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Los informes recientes del Dane y de varias entidades internacionales tienen algo en común: hay indicadores que alertan acerca del devenir económico y social de Colombia en el inmediato futuro. Varios de ellos prenden alarmas en variables económicas y la realidad de miles de colombianos de a pie. Siendo así, deberían ser temas obligados de los debates presidenciales. Igualmente, deberían tener prioridad del gobierno, aún con el sol a las espaldas.
El reporte del Dane de mercado laboral indica que, pese a la recuperación económica del 2021, aún no logran recobrarse un millón cien mil empleos arrebatados por la pandemia, a pesar de que menos personas están buscando trabajo. Es decir, la economía crece sin generar suficiente empleo y, por lo tanto, será más difícil reducir la pobreza, en particular la extrema, que se duplicó entre 2019 y 2020. Las mujeres y jóvenes son los grupos poblacionales más golpeados en este último tiempo en términos de desempleo. Según el Dane, la inflación anual (enero 2021-2022) se sitúo en casi 7 %, por encima del rango meta del Banco de la República, con una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 1,67 % en solo el mes de enero de 2022. La mayor variación anual (20 %) se registró en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Desempleo de dos dígitos y altos precios de los alimentos constituyen la mayor amenaza para las familias en condición de pobreza.
Un tercer reporte es el análisis reciente que hizo el Banco Mundial (BM) acerca de las finanzas públicas en Colombia (2021), en el cual se muestra que la pandemia llevó a una contracción económica severa, y fue necesario atender la emergencia sanitaria y mantener la economía; esto llevó a un alto déficit fiscal y de deuda pública (7,8 % y 64 % del PIB respectivamente). Esos niveles de déficit y deuda ponen en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por ende, la economía. Por eso, según el BM es crucial reducir el déficit fiscal y la deuda como proporción del PIB, sin dejar de reducir la pobreza ni de apoyar la economía y el empleo. Esto significa adelantar, este mismo año, reformas estructurales que transformen y corrijan deficiencias en la política fiscal.
Finalmente, el informe reciente de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señala al país en riesgo por seguridad alimentaria o acceso efectivo a los alimentos, debido a la alta inflación de estos, el mayor desempleo por la pandemia, el aumento en la pobreza con alta devaluación, más la migración venezolana; expertos señalan que no hay error metodológico y distintas cifras del Dane (Pulso Social, etc.) indican lo mismo. Es evidente que la exclusión de Colombia del informe no elimina la alerta de inseguridad alimentaria. Los logros de la vacunación y la reactivación no deberían nublar al gobierno e impedir que obre frente a los riesgos en ciernes que tiene la economía y quienes hoy padecen grandes dificultades
