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En varias ocasiones me he referido a los efectos socioeconómicos adversos que ha generado la pandemia del covid-19 y a una propuesta de “extintor social” para hacerles frente no sólo a la pobreza, al desempleo y a la informalidad, sino también a la violencia y a fenómenos que afectan significativamente la calidad de vida de los colombianos. Las últimas cifras a nivel nacional evidencian un panorama complejo que nos debe ocupar de manera propositiva. En el segundo trimestre, el PIB cayó en -15,7 %, siendo el peor registrado en la historia del país. Aunque el desempleo pasó del 20 % en julio al 16,8 % en agosto, sigue siendo alto con respecto a 2019 cuando se ubicó en 10,8 %. La pobreza y la pobreza extrema, según estimaciones de la Cepal, terminarán para este año en 34,1 % y 14,3 % respectivamente.
En el contexto empresarial, las cifras tampoco son alentadoras. Se calcula que los cierres de negocios y el impacto negativo sobre los sectores productivos, ha generado un costo para la economía de casi $70 billones. Según la Superintendencia de Sociedades, más de una tercera parte de las empresas (el 38 %) estaría en riesgo de insolvencia y, según Fenalco, 150.000 empresas, es decir el 10 % del tejido empresarial colombiano, se verían obligadas a cerrar si no hay una apertura plena y sostenida de la economía.
Hay que reconocer el esfuerzo del gobierno nacional para reactivar la economía. El presupuesto aprobado para el 2021 es de $314 billones, $42 billones más con respecto al año pasado. También hay que resaltar las historias de resiliencia de pequeños, medianos y grandes empresarios que han asumido con gran sacrificio y humanidad esta crisis, evitando en gran medida los despidos de trabajadores.
Mirar hacia adelante implica convertir las inversiones, los recursos y los esfuerzos multisectoriales (Estado-Empresa-Universidad-Sociedad Civil) en un crecimiento virtuoso que nos permita no sólo mejorar las condiciones socioeconómicas inmediatas, sino también continuar en la vía de desarrollo sostenido que venía experimentando con optimismo el país al crecer en su PIB a una tasa promedio anual de 4,1 % durante los últimos quince años.
El gasto público eficiente, los subsidios, créditos y alivios financieros son vitales para devolver la confianza inversionista y reactivar los sectores más afectados por la pandemia como es el caso de la industria, el comercio, el turismo, la construcción y el entretenimiento. Esta recuperación se verá reflejada en mayor empleo y consumo, elementos fundamentales para impulsar la economía.
Pero más allá de la crisis, Colombia debe continuar hacia un crecimiento virtuoso entendido como aquel que mejore los ingresos tanto de trabajadores (aumentando su poder adquisitivo), como de empresarios (aumentando su nivel de confianza e inversión). Para este tipo de crecimiento, que es inclusivo y no antagónico, habrá que apostarles fuertemente a las competencias modernas, a la cualificación de las personas y a la expansión de actividades altamente productivas e innovadoras en campos como la agroindustria, la tecnología digital, los servicios y el conocimiento, que mejoren los salarios, la demanda interna y las posibilidades de competir en el mercado internacional. Estos factores facilitan un ciclo virtuoso de creación de valor y un crecimiento inclusivo sostenido.
Tenemos un gran reto y un gran potencial. Hay que combinar con sensatez macroeconómica y cooperación entre el sector público y privado para reponernos en el corto plazo sin perder de vista los profundos desafíos que aún tiene Colombia en materia de desarrollo económico sostenido, sustentable e inclusivo. Los retrocesos de la pandemia no pueden aminorarnos en el esfuerzo de cerrar las brechas de desigualdad, pero sin populismos, estigmatizaciones ni odio de clases.
