La protesta social es un derecho fundamental, reconocido y protegido legal y constitucionalmente (Art. 37 de la Constitución), siempre y cuando cumpla con dos condiciones esenciales: debe ser pacífica y sin armas.
Ver cómo un mecanismo de expresión popular tan valioso, en manos de un hampón como Petro, y de esa caterva de truhanes que lo acompañan (entre ellos una camarilla de opacos individuos que se autoeligieron como “organizadores del Paro Nacional Indefinido”), ha sido utilizado como salvoconducto del terrorismo urbano (Eln, Farc, narcomingas, delincuencia común), con el que presionan y extorsionan al Gobierno para tratar de imponer la agenda que no fueron capaces de conseguir en las urnas, es de una bajeza y de una ruindad extremas.
Ahora bien, la obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, por el contrario, es una conducta que está tipificada como delito. Dice el Código Penal: Artículo 353A: “El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión (...) multa”, etc.
Obligado estaba, entonces, el presidente Duque, a “dar instrucciones a la Fuerza Pública para que desbloquee vías en el país, en trabajo con alcaldes y gobernadores, y con estricto cumplimiento a los derechos humanos.” Es su deber, velar por los derechos fundamentales de millones de colombianos que estábamos siendo violentados.
Sin embargo, “el señor de las bolsas” considera que esa decisión “va contra la Constitución, eso no es democrático”, y le parece que el Congreso debería pronunciarse porque “¿en la institucionalidad republicana existe alguna figura que permita que las Fuerzas Armadas, que no la Policía, intervengan en un movimiento social?
Tal parece que sitiar ciudades (Cali, Yumbo, Popayán), dejarlas sin alimentos, sin drogas, etc., destruir locales comerciales, incendiar oficinas de gobierno y particulares, saquear almacenes, destrozar la infraestructura de transporte público y privado, asaltar viviendas, cerrar carreteras, destruir el mobiliario urbano, paralizar el desplazamiento de los ciudadanos, impedir que los campesinos transporten sus cosechas, etc., ¿son movimientos sociales?
Definitivamente eso de permitir que criminales de lesa humanidad, terroristas impunes, participen en la política nacional, es un error que estamos pagando con creces.
Como si los problemas de salud pública y los económicos derivados de los encierros por la pandemia no fueran lo suficientemente graves, como para que nos cayera encima la maldición de estos comunistas cuya mayor rentabilidad electoral procede de sembrar el caos, la pobreza y por ende, la desesperanza.
Sin embargo, ya conocemos lo que nos esperaría con un gobierno en manos de ese individuo que una vez hizo parte de una organización terrorista y empuñó las armas. Un mentiroso, solapado de doble moral, que mientras incita a los jóvenes a incendiar y a destruir el país, educa sus hijos en Europa.
La estamos pasando muy mal, sin embargo, unidos, como sabemos hacerlo en los momentos de mayor dificultad, rodeamos incondicionalmente a nuestro presidente Iván Duque y a nuestras Fuerzas Públicas.
Saldremos adelante: ¡Colombia no se rinde!
