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El Presidente de la República es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Con el fin de garantizar el pleno ejercicio de esta triple jefatura, el artículo 188 de la Constitución Política dispone que “el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Por otra parte, el artículo 198 de la Carta establece “que será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”, sin olvidar que según el artículo 6 del texto constitucional, el Presidente, como servidor público, debe responder, “no sólo por infringir la Constitución y las leyes, sino por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
Para cumplir con estos propósitos, el Presidente tiene la obligación de defender el esquema político que sirve de fundamento al desarrollo de su liderazgo en el poder, es decir, su modelo de Estado, de gobierno y de administración, lo que necesariamente supone la adopción de posiciones políticas sobre distintos temas que considere pertinentes para asegurar el presente y futuro de la nación.
El ordenamiento jurídico prohíbe a los servidores públicos y a los miembros de las fuerzas militares y de policía participar activamente en los procesos electorales, prohibición que con respecto al Presidente de la República debe interpretarse en su real alcance. En efecto, algunos sectores han criticado y supuestamente acusado al Presidente Duque de participar indebidamente en política, por su Intervención en algunos escenarios para defender su modelo jurídico político frente a propuestas elevadas por candidatos presidenciales u otros sectores. En este sentido, el Presidente ha cuestionado algunas iniciativas en materia de pensiones, de educación y extracción minera. Propuestas como las de liquidar el ICETEX, desmantelar los fondos de pensiones y acabar con industria minera, han sido cuestionadas, no como propuestas de un sector político, sino por los efectos que decisiones de esta naturaleza puedan tener sobre el modelo económico y el desarrollo social.
Formular este tipo de comentarios, para la defensa de la sociedad, es un derecho y un deber del Presidente, más aún, mantener una especie de cómplice silencio con respecto a las mismas, podría acarrearle responsabilidades por omisión en el cumplimiento de sus deberes de defensa de la ciudadanía.
Colombia es de los únicos países en los que se prohíbe al jefe de Estado defender abiertamente el modelo político de administración y de sociedad que considera adecuado. Por el contrario, la ciudadanía, los distintos sectores de la sociedad, quisieran sentir que su Presidente está en capacidad de ejercer un liderazgo más fuerte y atrevido en defensa de los sagrados intereses ciudadanos.
Presidente Duque, Usted tiene el derecho y la obligación de defender su modelo de Estado y de sociedad; es un deber de función pública al que no puede renunciar, y debe ser ejercido con la mayor convicción y fuerza posibles
