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Recientemente fue entregado en Medellín el Premio Nicanor Restrepo Santamaría a la investigación social en su segunda versión. Reconocimiento empresarial promovido desde el 2017 con la intención de preservar el legado de quien fue uno de los grandes empresarios del país, a través de valorar el talento de los investigadores que se ocupan de temas sociales. Un grupo muy poco incentivado desde las políticas de ciencia y tecnología del país y que el doctor Nicanor consideraba fundamental para comprender y conocer mejor la significación del paradigma de la sostenibilidad.
En esta ocasión se postularon 35 investigadores en cuatro campos: construcción de ciudadanía; participación ciudadana, paz y desarrollo social; capacidades institucionales para la sostenibilidad, movilidad social y disminución de la desigualdad. Realmente destacable la calidad y cantidad de propuestas, todas con un riguroso trabajo de investigación en campo, llenas de sorpresas sobre el país real. El ganador, Sebastián Quintero, politólogo, por su investigación: Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio colombiano: acuerdos comunitarios para el uso del territorio (1996-2016).
La investigación ganadora plantea cómo las comunidades pueden generar acuerdos para planificar y construir visiones de largo plazo que permitan usar responsablemente el territorio. Pero también, cómo sobre las Zonas de Reserva Campesina -ZRC-, se han generado imaginarios negativos y en muchos casos de estigmatización, sin suficiente análisis de lo que pasa realmente en la realidad de sus desarrollos.
En la ZRC del valle del río Cimitarra, se han construido acuerdos comunitarios que han propiciado condiciones para regular el acceso y la ocupación de la tierra, delimitar zonas ambientales y no permitir la actividad económica en el complejo de cuencas. También cómo reglamentan y escogen dentro de sus miembros las personas responsables de que se cumplan el mantenimiento, reparación y vigilancia de los equipos de aprovisionamiento del agua para los hogares, los cupos de extracción de madera por mes, las áreas de explotación agropecuaria y el desarrollo vial.
En los distintos comités de las juntas: conciliación, ambientales, vías, tierras y gestión, se proponen estrategias para el cumplimiento de las reglas. La junta directiva de la Junta de Acción Comunal y las organizaciones productivas, hacen veeduría del cumplimiento de las disposiciones. Así mismo ejercen sanciones proporcionadas y graduales: comunitarias y monetarias.
La investigación concluye que: las instituciones comunitarias poseen capacidades de gestión evidenciada en la provisión autónoma de bienes públicos rurales: caminos, puentes, proyectos agropecuarios y gestión del agua, basados en la concertación comunitaria y la distribución de beneficios. Esta institucionalidad comunal asentada en valle del río Cimitarra construye una suerte de democracia campesina, que recompone los poderes locales y las estructuras de decisión locales. La parcela familiar, el caserío y la vereda deben ser consideradas unidades de planeación mínima de la política territorial, y la concertación el mecanismo de la acción territorial del Estado.
Bien interesantes estos análisis desde lo que realmente sucede cuando las organizaciones de base se comprometen con sus entornos y con la sostenibilidad de los mismos, en un país lleno de leyes en cuanto al ordenamiento del territorio pero con un deterioro ambiental creciente.
Se pueden consultar resúmenes de la investigación ganadora y otras tres que recibieron mención de honor por sus aportes al conocimiento de dinámicas sociales virtuosas en algunos casos o bien preocupantes en otros, en www.proantioquia.org.co .
* Presidente Proantioquia
