiento a la Justicia similares a los que se diseñen para grupos de crimen organizado.
Todo lo anterior hace evidente la necesidad de que el Estado colombiano cuente con una fuerza pública legítima y fortalecida, actuando con los mejores estándares en el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la Constitución y la ley —lo que no significa omitir las denuncias e investigaciones en curso—, que sea el elemento de apoyo de las políticas del gobierno. Teniendo claro que el monopolio de la fuerza en manos del Estado es fundamental para la consecución de la seguridad y la paz y no solo un problema de economía política, como seguramente piensan otros y lo que es parte del debate.
Pero todo lo anterior requiere un fuerte trabajo de cambio cultural de mediano plazo, porque recordemos que está muy enraizado en sectores sociales la idea de que la solución de todo tipo de conflictos se debe hacer acudiendo al uso de la violencia. Esto es parte fundamental del cambio cultural que, sin duda, nos tomara tiempo en Colombia, para avanzar en la construcción de una sociedad moderna, democrática y respetuosa de la convivencia.
Ojalá el equipo que está designando el nuevo gobierno para estas tareas logre actuar de manera coordinada y armoniosa para que en el gobierno que inicia el próximo 7 de agosto se comience a transitar ese complejo camino de desactivar las violencias e iniciar la construcción de paz —sin duda, el máximo anhelo de la mayoría de los colombianos y al cual se sumarán o nos sumaremos muchos, desde distintas dimensiones y experiencias—.
