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Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 23 de septiembre de 2019

¿CUÁL DEMOCRACIA?

Una organización social puede ser tildada de democrática cuando la libertad se vincula con el poder y ello, a su turno, supone que la voluntad general coincida con la individual; así las cosas, si la libertad de todos los miembros de la comunidad concuerda con la voluntad general, hay verdadera libertad como señalan los estudiosos de la teoría del Estado. En esa línea de reflexión, Hans Kelsen sostiene que “la democracia es la idea de una forma de Estado o de sociedad en la que la voluntad colectiva, o más exactamente, el orden social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo” y, en consecuencia, añade: “democracia significa identidad de dirigentes y dirigidos, del sujeto y objeto del poder del Estado, y gobierno del pueblo por el pueblo” (Esencia y valor de la democracia, Barcelona-Buenos Aires, Editorial Labor, 1934, pág. 27).

Pero este ideal libertario, por el cual todos los días se debería luchar hasta convertirlo en componente esencial de nuestra formación hogareña y escolar, contrasta de forma muy aguda con la realidad de las sociedades actuales; basta observar lo que sucede en el entorno latinoamericano, para concluir que la desintitucionalización generalizada es el pan de cada día. Y eso, obsérvese, acaece también en nuestro país: todo el aparato estatal es presa de la más absoluta descomposición; los partidos políticos que, otrora, pretendían nuclear a la opinión pública, desaparecieron de la vida social para dar paso a movimientos coyunturales y personalistas, presas del caudillismo. Además, los violentos y las bandas criminales hacen su agosto y luchan, palmo a palmo, por repartirse el país y acrecentar sus ganancias mal habidas; también, una clase política que actúa de espaldas al colectivo social da rienda suelta a su voracidad y a la corruptela.

A la par, la injusticia, el abandono y la desigualdad, crecen como la espuma y no se ven perspectivas de un cambio real que incida, de verdad, en un mejor estar de los ciudadanos, de tal manera que se puedan superar los actuales abismos entre las clases con los cuales nuestra nación se sitúa a la cabeza de los más disímiles del planeta. Y ello es explicable porque nadie quiere renunciar a sus privilegios y todos los concernidos solo piensan en sus arcas. Así las cosas, no es es de extrañar el caos observado en el actual debate electoral mediante el cual se busca reemplazar a los mandatarios y a los organismos regionales. En escena se observa un sistema político siniestro, que no obedece a la voluntad popular sino a los designios del chantaje, las componendas, las extorsiones, los negociados y el accionar de las ametralladoras.

Por eso, no puede ser liberal un régimen que envilece a los votantes, posibilita el asesinato de los candidatos, permite fábricas de aspirantes promovidas por los propios mandatarios en funciones y su círculo de ávidos contratistas –y, conste, el de Medellín no es el único caso– y, sobre todo, permeado por ríos de dineros ilícitos que posibilitan a candidatos, a quienes no conocen ni en sus propios hogares, llenar cada esquina con muy costosa publicidad en la que prometen el reinado de Alicia en el País de las Maravillas. En fin, para hacer un necesario llamado de atención, se deben recordar hoy las palabras de Samuel P. Huntington cuando dice que “el significado político más importante de la democracia es la capacidad que poseen sus instituciones para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos”.

El reto, pues, es inmenso porque entre nosotros ambos están seriamente amenazados, aquí impera la ley de la selva y los gravísimos hechos sañudos que caracterizaron a un periodo de nuestra historia –conocido como la violencia política– en los años cuarenta y cincuenta, se repiten; los sicarios y sus jefes imponen sus aspirantes. El reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, conocido el once de septiembre, es sencillamente escalofriante y aterrador.

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