La propuesta del Centro Democrático, surgida a partir de la detención domiciliaria del expresidente Uribe, consiste en crear un nuevo orden constitucional. Para tal afecto proponen abolir las cortes y la JEP para crear una sola corte que permita la unificación y que elimine el sentimiento de justicia parcializada. El actual sistema de justicia, sostienen, tiene defectos muy graves y es altamente corrupto. El nuevo orden de derecho debe contener, proponen columnistas como Vicky Dávila y Claudia Palacios, principios para que no se juzgue a ciudadanos que hayan ocupado las más altas magistraturas, aunque ellos hayan usado medios criminales o ilegales para derrotar a sus enemigos, que no se investigue a un presidente cuando debe intervenir abiertamente en el ámbito del poder judicial para cuestionar o alentar el incumplimiento de las decisiones judiciales y que se redefina el equilibrio de poderes en función de los intereses del Ejecutivo. Esto es un ataque a la democracia constitucional.
En el núcleo de este planteamiento está la pretensión de revivir el principio de soberanía en el sentido de un poder libre de las leyes que no reconoce ninguna autoridad superior. Es decir, se trataría de un regreso desde la democracia política sin sujetos soberanos ni poderes libres de ataduras legales a un poder con soberanía ilimitada.
Esta pretensión antidemocrática y antiilustrada, que arraiga con fuerza en los grupos de ultraderecha, formados en la cultura de las fake news, resulta en gran parte de la ausencia de un sentimiento de arraigo de la Constitución en la colectividad, de apropiación de su sentido y valores que representa. La élite política ha convertido la mentira y el engaño en parte integrante de la política y ha dejado atrás la educación política para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de la Constitución.
Para quienes proponen una constituyente no es aceptable que la función básica de la Constitución consista en limitar el poder de decisión de los ciudadanos en el proceso democrático. Una Constitución no puede limitar las decisiones de la mayoría. Por esto defienden con tanto ahínco la supremacía de la política y su prioridad sobre el derecho. La democracia, se grita en las redes, es la guerra contra el pasado. La presente generación tiene un derecho ilimitado para modelar nuevamente las instituciones en las que vive.
Por el contrario, los defensores de la Constitución de 1991 se basan en la tesis del liberalismo filosófico, según el cual una Constitución debe servir para limitar las posibles decisiones que pueda tomar el legislador democrático. La democracia no es la guerra contra el pasado, más bien protege los derechos mediante la Constitución. “Atar las manos”, es la expresión usada para mostrar cómo una Constitución establece límites para proteger el sistema representativo igualitario, los derechos fundamentales y el principio de la separación de poderes. “Los ciudadanos necesitan una Constitución, así como Ulises necesitó que lo ataran al palo mayor” (Holmes, 2012). El gobierno democrático necesita reparación periódica, no saltos al vacío a partir de hechos coyunturales.