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En un contexto de grandes dificultades que amenazan el futuro de la especie humana sobre el planeta, comprometido por diversos factores entre los cuales es muy relevante el accionar de las doctrinas neoliberales que –con su prédica– lo mercantilizaron y vulgarizaron todo, el porvenir de Colombia como organización social democrática también se encuentra en tela de juicio. Las recientes cifras del Dane hablan por sí solas: tiene más de 21 millones de pobres, el desempleo es del 16,8 %, es el tercer peor país en el manejo de la pandemia del covid-19 y, además, es uno de los más desiguales en el plano social en todo el orbe. Por eso, no es extraño que se produzcan agudas protestas como las de los últimos días, máxime si el autoritarismo, el desgobierno y los atentados a los derechos humanos, son el pan cotidiano y ya no se distingue entre ciudadanos inermes, agentes estatales, desmovilizados, líderes sociales, manifestantes, etc.
Desde luego, el clima social, económico y político actual no desaparece con la caída de la proyectada reforma tributaria, retirada a regañadientes, y con la renuncia del envanecido ministro Carrasquilla, porque las directrices gubernamentales en materia impositiva son las mismas: solo se imponen cargas a quienes actúan en el marco de la legalidad, no a los irregulares; así mismo, las exenciones son para las transnacionales y los grandes conglomerados financieros, no en beneficio de los más necesitados y de quienes –de verdad– aportan al desarrollo del país. A ello se suman los efectos de la pandemia con su estela de hambre y sus cerca de 75.000 víctimas letales, número que crecerá de forma preocupante las próximas semanas, después de los contagios producidos estos días; incluso, es necesario prepararse para ver escenas dantescas como las de New York hace unos meses, cuando desfilaron vehículos cargados de cadáveres insepultos. Solo, pues, la reconducción del proceso de vacunación y la disciplina social pueden ayudar a tratar de paliar la debacle.
Como es obvio, lo más preocupante es que, en medio de esta catástrofe material y sanitaria, también se ha ahondado la crisis moral, porque muchos solo piensan en los ideales utilitaristas; el dolor y el sufrimiento parecen no sirven para sanar las heridas y, en medio de los escombros, tratar de edificar un hombre distinto porque solo interesa acumular cosas materiales. Categorías como la solidaridad social y el compromiso con los demás han desaparecido; y, para acabar de ajustar, los gobernantes se muestran muy distantes de los gobernados. Obvio es decirlo, la sociedad nunca volverá a ser la misma y la recuperación económica en el marco de una economía arruinada y mal conducida se torna muy compleja; incluso, el necesario cambio social no está en manos de los líderes actuales quienes han demostrado su ineptitud para mandar y gobernar, como sucede cuando se observa el ejercicio del poder nacional y local. Tampoco los movimientos sociales se ven bien conducidos, de tal forma que, con la mira puesta en la democracia y la civilización, puedan sacar adelante esta maltrecha comunidad y rebasar a violentos, profanadores de los derechos humanos y extremistas.
En fin, resulta entonces muy pertinente el llamado hecho este miércoles por los altos dignatarios de la Justicia cuando, tras señalar que “la fuerza irracional no resuelve los conflictos sociales”, afirmaron que es “con la fuerza de la consciencia democrática de cada colombiano que el país corregirá su rumbo hacia la vida, gestionará civilizada e institucionalmente sus conflictos, alcanzará la paz enredada en la polarización política y transitará fortalecido la dramática incertidumbre agravada por la pandemia mundial del covid-19”. El derecho a la protesta social, por tanto, así se ejerza por quienes arriesgan su vida en el peor pico de la pandemia, es sagrado y no se puede pisotear así lo pretendan desligitimar minorías de criminales agazapados o el accionar de algunas autoridades desbordadas en el ejercicio del poder, para sembrar inseguridad y terror
